Ciudad de México.- Autoridades federales se harán cargo de las investigaciones y de la custodia del joven Marco Antonio “N” quien fuera detenido por elementos de la Secretaria de Seguridad Pública capitalina, y que posteriormente desapareció por cinco días.
Inclusive, hay una restricción para que los uniformados de la Secretaria de Seguridad Pública capitalina se aproximen al adolescente mientras convalece en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, por lo cual, es la Policía Federal quien ya tiene la custodia del menor.
“Se adopten las medidas para que la institución de salud que lo tenga a su cuidado…, tome las medidas necesarias para garantizar su seguridad e integridad física, para ello, también debe girarse oficio a la Policía Federal para que resguarde a dicho menor durante su estancia en tal lugar –ello en virtud de que la corporación a la que se atribuye el acto es la policía de esta ciudad–“, resolvieron los magistrados.
Asimismo, el Primer Tribunal Colegiado ordenó a la Procuraduría General de la República que investigue la comisión de desaparición forzada en el caso de Marco Antonio presuntamente perpetrada por elementos de la SSP-CDMX.
Por ello, la PGR ya abrió una carpeta de investigación por desaparición forzada en agravio del menor, como se informó a través de los estrados del Consejo de la Judicatura Federal, y se espera que este martes se presenten los abogados del adolescente a recibir informes sobre las pesquisas.
Mientras tanto, el Juez Cuarto de Distrito solicitó los videos cuando fue captado el menor deambulando por la calle de Mario Colín en el municipio de Tlalnepantla, y que fueron presentados por la autoridad capitalina como prueba de que el joven estaba con vida, aunque ilocalizable.
En respuesta las autoridades mexiquenses informaron que sus cámaras no toman videos directos sobre una persona, sino que se trata de tomas generales.
Dichos videos ya fueron enviados –bajo el concepto de cadena de custodia- porque forman parte de varias investigaciones, pero bajo la reserva antes mencionada de que no se hacen tomas específicas de personas sino aspectos generales, por lo cual, los videos de acercamiento del adolecente no existen per se.
Al resolver la queja 17/2018 el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal detalló que el hecho de que haya aparecido el joven de 17 años, no implica hayan cesado los efectos del delito de desaparición forzada, y por tratarse de un tema del ámbito federal será la PGR quien deslinde las responsabilidades de los servidores públicos involucrados.
Además que los padres y familiares deben gozar de medidas cautelares para evitar cualquier tipo de revictimización al adolescente, o que las autoridades realicen actos de intimidación con la intensión de que se desistan de las acciones legales que están tomando para esclarecer los hechos.
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