Hubo cambios indebidos a dictamen de Ley de Sustentabilidad Hídrica, acusa Morena. Promoverán acción de inconstitucionalidad

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Ciudad de México.- Diputados de Morena en la ALDF insistieron que interpondrán una acción de inconstitucionalidad en contra de Ley de Sustentabilidad Hídrica aprobada el pasado viernes por el órgano legislativo. En voz de la legisladora Aleida Alavez alertaron que el dictamen aprobado en comisiones fue distinto al que se presentó en el Pleno para su aprobación, pues se realizaron siete modificaciones que no pasaron por un adecuado proceso legislativo.

Los asambleístas de esa bancada realizaron una conferencia de prensa en compañía de ex diputados constituyentes, en donde recordaron que de acuerdo con el artículo 9, apartado F numeral 3 de la Constitución de la Ciudad, la gestión de agua será pública y sin fines de lucro, lo que no se respeta en la Ley de Sustentabilidad Hídrica.

Durante la conferencia, Aleida Alavez alertó que de un análisis realizado por sus asesores entre el dictamen aprobado en comisiones unidas el martes 21 de noviembre y el documento que se aprobó en el Pleno el pasado viernes 24, se han detectado modificaciones a los artículos 22, 60, 68, 96, 99, así como en los transitorios quinto y séptimo de dicha ley.

Expuso que para haberse aprobado en el Pleno los cambios identificados, era necesario presentar reservas al dictamen proveniente de comisiones, pero nadie lo hizo, por lo que el proceso legislativo fue ilegal, acusó.

Dijo que, en el caso del artículo 22 se cambió una de las atribuciones definidas al Sistema de Aguas de la CDMX (Sacmex), ampliándose los alcances de informar a los usuarios sobre la calidad del agua, sino también el costo real del suministro y el subsidio al que es acreedor a través del recibo de pago bimestral.

El cambio detectado al artículo 60 se refiere a que en el dictamen proveniente de comisiones no venía que la suspensión del servicio será exclusivamente a usuarios no domésticos, de conformidad con los dispuesto en el Código Fiscal de la CDMX, algo que ya aparece en el texto aprobado en la sesión del pasado viernes.

Una de las modificaciones que más impactan al dictamen y que más polémica generó en su momento,  se hizo al artículo 68. El documento que originalmente se aprobó en comisiones señalaba que el Sistema de Aguas aplicaría la restricción del servicio de agua potable de uso doméstico cuando los sujetos obligados omitieran el pago de dos bimestres en forma consecutiva o alternada o bien reincidieran n declarar consumos menores a los determinados por la autoridad, en cuyo caso se proporcionaría el servicio de suministro de agua potable para las necesidades básicas, considerando 50 litros por persona al día.

Sin embargo, en la versión final del dictamen que se aprobó el viernes que puede consultarse en la página de Internet de la ALDF se elimina la posibilidad de suministrar hasta 50 litros por persona al día y se deja a un análisis discrecional de la autoridad la restricción o no del servicio doméstico para deudores, pasando el suministro mínimo de 50 litros al artículo 99.

“El Sistema de Aguas aplicará la restricción del servicio de agua potable de uso doméstico, analizando el caso concreto determinará si aplica la restricción del servicio de agua potable de uso doméstico, cuando los sujetos obligados omitan alguna causal del Código Fiscal de la Ciudad de México”, se lee en dictamen que se presentó en el Pleno el 24 de noviembre.

También se cambió el artículo 96, a fin de aclarar que la Junta de Gobierno del Sacmex propondrá al Congreso de la CDMX las tarifas relacionadas con el cobro de los servicios públicos hidráulicos para su revisión y aprobación. La versión del texto proveniente de comisiones facultaba a esa Junta de Gobierno a fijar las tarifas sin la necesidad de consultar al Congreso.

