Impugnó funcionario de Congreso local amparo de Mexicanos contra la Corrupción para designar a comisionados de InfoCDMX

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Ciudad de México.-El subdirector de Amparo del nuevo Congreso capitalino, Daniel Salazar Jáuregui, controvirtió la semana pasada un recursos que había ganado la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a través del cual un juez de distrito en materia administrativa le ordenó al Legislativo local designar a los comisionados del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México.

Hoy, durante la instalación de la Comisión de Transparencia del órgano legislativo, Gerardo Carrasco, director de Litigio Estratégico de Mexicanos contra la Corrupción, reveló ante diputados que el funcionario del propio Congreso local había impugnado la sentencia de la juez Laura Gutiérrez de Velasco Romo, lo que a decir del abogado podría retrasar hasta enero o febrero de 2019 el nombramiento de los comisionados del InfoCDMX.

Gerardo Carrasco agregó después en entrevista que Daniel Salazar Jáuregui al parecer actuó por cuenta propia para controvertir el amparo que ganó Mexicanos contra la Corrupción, pues lo hizo sin consultar a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad, la diputada de Morena, Ernestina Godoy Ramos.

“El subdirector de amparo del Congreso controvirtió el recurso, a pesar de que está probada la omisión (la falta de nombramientos de los comisionados de transparencia). Esa omisión incluso viola derechos humanos que están en la Constitución y de la cual todos nos congratulamos. 

“Nos sorprende que sin mas comunicación con la presidenta de la Jucopo decidiera controvertir esa acción. El mensaje que nos está mandando el subdirector de amparos del Congreso es que así debe quedarse el Instituto”, lamentó Carrasco.

Expuso que el argumento utilizado por el funcionario del órgano legislativo para impugnar la sentencia de la juez es un supuesto cambio de situación jurídica, por haber desaparecido la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) y surgido un nueva institución como es el Congreso de la Ciudad.

El representante de Mexicanos contra la Corrupción consideró que ese argumento es completamente improcedente y no tiene argumentos sólidos.

“El cambio de situación jurídica es una figura compleja que deviene de amparos administrativos, pero este recurso no viene de un proceso administrativos. La figura no es aplicable”, dijo Carrasco.

Argumentó que el Congreso de la Ciudad absorbe todas las facultades y atribuciones de la ALDF y es responsable de todos los asuntos que dejaron pendientes los asambleístas, y eso incluye todos los juicios de amparo en los que haya sido parte la extinta Asamblea Legislativa.

Dijo que el impacto de esa impugnación en el proceso para designar a los comisionados del InfoCDMX puede ser bastante preocupante, pues un recurso de revisión puede tomar varios meses. “Si no se hubiera controvertido esta acción quizás en las próximas semanas se estaría ejecutando la sentencia”, consideró el abogado.

Desde abril pasado, el pleno del InfoCDMX se encuentra inoperante, pues la ALDF fue omisa en nombrar a cuatro de cinco comisionados que faltaban para integrar dicho organismo. Hoy la única comisionada en funciones es Elsa Bibiana Peralta, pero la controversia que interpuso Daniel Salazar Jáuregui, un funcionario de estructura heredado de la extinta ALDF, vino a generar una situación de incertidumbre adicional al proceso.

 

Decreto alterado

 

Durante la instalación de la Comisión de Transparencia, a donde acudió como invitado especial, Gerardo Carrasco también acusó que la pasada ALDF -encabezada por el perredista Leonel Luna-, habría mandado a promulgar en la Gaceta Oficial de la Ciudad un decreto alterado de la Ley del Sistema Anticorrupción local.

Dijo que este tema ya es motivo de un proceso judicial que interpuso Mexicanos contra la Corrupción, pues en el artículo sexto transitorio de esa ley aparece una redacción modificada, al establecerse como una facultad del jefe de gobierno proponer al Legislativo local para su ratificación el nombramiento del secretario ejecutivo del Sistema Anticorrupción capitalino, lo cual nunca se presentó en el dictamen ni en reservas para su discusión en comisiones o en el Pleno de la ALDF.

“Creemos que estamos frente a una ley que fue alterada de manera ilegal, una ley falsificada”, acusó Carrasco.

El asunto está en el juzgado primero de distrito en materia administrativa de la Ciudad, pero lo delicado dentro del propio proceso es que el decreto falsificado fue alterado nuevamente para exhibirse como un documento legítimo, lo cual se pudo verificar con una copia que Mexicanos contra la Corrupción obtuvo a través de una solicitud de transparencia, donde no aparece esa modificación.

Ese decreto obtenido vía transparencia incluso llevaba las firmas y rúbricas de diputados, pero la defensa jurídica de la entonces ALDF argumentó que era solo un documento de trabajo, para luego alegar que no tenían el dictamen verdaderamente aprobado, pues nadie sabía en dónde estaba.

Gerardo Carrasco dijo que hay preocupación de que ahora el Congreso de la Ciudad pretenda hacer la designación del secretario ejecutivo del Sistema Anticorrupción local con base en la ley alterada.

La ley original señala que ese nombramiento debe hacerse a partir de una convocatoria abierta que emita el Congreso capitalino, en un proceso similar a como fue designado el secretario ejecutivo del Sistema Nacional, sin injerencia ni propuestas del poder Ejecutivo. 

Pero en el artículo sexto transitorio de la ley capitalina se establece la forma de designación del fiscal anticorrupción, con base en una terna que envíe el jefe de Gobierno al Legislativo local. De manera tramposa, dentro del mismo párrafo se añadió: “y en la designación del primer secretario del Sistema”. Esa frase es lo que Mexicanos contra la Corrupción señala como la parte que ilegalmente se cambió en el decreto.

 

 

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