Ciudad de México.-El proyecto de dictamen con el que los diputados sustentarán la necesidad de regresar el Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU) al jefe de Gobierno, destaca un cúmulo de inconsistencias y omisiones en la iniciativa que desde noviembre de 2016 envió el jefe de Gobierno al órgano legislativo.
Una copia del dictamen, de la que Capital CDMX tiene una copia, detalla que en la iniciativa no se refleja una verdadera vinculación de las acciones a trabajar, para la recuperación o incrementación de las áreas verdes en suelo urbano, la recuperación de barrancas y las Áreas Naturales Protegidas.
Asimismo, el proyecto del Programa no establece políticas para que no se incrementen los asentamientos humanos irregulares. Además, el documento no cumple con lo establecido en el artículo 82 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, sobre la regularización de la tenencia de la tierra para la incorporación al desarrollo urbano.
“Después de escuchar en mesas de trabajo y audiencias públicas a los ciudadanos, y de un estudio técnico jurídico a la Iniciativa del PGDU, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, concluye que le faltó al Proyecto de Iniciativa del Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México un análisis más profundo que contemple soluciones, o mejor dicho, cómo hacer frente a los problemas de agua, pérdida de áreas verdes en suelo urbano y en suelo de conservación, la pésima práctica de la poda y tala de árboles, las acciones a ejecutar en el área del “Borde Activo”, así como la homologación de zonificaciones o áreas de gestión ambiental”, se lee en el proyecto de dictamen.
Asimismo, en el proyecto de dictamen, los diputados señalan que no se previnieron los tiempos de coordinación entre programas, ya que el Programa General de Ordenamiento Ecológico está en proceso de actualización, lo cual no genera certeza jurídica y técnica sobre lo incluido en materia ambiental en el Proyecto del Programa General de Desarrollo Urbano.
“Finalmente, este Proyecto en estudio no contempló lo conceptualizado en la legislación federal como es lo estipulado en materia de planeación de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y lo correspondiente a garantizar la aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, contemplado en la Ley General de Cambio Climático”, acusaron los diputados.
El proyecto de dictamen contiene las observaciones generadas por las comisiones unidas de Medio Ambiente y de Desarrollo Urbano del órgano legislativo, mismas que sustentan la procedencia de devolver la iniciativa del PGDU al jefe de Gobierno.
Así, se establece que el diagnóstico ciudadano, que se constituyó como mecanismo para integrar los resultados de los talleres ciudadanos del Consejo de Desarrollo Urbano Sustentable (Conduse), no refleja en el proyecto del PGDU aspectos nodales en relación con la propuesta normativa del Modelo de Ordenamiento Territorial, de los Proyectos Estratégicos Intersectoriales y de los Instrumentos.
Asimismo, se señala que la consulta pública contó con una participación de 4 mil 274 propuestas, de las cuales 1,009 (23.6%) fueron resueltas como improcedentes, ya fuera por motivos de incongruencia con la materia regulada o por inviabilidad normativa y técnica.
Esa consulta fue cuestionada durante las audiencias que se celebraron a mediados de 2017 en la ALDF, al señalarse presuntas omisiones procedimentales y de contenido que resultan necesarias para legitimar y hacer públicos los planteamientos normativos.
“Puede mencionarse, como ejemplo, el denominado ´Listado de polígonos y colonias donde aplican las Áreas de Actuación’ que no formó parte del documento que se empleó en la consulta pública, y que imposibilitó que la ciudadanía conociera con certeza la propuesta de la nueva delimitación de las Áreas de Actuación establecidas en el proyecto del PGDU, con el objeto de que se garantice la debida participación de la sociedad en la adopción de medidas legislativas, administrativas, presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus derechos”, se lee en el dictamen de los asambleístas.
De última hora, este martes se canceló la reunión de las comisiones unidas que aprobarían ese dictamen. El argumento oficial que se difundió para suspender los trabajos es que los legisladores afinaban el documento y que tentativamente el encuentro tendrá lugar mañana miércoles a las 14:00 horas.
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