Ciudad de México.-La Fiscalía General de Justicia capitalina tiene identificados al menos cuatro puntos de cinco alcaldías como focos rojos de conflicto electoral, donde en otros momentos se han presentado situaciones de violencia y coacción del voto.
Se trata de la zona alta de la alcaldía Magdalena Contreras, del área limítrofe entre las alcaldías Cuajimalpa y Álvaro Obregón, de la zona de los Culhuacanes en Coyoacán y de Cuautepec en Gustavo A Madero, de acuerdo a la información proporcionada por el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara.
El funcionario participó esta tarde en una videoconferencia donde la Fiscal Especializada en la Atención de Delitos Electorales de la CDMX, Alma Sarayth de León Cardona, dio a conocer que a lo largo de las campañas electorales se han presentado 251 denuncias por delitos como el pago para coaccionar el voto, violencia política de género y el condicionamiento de servicios públicos.
De esas denuncias, 49 corresponden a ilícitos por violencia política en razón de género y en la mitad de estas la Fiscalía ha otorgado medidas de protección a las personas denunciantes a través del llamado Código Águila.
La fiscal electoral se refirió al grupo de autodefensa del voto o “Mastines” que creó el partido Redes Sociales Progresistas y que con violencia anunció la caza de “mapaches electorales” el día de la jornada electoral.
De León Cardona explicó que esos “Mastines” podrían incurrir en delitos electorales, sancionado con una multa de entre 4 mil y 9 mil pesos, así como seis años de prisión, por cometer ilícitos como la intimidación u obstaculizar el libre ejercicio del voto.
Durante la conferencia, la fiscal general de Justicia de la CDMX, Ernestina Godoy, anunció el despliegue de un operativo orientado a la reacción inmediata ante posibles incidentes, inhibir la comisión de delitos electorales, así como a la adecuada atención de ciudadanos y actores políticos.
En el operativo participarán 2 mil 500 policías de investigación, 450 peritos, 673 patrullas y se instalarán 50 módulos del MP en las 16 alcaldías.
Se desplegarán los elementos del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI) en las zonas identificadas de mayor conflicto, dijo Godoy.
Agregó que todas las fiscalías territoriales recibirán denuncias y habrá un despliegue de binomios conformados por agentes del MP y Policía de Investigación, con células especiales para la atención de posibles víctimas.
La fiscal general recordó que un delito electoral se comete por presión para votar o abstenerse de votar, violar la secrecía del voto, así como condicionar programas sociales.
También es un delito electoral votar sabiendo que no se cumple con los requisitos de ley, sufragar más de una vez en una misma elección, ofrecer pago o recompensa a cambio del voto, hacerse pasar por funcionario de casilla, realizar proselitismo o presionar a los electores en el interior de la casilla o en el lugar donde se encuentran formados los votantes.
Incurre en un ilícito electoral quien obstaculice o interfiera en el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y el cómputo, así como sustraer de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, además de quien pretenda votar con una credencial de elector que no sea titular y quien transporte a votantes con la finalidad de influir en el sentido del voto.
Se comete ese delito al impedir la instalación de la casilla o que en los tres días previos a la elección publiqué los resultados de encuestas.
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