Ciudad de México.- En medio de señalamientos y acusaciones respecto al actuar de la Secretaría de Desarrollo Urbano ante el desorden inmobiliario, como agravante en la tragedia que dejó el sismo, el titular de la dependencia Felipe de Jesús Gutiérrez, compareció hoy en la ALDF para defender la iniciativa de Ley de Reconstrucción de la Ciudad y asegurar que esta no violenta los derechos de las víctimas.
Durante casi cuatro horas de comparecencia, lo que quedó como evidente coincidencia entre los partidos políticos de oposición es que no respaldan la propuesta de permitir la reedificación con una mayor densidad de viviendas, de 35 por ciento adicional, en aquellos predios donde colapsaron edificios.
El PRI, PAN y Morena le advirtieron al funcionario que no aceptan esa idea y lo instaron a hacer un replanteamiento de la iniciativa que remitió Miguel Ángel Mancera al órgano legislativo. Hubo posiciones como la de Dunia Ludlow, del PRI, que calificó esa propuesta de apresurada, mientras que la diputada del PAN, Margarita Martínez Fisher, dijo que no es momento de trastocar la normatividad y pidió que la reconstrucción se centre en personas, no en edificios.
Gutiérrez aseguró que la redensificación sólo se permitirá en inmuebles en condominio que hayan colapsado o que tengan que demolerse. La posibilidad de realizar una reconstrucción con un 35 por ciento adicional a lo que existía antes del sismo no aplicará para inmuebles de un solo dueño, sólo edificios en régimen de condominio o de copropietarios, y servirá para sufragar el costo íntegro de la reedificación en ese predio.
“Cada condómino decidirá quién hace esta reconstrucción, de manera que no les cueste reponer sus viviendas. El objetivo de esta medida es que la población pueda reconstruir en el mismo terreno, al menor costo posible o incluso a costo cero”, dijo el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).
En entrevista posterior a su comparecencia, el funcionario detalló la manera en la que se aplicará ese 35 por ciento de densificación, y que ha sido motivo de polémica entre legisladores e integrantes de la sociedad civil por considerar que favorece la especulación inmobiliaria.
“Si tenemos un condominio de 20 departamentos que se colapsó o que se tendrá que demoler, esos 20 condóminos tendrían derecho en una veinteava parte a ese 35 por ciento, que son siete viviendas; entonces, con la venta de esas siete viviendas a valor comercial, con quienes ellos decidan construir y vender, se les puede financiar los 20 departamentos, de manera que no signifique ningún costo”, explicó.
Otro tema polémico y que está vinculado con la redensificación tiene que ver con los derechos adquiridos, pues inicialmente se ventiló que la iniciativa de Miguel Ángel Mancera planteaba reconocer la cantidad de departamentos y niveles existentes previos al sismo, aunque estos se hubieran edificado en abierta violación a la normatividad en materia de usos de suelo.
Hoy, el titular de Seduvi aseguró que no se pretende reconocer lo que haya sido construido fuera de la ley.
Explicó que la primera versión de un Programa General de Desarrollo Urbano es de 1982 y a partir de ahí es que se definieron los criterios para establecer la altura de edificios habitacionales. “Si un edificio, previo a 1982, tenía seis niveles, esos seis niveles tiene derecho a reponerlos; en eso consisten los derechos adquiridos, pero si en la normatividad de 1982 tenía seis niveles permitidos e hizo siete, el séptimo nivel no se le va a reconocer. Tiene que acreditarse legalmente a que se puede apelar como derecho adquirido”, ejemplificó Gutiérrez.
Durante la entrevista al término de su comparecencia, el funcionario rechazó que la Seduvi haya detectado falsos Directores Responsables de Obra (DRO´s). Desestimó las denuncias que se han hecho al respecto por parte del Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles, pues expuso que ese señalamiento ha sido, más bien, resultado de un litigio judicial interno de ese gremio.
