Investiga la Contraloría capitalina siete inmuebles nuevos que colapsaron durante el sismo

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Ciudad de México.-La Dirección de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General capitalina inició ocho expedientes de investigación relacionados con siete inmuebles nuevos que probablemente presentan irregularidades en el proceso de construcción y que colapsaron durante el sismo del 19 de septiembre.

Eduardo Rovelo Pico, titular de la Contraloría, reveló hoy durante su comparecencia ante la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) la lista de los edificios investigados, entre los que se encuentra el Colegio Enrique Rébsamen, (Rancho Tamboreo 11 y 19), Emiliano Zapata 56, Bretaña 90, Nuevo León 238, Eje Central 418, San Antonio Abad 66, así como Insurgentes Norte 1260.

Explicó que esos inmuebles se edificaron entre los años 2013 y 2017. Son edificios que tienen una carpeta de investigación en la Contraloría, para los que hay una ruta de verificación de todo el proceso constructivo. “Vamos a auditar, revisar y llevar a cabo la fiscalización en todas las entidades, dependencias y órganos desconcentrados que tienen que ver con construcciones.

“Es una instrucción precisa del doctor Mancera llevar a cabo una correcta transparencia; el propósito de este plan es atender a la ciudadanía y por otra generar transparencia y rendición de cuentas”, dijo en entrevista posterior el contralor local.

Advirtió que si hay inconsistencias en el proceso administrativo, se fincarán las responsabilidades correspondientes y se dará vista al Ministerio Público.

Ante un salón de sesiones semivacío, Rovelo dijo que derivado del sismo, la dependencia a su cargo presentó 15 denuncias penales ante la Procuraduría de Justicia local, por inconsistencias relacionadas con el cobro de cheques para renta bajo la hipótesis de haberse librado a favor de personas que no resultaron damnificadas.

Dijo que esos cheques, de 3 mil pesos cada uno, se liberaron a favor de personas que ocupaban bodegas, domicilios no localizables y predios en construcción.

Explicó que la Contraloría todavía está realizando la depuración de expedientes, de un universo de 2 mil casos a revisar, para los que se hará un nuevo cotejo de datos.

El delito que se imputa es el de fraude, agregó, al precisar que la autoridad capitalina responsable de querellarse contra los defraudadores será el Instituto de Vivienda local.

Recordó que 32 personas regresaron los cheques que indebidamente habían tramitado; bajo una presunción de buena fe, dijo que contra esas personas no se iniciará proceso administrativo o penal alguno.

El contralor dio a conocer ante los diputados locales que la Contraloría General implemento un Programa Estratégico y realizará acciones para verificar la actuación de las personas servidoras públicas probablemente involucradas para determinar la existencia de responsabilidad administrativa por acción u omisión de personas vinculadas en el trámite, gestión, validación autorización, verificación y vigilancia en materia de construcciones en la Ciudad.

Rovelo comenzó a hablar de corrupción inmobiliaria a raíz de las preguntas que le realizó la diputada de Morena, Citlalli Hernández.

“La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad ha emitido varias recomendaciones respecto a la falta de la norma en varias construcciones y nos preguntamos por qué la Contraloría no ha actuado de oficio para digamos atenderlo, ya que las mismas secretarías implicadas o a las que se les ingresa la queja, pues por supuesto no responden y dejan al ciudadano digamos con una queja y con una recomendación incluso que no tiene seguimiento. Creemos que frente a esas incertidumbres que se han provocado derivado del sismo, la Contraloría podría abanderar ese clamor ciudadano de obtener respuestas”, expuso la legisladora.

Preguntó cuántos funcionarios han sido suspendidos o sancionados y qué cargos ocupaban dentro de la administración actual, vinculados con actos de corrupción inmobiliaria y cuáles son las acciones realizadas por el Laboratorio de Revisión de Obra Pública que goza de un presupuesto de 34 millones de pesos.

El funcionario detalló que el Laboratorio, junto con el Instituto de Seguridad para las Construcciones, ha revisado cerca de 3 mil 833 inmuebles en diversas delegaciones, encontrando 617 inmuebles que han sido considerados de alto riesgo.

