Ciudad de México.- El factor militar irá, se quiera o no, modulando la relación entre los miembros del gabinete del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Son tantas las tareas encargadas a la Secretaría de la Defensa Nacional que, por necesidad, terminarán provocando fricciones políticas y eventualmente hasta inconformidades legales.
Javier Jiménez Espriú es un ejemplo y por eso renunció al cargo de secretario de Comunicaciones y Transportes.
Dos obras importantes de la actual administración, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, le fueron entregados a los militares y por encima de las áreas encargadas de este tipo de proyectos.
El presidente no confía mucho en sus subordinados, pero al parecer encontró en la Fuerzas Armadas un referente de profesionalismo y una disposición por resolver y atender las peticiones de quien es su jefe máximo.
El problema, como tantos otros, es que estas nuevas atribuciones a los uniformados muchas veces se realizan en los márgenes de la legalidad y sin que existan los protocolos adecuados.
Lo que colmó el vaso fue la decisión de otorgar al Ejército el control de las aduanas y a la Marina Armada el de los puertos. Jiménez Espriú lo señala en su carta de renuncia y lamenta no haber podido convencer al titular del Poder Ejecutivo de las consecuencias económicas y políticas que ello puede traer en el futuro.
Los militares no pueden realizar tareas que no están estipuladas en la propia ley y mucho menos las que corresponden a los civiles. Ese es el meollo del problema.
Pero además, es un riesgo el someter a las fuerzas armadas a las presiones que vendrán de la situación aduanal y portuaria y de la corrupción que ahí impera.
Desde hace años realizan vigilancia, sobre todo perimetral y en el pasado el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, tuvo que ser tomado, literalmente, por la Marina, para contrarrestar el control que ejercían los Caballeros Templarios en alianza con bandas de traficantes que traían materias primas, para drogas de diseño, desde China. En manzanillo, Colima, se tuvo que implementar una estrategia similar.
Se entiende que se busque terminar con los altos niveles de corrupción, pero la historia indica que no es con voluntarismo como se logrará y que las estructuras criminales van a ser difíciles de desmontar.
Es más, la actual administración tomó el control de los puertos y las aduanas hace 20 meses y saben que será muy complicado reparar lo que ahí ocurre.
Lo inquietantes es que se está arriesgando a las fuerzas armadas y a sus mandos a situaciones indeseables y que inclusive pueden significar riesgos a la Seguridad Nacional.
Nadie ignora que las Fuerzas Armadas son un escudo contra el crimen y que así lo han venido demostrando desde hace décadas y con un despliegue permanente que les ha costado y han enfrentado críticas.
Ahora mismo están encargados de la Guardia Nacional, cuya fachada civil ya no reconocen ni quienes la inventaron para obtener la aprobación de la ley.
Pero se está cruzando una frontera y quizá eso es lo que quiso expresar Jiménez Espriú, con la contundencia que tiene el carácter irrevocable de su renuncia.
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