Durante la comparecencia, que por momentos se realizaba con un salón de sesiones medio vacío y que provocó la ironía del diputado de Morena, Alfonso Suárez del Real, al señalar la resistencia del funcionario pero la ausencia de sus asesores y de otros legisladores, Felipe de Jesús Gutiérrez dijo que la Seduvi tiene registrados 3 mil 452 DROs y corresponsables de seguridad estructural, de los cuales se encuentran vigentes sólo mil 266 DROs y corresponsables.
“Solamente Directores Responsables de Obra son 743; corresponsables en seguridad estructural registrados son 232, pero vigentes 103. Entonces el tema estructural descansa en 103 corresponsables en seguridad estructural, que sin duda es un tema que tenemos qué perfeccionar, no se ha dado a esta renovación de los profesionales, particularmente ingenieros, que optan por esta especialidad, entonces sí tenemos que hacer un replanteamiento. De hecho entre el trabajo permanente de una comisión revisora ya se está planteando algunas soluciones de cómo resolver esto”, dijo.
Dio a conocer también que para toda la Ciudad hay tan sólo 110 peritos en desarrollo urbano vigentes y 210 en diseño urbano y arquitectónico.
La posición de los partidos
El titular de la Seduvi enfrentó una dura críticas de los partidos de oposición a la iniciativa de Ley de Reconstrucción de la Ciudad. Dunia Ludlow, del PRI, lamentaba, por ejemplo, que la elaboración de la propuesta no se ha hubiera hecho con base en diagnósticos pormenorizados sobre las zonas afectadas, la tipología precisa sobre las causales del desastre o las dimensiones concretas de la tragedia.
“No sabemos cuántas casas, cuántas fueron edificaciones, de esas edificaciones cuántos fueron negocios, cuántas viviendas, de las viviendas cuántas eran rentadas de un dueño único, cuántos copropietarios, cuántos en régimen de propiedad en condominio.
Es importante esa información porque en función de eso se plantea un esquema de financiamiento y la iniciativa no nos dice nada y no nos han dicho nada tampoco después de presentar esta iniciativa, porque ni siquiera hemos tenido la oportunidad de reunirnos con ustedes como Asamblea Legislativa”, acusó la diputada del PRI y presidenta de la Comisión de Vivienda de la ALDF.
Cuestionó cómo se puede autorizar el incremento de los niveles de edificación en 35 por ciento, sin estudios previos sobre las causas que ocasionaron los derrumbes y las posibles responsabilidades penales de los constructores.
Margarita Martínez Fisher, diputada del PAN y presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana consideró que incluso el Programa de Reconstrucción Impulsado por Mancera no debería convertirse en ley. En todo caso, agregó, lo que se requiere son reformas a leyes ya existentes para fortalecer al gobierno local en la tarea de reconstrucción.
“Hemos analizado a conciencia la propuesta y consideramos que hay un aspecto específicamente en el que no vamos a firmar un cheque en blanco al Ejecutivo, la normatividad urbana en materia de uso de suelo.
Otorgar un 35 por ciento o hasta un 35 por ciento adicional de potencial constructivo a los predios afectados con la finalidad de reponer las viviendas perdidas, no responde de manera adecuada al riesgo existente ni mucho menos a la mayor preocupación ciudadana en esta materia, a su más sentido reclamo, el respeto al uso del suelo, la normatividad y los programas de desarrollo urbano existentes. Si evitar el dolor humano es una máxima, evitar el lucro económico y político en este momento es más que un discurso político, es un imperativo”, dijo la legisladora.
Agregó que la reconstrucción debe cumplir con cinco elementos fundamentales, que las condiciones del suelo lo permitan, que la zona sea de bajo riesgo, que no se haya violado la normatividad urbana, que no se trastoque la situación previa de esa comunidad y que las estructuras deben ser validadas por ingenieros expertos.
David Cervantes, legislador de Morena, expuso que la propuesta de reconstrucción del Jefe de Gobierno es inaceptable, porque está basada en convertir a los damnificados en deudores y porque incorpora un plan de redensificación disfrazada.
