Inconsistencias, sobrecostos y pagos sin justificar por 5 mil mdp en construcción del Interurbano México Toluca

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Ciudad de México.-En 2018, la Secretaría de Obras que entonces encabezaba Edgar Tungüí y luego la heredó a su colaborador Gerardo Baéz Pineda, incurrió en irregularidades de gasto que ascendieron a 5 mil 145 millones de pesos, por la construcción del Tren Interurbano México-Toluca.

Durante ese año la dependencia incumplió los criterios de eficiencia y eficacia en el ejercicio y en la aplicación del gasto público, al no lograr, con el monto presupuestado y en el período establecido, los objetivos y metas programadas para atender la problemática del transporte de la Ciudad de México a la zona metropolitana del Valle de Toluca.

Este es el resultado de una revisión a la Cuenta Pública de dicho año y que forma parte del Tercer Informe Parcial realizado por la Auditoría Superior de la Ciudad de México.

La construcción del Tren Interurbano se programó realizarla del 20 de diciembre de 2014 al 18 de diciembre de 2016, con un presupuesto de 8 mil 988 millones de pesos. Sin embargo, al 31 de diciembre de 2018, la Secretaría de Obras había invertido un importe de 8 mil 114 millones de pesos sin que la obra se hubiera concluido, ya que la supervisión de la obra reportó un avance físico del 44.1 por ciento.

Además, el monto contratado se incrementó a 12 mil 460 millones de pesos, lo que representó 118.3 por ciento más, con un convenio de ampliación en monto suscrito el 2 de octubre de 2018, aun cuando con el convenio modificatorio para reducción de alcances del  contrato se canceló la construcción de zapatas, pilas, columnas y cabezales y todos los trabajos asociados con ellos.

Así, en medio de todo ese desorden administrativo, la Auditoría Superior detectó que la Secretaría de Obras pagó 220.4 millones de pesos por actualización de precios, sin haber acreditado el cálculo, determinación y resolución del factor de actualización.

Otra irregularidad detectada es que la Secretaría de Obras pago 515.5 millones de pesos por concepto de ajuste de costos, sin la documentación que comprobara la solicitud, cálculo, autorización y correcta aplicación de los factores, de conformidad con la normatividad aplicable. 

La Auditoría Superior estableció que la determinación de los ajustes de costos no se sustentó en el programa pactado en el contrato o en un programa previamente convenido al mes en que se produjo el incremento en caso de que hubiese existido atraso no imputable al contratista.

Además, detectó que del 30 de noviembre de 2016 al 2 de octubre de 2018 los trabajos de la obra se realizaron sin contar con un presupuesto y un programa de obra definitivo y autorizado.

Una de las irregularidades que más recursos comprometió fue un pago de la Secretaría de Obras por 4 mil 490 millones de pesos, por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato.

El problema es que ese multimillonario pago lo revisó y dictaminó un “Perito Profesional en Ingeniería de Costos”, sin que previo al pago fueran autorizados por el servidor público facultado para ello.

Además, ese pago representó un sobre costo, pues resultó superior a lo propuesto por la misma Secretaría de Obras y a lo solicitado por la empresa contratista, lo que no representó las mejores condiciones para los intereses del gobierno de la Ciudad.

De esa auditoría, surgieron 21 observaciones, por las cuales se emitieron 18 recomendaciones y estas, cuatro podrían generar promoción de acciones de responsabilidad administrativa, expuso la ASCM.

"La información contenida en el presente apartado refleja las acciones derivadas de las auditorías que hasta el momento se han detectado por la práctica de pruebas y procedimientos de auditoría; sin embargo, podrían sumarse observaciones y acciones adicionales a las señaladas, producto de los procesos institucionales, de la recepción de denuncias y del ejercicio de las funciones de investigación y sustanciación a cargo de esta entidad de fiscalización superior", agregó el organismo.

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