IMSS inhabilita a funcionarios relacionados con compra de ventiladores a Cyber Robotics



Ciudad de México.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) separó de sus cargos de forma temporal a cuatro funcionarios por faltas administrativas dentro de sus actividades, entre ellos, a Claudia Díaz Pérez, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal del instituto hidalguense, en específico, por la adquisición a sobreprecio de ventiladores a Cyber Robotics, empresa del hijo de Manuel Bartlett.



Aunque la información sobre la suspensión de Díaz Pérez y otros tres funcionarios trascendió gran parte del día, Comunicación Social del IMSS indicó que no se había otorgado permiso para difundir una postura oficial al respecto.



Los funcionarios hidalguenses fueron señalados por la adquisición irregular de 20 ventiladores -usados en la atención de pacientes Covid-; ya que se registraron sobreprecios con respecto a otras ofertas en el mercado y la empresa mencionada es propiedad de León Manuel Bartlett, hijo del titular de la CFE.



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Los otros trabajadores del IMSS separados de su cargo son Luis Alberto Camargo, responsable del Hospital General de zona medica familiar número uno; Francisco Villeda, responsable del Despacho de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas; y el ingeniero biomédico delegacional, Edgar Aarón Hernández.



Como medida cautelar, y a través de un acuerdo, se determinó la inmediata suspensión –temporal- de los ya mencionados para que en un plazo de 48 horas se pase la constancia acreditadora de la situación a la Secretaría de la Función Pública (SFE).



A los funcionarios se les garantizará un ingreso mínimo necesario, es decir, se les pagará un 30% de su ingreso total.



Cada uno de los 20 aparatos adquiridos –y luego devueltos- tendría un costo de 1.5 millones de pesos, lo que significarían los precios más elevados entre las adquisiciones estatales y federales durante la emergencia sanitaria; ante esta transacción la SFP inició una investigación desde el 1 de mayo.



Díaz Pérez justificó el movimiento argumentando que la situación requería “salvar vidas” y no ahorrar; con respecto al vínculo con el hijo del funcionario federal, la funcionaria investigada justificó que se comercia con razones sociales, “desconocemos quienes son las personas”, aunque dijo que el Órgano Interno de Control verifica que no se trate de empresas no sancionadas.