Por lo que hace a las denuncias presentadas ante la Contraloría por obras irregulares en las delegaciones antes del sismo, actualmente se tienen radicados 64 expedientes en 13 delegaciones derivando denuncias relacionadas con obras que se realizaron entre enero de 2015 y octubre de 2017, de las cuales se señalan construcciones y asentamientos irregulares, excedentes en niveles, construcciones sin contar con permiso, entre otros.

Además, la dependencia inició cuatro expedientes en situación de procedimiento administrativo disciplinario para deslindar responsabilidades y emitir las sanciones correspondientes.

“Por lo que respecta a las manifestaciones de construcción, las auditorías que hemos llevado a cabo derivado de los trabajos de 2015 a 2017, a efecto de evaluar y constatar la legalidad de las construcciones y vigilancia por parte de los servidores públicos encargados de verificar su ejecución, vemos que se han realizado 23 auditorías con un monto observado de 345 millones de pesos, obteniendo el siguiente resultado: En 2015 llevamos a cabo 7 auditorías con 21 observaciones, las observaciones de dos tipos: administrativa y económica, 15 administrativas, 6 económicas, con un monto observado de 34 millones 245 mil 900 pesos”, precisó Rovelo.

En un total de auditorías por manifestaciones de construcción la Contraloría ha realizado 23 investigaciones, 75 observaciones, 51 de ellas administrativas y 24 económicas, por un monto de 345 millones 228 mil pesos.

Por lo que hace al desarrollo urbano, uso de suelo, impacto ambiental y urbano, con motivo de las denuncias presentadas por presuntas irregularidades en la emisión de certificados únicos de zonificación de uso de suelo en la Ciudad de México, la Contraloría Interna en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda radicó 13 expedientes, con la finalidad de verificar la correcta aplicación del impacto urbano.

Como resultado de lo anterior se radicó un expediente sancionador contra el Director General de Asuntos Jurídicos y al Coordinador General de Auditoría del Espacio Público, imponiéndose suspensiones.

Durante su comparecencia ante los diputados locales, el funcionario mencionó que la Contraloría General, en su función sancionadora, resolvió 2 mil 424 procedimientos administrativos disciplinarios, en los que estuvieron relacionados 3 mil 988 servidores y se impusieron 2 mil 721 sanciones, entre estas 158 económicas, por un monto de 433 millones de pesos.

Como resultado de éstas se derivaron  mil 466 suspensiones, 187 inhabilitaciones, 5 destituciones y 82 destituciones e inhabilitaciones.  Así pues, 65 por ciento de éstas correspondió a dependencias y órganos descentralizados; 22 por ciento a delegaciones y 13 por ciento a entidades paraestatales.

“En el combate a la corrupción se participará, como gobierno, en la implementación del Sistema Local Anticorrupción y aplicación efectiva del nuevo régimen de responsabilidades administrativas para transitar hacia una política integral del debido ejercicio del servicio público”, estableció. Además, recordó que la dependencia implementa la estrategia “Cuatro Contra la Corrupción”, la cual consiste en fortalecer la obligación de servidores públicos de presentar declaración patrimonial, de intereses de información fiscal y acreditación del nivel de estudios.

Expuso que las buenas prácticas y formación de valores provienen desde la infancia, por lo que en coordinación con la Secretaría de Educación de la Ciudad de México “formamos chiqui-contralores y serán los niños en donde veremos los frutos; son las nuevas generaciones en donde se fomentan los valores de respeto, legalidad y solidaridad”.

En materia de auditorías, Eduardo Rovelo Pico explicó que en el año del presente ejercicio se efectuaron 601 auditorías, por un monto observado de 2 mil 891 millones de pesos.

Al término de su mensaje, el Contralor General recordó a la ciudadanía la existencia del Sistema de Denuncia Ciudadana que puede ser utilizado a través de la dirección electrónica www.contraloria.cdmx.gob.mx

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