El artículo 99, relacionado con la suspensión a usuarios no domésticos se modificó casi en su totalidad. Así, la nueva redacción establece que cuando exista falta de pago de las tarifas por suministro de agua se aplicará lo dispuesto en el Código Fiscal de la CDMX y se añade que la restricción para uso doméstico no aplicará en los casos en los que el suministro no sea regular en cuanto a flujo y cantidad.

Se agregó un artículo quinto transitorio para refrendar que las tarifas y condonaciones que fije la Junta de Gobierno del Sistema de Aguas de la Ciudad de México deberán contar con previo visto bueno del Órgano Legislativo, así como un séptimo transitorio en cual se precisa que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México entrará en funcionamiento dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, a efecto de que se tomen todas las medidas fiscales, jurídicas y administrativas que posibiliten su entrada en vigor.

Apoyo de los constituyentes

En la conferencia de prensa estuvieron ex diputados constituyentes como Bernardo Bátiz, Javier Quijano, Jesús Ramírez, Consuelo Sánchez, Gabriela Rodríguez y Clara Brugada. Esta última dio lectura a un pronunciamiento en el que tanto integrantes de la ALDF como ex constituyentes señalaron que la Constitución de la Ciudad definió al agua como un bien público, social y cultural.

Además, dijeron, se reconoció el acceso al agua potable como derecho humano;  impuso la obligación a las autoridades para garantizar su cobertura universal, acceso diario, continuo y equitativo; determinó que la gestión será pública y sin fines de lucro;  estableció que la política hídrica garantizará la preservación y viabilidad del ciclo del agua, el saneamiento, la conservación de las zonas de recarga del acuífero, su protección y recuperación.

Expusieron que la Constitución cerró las puertas, ventanas y rendijas a la privatización o participación privada en la gestión del agua. Al prohibir el lucro, se impide que el agua se transforme en una mercancía. Puso vigilancia ciudadana y estableció la participación amplia de las instituciones públicas y de la sociedad en el proceso de elaboración y aprobación de la política hídrica.

“Nos pronunciamos en contra de la aprobación de la Ley de Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México, en virtud de que excede las atribuciones expresas de la Asamblea Legislativa para legislar en esta materia; invade competencias del Congreso local; contraviene lo dispuesto en la Constitución local; abre las puertas a la privatización y cesión a particulares de elementos esenciales de la gestión del agua; vulnera la legislación local y federal en materia de planeación; tergiversa el significado  de principios constitucionales o de conceptos universalmente admitidos; alienta la apropiación y usufructo comercial del agua de lluvia; establece definiciones conceptuales diferentes a las establecidas en la legislación federal en la materia; excluye a las delegaciones de la gestión integral del agua;  separa de la política hídrica la cosecha de agua de lluvia; le otorga atribuciones y obligaciones a instituciones federales, universidades autónomas y  organismos civiles;  es imprecisa, repetitiva e internamente contradictoria; carece de la elemental técnica, cuidado gramatical y  legislativo”, leyó Brugada.

Los integrantes de Morena, lamentaron también que en la Ley de Sustentabilidad Hídrica el Sacmex se convierte en un órgano descentralizado que excede su propia naturaleza jurídica, se aparta del control de la administración pública y  se transforma en autoridad suprema y única en la materia, lo que invade esferas exclusivas de competencia del Jefe de Gobierno, la Asamblea Legislativa, la Secretaría del Medio Ambiente y la de Finanzas, y del Congreso de la Unión; además de que contradice diversas disposiciones de la Ley de Planeación, Administración Pública y la de Presupuesto y Gasto Eficiente.

Jesús Ramírez y Bernardo Bátiz agregaron que, por el carácter de esa ley, debió abrirse una consulta a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, ya que su aplicación impacta en la vida, usos y costumbres de esos habitantes, pero eso no sucedió.

Por todo lo anterior, incluso por la violación al procedimiento legislativo que llevó a al aprobación de un documento distinto al dictamen generado en comisiones, los integrantes de Morena en la ALDF dijeron que promoverán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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