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Política

Investiga Contraloría a ocho funcionarios por caso Rébsamen. Los imputados, del gobierno central y de Tlalpan

Ciudad de México.-El contralor capitalino, Eduardo Rovelo Pico reconoció hoy que la dependencia a su cargo mantiene abierta una investigación administrativa sobre el colapso del Colegio Rébsamen derivado del sismo del año pasado, la cual involucra a ocho funcionarios tanto del gobierno central como de la delegación Tlalpan entonces encabezada por Claudia Sheinbaum.

“Está en proceso de integración (el expediente). Estamos en etapa de desahogo de pruebas para fincar responsabilidades y estaremos en proceso de analizar todos los elementos de prueba para determinar lo que en derecho proceda”, dijo el funcionario en entrevista, luego de comparecer ante comisiones del Congreso capitalino como parte de la Glosa del Informe del jefe de Gobierno.

Detalló que se tienen registrados a ocho servidores públicos en esta investigación y, cuando se le preguntó si esos servidores públicos son del sector central y de la delegación, Rovelo respondió: “Es correcto”.

Durante la comparecencia y en la entrevista posterior, el contralor dijo que con relación a la reconstrucción de la Ciudad de México, se llevaron a cabo acciones de fiscalización en dos etapas. En una primera, se ejecutaron 33 revisiones a entes públicos que ejercieron recursos del 19 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, derivado en 58 observaciones, de las cuales 6 se solventaron y el resto se encuentran en proceso de atención.

La segunda etapa comprende 14 revisiones de recursos ejercidos del 19 de septiembre al 31 de diciembre de 2017 y a 10 entes que ejercieron recursos en 2018, de los cuales 8 se encuentran en etapa de ejecución. La tercera etapa se realiza en tiempo real, iniciando 11 acciones a las acciones y ejercicio de los recursos de enero a diciembre del presente año.

Rovelo aceptó en otro tema que la dependencia registrará un subejercicio derivado de dos temas. Uno tiene que ver con la ejecución de penas convencionales, como medidas aplicadas por el Estado ante incumplimientos de proveedores y contratistas que no cumplieron con los términos de los contratos. Los recursos no están considerados en el presupuesto del año en curso y de manera adicional entrarían a las arcas locales

“En el periodo que se informa se impusieron 2 mil 86 penas convencionales por un monto de 8 mil 338 millones de pesos, cifra representativa que no está contemplada en el ingreso anual, ya que de forma adicional se destina este recurso a las arcas de la administración pública de la Ciudad de México”, dijo.

El segundo subejercicio tiene que ver con un monto específico para la operación del Sistema Local Anticorrupción. Recordó que la anterior ALDF destinó 100 millones de pesos para poner en marcha ese sistema. De esos recursos, 70 millones fueron usados en el diseño tecnológico del Sistema, pero quedan pendientes por ejecutar 30 millones para la renta de inmuebles, sin embargo, como no se ha implementado el Sistema ese dinero no se ha utilizado.

“El presupuesto del 2017 destinó 100 millones a la Contraloría General para poner en marcha el Sistema, no obstante del letargo y de la no puesta en marcha del Sistema Local Anticorrupción, la Contraloría implementó estos sistemas informáticos, desarrolló todos los estudios administrativos en materia orgánica, estructural, así que cuando llegue el nuevo o la nueva titular de la Contraloría contará ya con un catálogo en la mesa ejecutiva para poder implementar el sistema.

“Ya está la modificación a la estructura, ya están los presupuestos para las construcciones, los inmuebles, esa parte no se ha gastado, no se ha utilizado, se va a ir a subejercicio lamentablemente, ojalá se pueda rescatar y pueda ser utilizado correctamente, es un recurso que se queda incluso corto a lo que se necesita en la implementación del sistema”, dijo Rovelo.

Durante la entrevista, se le cuestionó si ha habido subejercicio en el gasto de reconstrucción. “Hemos detectado hallazgos”, respondió, al agregar que en este momento se mantiene abierta la etapa del solventación de observaciones.

“Aun no estamos en etapa de fincar responsabilidad, pero quien haya hecho uso indebido del recurso será sancionado de forma administrativa y penal”, dijo el contralor, al precisar que las observaciones son de carácter económico y administrativo, por incumplimientos a disposiciones de la norma, así inconsistencias de procedimiento y de control interno.

Durante la comparecencia, fueron los diputados locales de Morena quienes lanzaron los cuestionamientos más críticos a Rovelo por las políticas públicas y las acciones implementadas para la rendición de cuentas.

Carlos Castillo, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, recordó que la corrupción tiene muchas y diversas manifestaciones que van desde quien da una “mordida” para agilizar un trámite o una multa, comprar bienes, servicios, hasta la coacción del voto en campañas electorales.

“Estos hechos se agravan si las personas responsables no son sancionadas y genera una espiral de reproducción de los mismos para nunca acabar, de ahí la relación indisoluble entre corrupción e impunidad, recalcó en el Salón “Heberto Castillo” del Recinto de Donceles y Allende.

Mencionó que la Contraloría General de la ciudad recibió 18 mil 598 quejas y denuncias en el último año, de las cuales 2 mil 141 terminaron en sanción a las personas implicadas, es decir, tan sólo el 11 por ciento del total.

Al tomar la palabra, la diputada Lilia Rossbach Suárez subrayó que en Morena se tiene la certeza que la corrupción y opacidad son la médula del malestar que aquejó a las administraciones pasadas, por lo que es un deber terminar con la impunidad que prevalece en la vida política de la ciudad.

Resaltó que en la glosa del último Informe de Gobierno no existe información detallada sobre los recursos ejercidos y fiscalizados a favor de los damnificados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Otro punto que destacó, fue el del boom inmobiliario en la capital del país, ya que no existen denuncias en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) y del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) por estar involucrados o permitir construcciones irregulares.

Respecto al rubro electoral, Rossbach Suárez señaló que tampoco fue posible encontrar en el informe acciones legales por coacción y compra de votos en los pasados comicios, donde el Instituto Electoral de la Ciudad de México acreditó el uso faccioso de los programas sociales en las alcaldías de Coyoacán y Álvaro Obregón.

Por último, la diputada Ana Cristina Hernández Trejo solicitó información clara sobre el papel de la Contraloría General de la Ciudad de México en la atención de los damnificados por el sismo de septiembre de 2017, en la que cientos de personas perdieron sus casas.

Hernández Trejo comentó que el desempeño de la Contraloría quedó a deber a la ciudadanía, porque no ha hecho acciones eficaces, transparentes y oportunas en el ejercicio de los recursos para la atención de la emergencia y reconstrucción. “Resulta inconcebible que la Contraloría se haya desentendido de la atención a la ciudadanía en esta etapa de la emergencia”, enfatizó.

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