Ciudad de México.- Las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez Cuevas, ex presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, fueron desbloqueadas después de que una jueza federal determinara que la orden de congelarlas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no obedeció a una petición expresa de un organismo internacional, como esta dependencia había afirmado.
En la sentencia, la jueza argumentó que la petición para congelar las cuentas del empresario, había sido emitida por autoridades de Estados Unidos, las cuales presentaron una denuncia en su contra ante la Fiscalía General de la República, pero no se cumplieron los requisitos establecidos en el tratado internacional, por lo que el bloqueo fue ilegal.
Esto hizo que la UIF se inclinara por establecer que los activos utilizados para tal efecto tenían una procedencia ilícita, además de que se realizaron con la finalidad de ocultar tanto su origen como su destino final.
Sin embargo, la jueza destacó que el hecho de proceder con el bloqueo de cuentas sin cumplir las normas establecidas entre ambos países era algo que vulneraba el derecho de seguridad jurídica del quejoso.
“Los oficios en los que aduce la UIF que se actualiza la condición formulada por la Segunda Sala del Alto Tribunal para el ejercicio válido de la facultad de ordenar el bloqueo de cuentas que fueron aportados como prueba por parte de la autoridad, no resultan suficientes para estar que su actuación resulte constitucional”, se puede leer en el documento.
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También se emitieron órdenes en contra de otros miembros de la cooperativa, como Mario Sánchez, director financiero; Eduardo Borrell, director jurídico; Víctor Garcés, ex director jurídico; y el abogado externo, Ángel Junquera. Todos fueron considerados parte de la supuesta organización delictiva.
Según las acusaciones, durante al menos seis años, los investigados se organizaron para disponer reiteradamente de recursos propiedad de la cooperativa, pues autorizaban y realizaban pagos de facturas por servicios inexistentes a empresas fantasma que facturaban operaciones simuladas, con lo que ocultaron o pretendieron ocultar el destino de los recursos ilícitos.
Hasta el momento, Álvarez se encuentra prófugo de la justicia y existe una ficha roja emitida por la Interpol solicitada por la FGR.
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