Insistió en el planteamiento que por meses ha realizado el Movimiento de Regeneración Nacional, de decretar una moratoria urbana, a fin de frenar el desorden imperante en el desarrollo inmobiliario, “porque la vulnerabilidad y el grado de riesgo que enfrentamos no es solo por la posibilidad de los fenómenos naturales, sino también por lo que hace o no hace la sociedad y particularmente su gobierno”, dijo Cervantes.
El asambleísta por el partido Nueva Alianza, Juan Gabriel Corchado cuestionó en varias ocasiones al titular de la Seduvi sobre las suspicacias que generó la caída de la base de datos sobre los DROs y las manifestaciones de construcción que deben aparecer en la página de Internet de la dependencia y que justo después del sismo desaparecieron de ese sitio electrónico.
Gutiérrez expuso que derivado del temblor quedó destruido el servidor que contenía esa base de datos, al romperse la fibra óptica, por lo que fue necesario trasladarlo a un servidor de la Secretaría de Finanzas. Rechazó que en esa base de datos exista información relacionada con inmobiliarias y manifestaciones de construcción, pues eso lo tienen las delegaciones.
Los daños que provocó el sismo en la infraestructura de la Seduvi propiciaron que el diputado de Morena, Alfonso Suárez del Real, calificara a Felipe de Jesús Gutiérrez como damnificado urbano.
“Fue muy grave porque su edificio (el de la Seduvi), un edificio reformado, un edificio alquilado por quien debió garantizar las mejores condiciones sísmicas en terreno tan inestable como la San Rafael, se haya prácticamente inutilizado”, criticó el morenista.
Xavier López Adame, diputado del PVEM, jugó las cifras para demostrar que la Seduvi ha quedado rebasa para hacer el trabajo de verificación que le corresponde en materia urbana.
El legislador ecologista recordó que la franja donde se ubican los edificios colapsados o dañados por el sismo coincide con aquellas delegaciones donde el crecimiento habitacional ha sido sumamente complejo y sustantivo.
“Tenemos por ejemplo delegaciones como Benito Juárez, Cuauhtémoc o Tlalpan, en las que suman estas delegaciones hace 15 años aproximadamente 408 mil 123 viviendas, esta cifra ya llegó a 538 mil 426 viviendas, es decir un aumento de 130 mil viviendas en 15 años, un 32 por ciento de incremento, aproximadamente 8 mil 687 viviendas nuevas por año, es decir casi 24 al día. ¿Tenemos capacidad para supervisar esto, señor Secretario?”, cuestionó López Adame.
Destacó que información generada en la UNAM revela que, de una muestra de 150 edificios construidos entre 2004 al 2012, se concluye que el 10 por ciento de estos edificios cumple con el Reglamento de Construcciones vigente, mientras que un 45 por ciento no es posible determinarlo y el restante 45 por ciento aparentemente cumple con el Reglamento Anterior, no con el actual.
El vicecoordinador del PRD en la ALDF, Raúl Flores, llamó a las diferentes bancadas a discutir con seriedad el contenido de la Ley para la Reconstrucción, en la que consideró que debe prevalecer el precepto de justicia distributiva.
“Se debe dar prioridad de atención a aquellos que lo perdieron todo y a los que tenían poco, pero que tras el sismo del 19 de septiembre agravaron su situación patrimonial. El marco de los derechos humanos, entre ellos el derecho a la vivienda, debe ser nuestro punto de partida, un enfoque en donde los adultos mayores y las mujeres que lideran el 32 por ciento de los hogares homoparentales deberán tener prioridad al momento de instrumentar las medidas para la reconstrucción", dijo.
Flores García señaló que a fin de tomar las mejores decisiones que garanticen la recuperación y el rescate de la Ciudad, las autoridades involucradas en la reconstrucción deben brindar a los integrantes de la Asamblea la información sistematizada, clara, puntual y transparente sobre las afectaciones que dejó dicho fenómeno, pues dijo que la tragedia no puede representar ninguna oportunidad para que partidos intenten llevar agua a su molino.
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