Ciudad de México.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) refrendó como sanción por la omisión en la entrega de informes de precampaña, la pérdida o cancelación del registro.
La Consejera Adriana Favela dijo que se concluye que la omisión de presentar el informe de ingresos y gastos de precampaña o de apoyo ciudadano “es una falta de gravedad mayor ya que se actualiza el dolo también directo en su comisión y que esta conducta afecta los principios de rendición de cuentas, así como la transparencia en el uso de los recursos”.
Por tanto, añadió, en todos estos proyectos se confirma la sanción impuesta inicialmente por el Consejo General del INE, consistente en la cancelación de registro como personas candidatas, o la pérdida del derecho a ser registrado a las candidaturas a distintos cargos de elección popular.
De tal manera, se determinó la pérdida o cancelación del registro a las y los aspirantes a una candidatura independiente: Rafael Guarneros Saldaña, Ángel García Pérez, Hugo Hernández Mendoza, José Luis Salcedo Barrón, Yunuet Sarahi Ceceña González, Ernesto Negrete Godoy, Angélica María Hahn Pabón y Damaris Jael Espinosa Hernández.
Asimismo, estas determinaciones dejan sin posibilidad de contender a José Fernando Lacunza Sotelo, precandidato por Morena a la Presidencia Municipal de Petatlán, Guerrero, así como a Aidé Ibarez Castro y Julieta Kristal Vences Valencia al cargo de diputadas federales por Morena.
El Consejero Ciro Murayama explicó que ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la validez de las normas en materia de fiscalización, y la importancia de que los actores políticos rindan cuentas.
“Rendir cuentas no es un asunto de contentillo, es una obligación que se aplica a todos por igual sin importar de qué partido político y sin importar el poder que se tenga detrás, porque no puede haber poder por encima de la ley”, dijo.
La ratificación de las decisiones del INE ayer por parte del Tribunal, añadió Murayama, ratifica además de la vigencia de la Constitución y de las leyes, la vigencia de la independencia de las autoridades electorales.
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