Habrá extra en el Congreso local el 28 de agosto, sobre jueces de tutela y comité de selección del Instituto de Planeación



Ciudad de México.-El Congreso capitalino celebrará un tercer periodo extraordinario de sesiones el próximo viernes 28 de agosto, pero a diferencia de otras reuniones del Pleno que han tenido lugar de forma virtual debido a la pandemia, esta se llevará a cabo de manera presencial pues los legisladores harán reformas constitucionales y esas modificaciones a la Carta Magna local no se pueden aprobar en sesiones a distancia.



Hoy los coordinadores y vicecoordinadores de las distintas bancadas que integran la Junta de Coordinación Política del órgano legislativo, aprobaron por mayoría la realización del extraordinario y la inclusión de tres dictámenes en el orden del día.



Por una parte, se presentará para su ratificación el dictamen que generó la comisión de Normatividad para designar a las cinco personas integrantes del Comité de Selección de la persona titular de la Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.



Conforme al dictamen, y con base en los puntajes obtenidos, se eligió con 330 puntos a Blanca Rebeca Ramírez Velázquez y a Ernesto Rafael Alva Martínez, quienes ocuparán el cargo por cinco años; con 320 puntos a Ana Areces Viña y Genaro Javier Delgado Campos, por un periodo de cuatro años; y con 310 puntos a Adalberto Noyola Robles, por tres años.



Por otro lado, los legisladores discutirán la adición de un artículo vigésimo tercero transitorio en la Constitución de la Ciudad para establecer la gradualidad en la entrada en vigor de los juzgados de tutela de derechos humanos que por mandato constitucional debían existir a partir del 31 de julio.



Como parte de estas modificaciones, destaca que en la reunión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Administración de Justicia celebrada a finales de julio, el legislador de Morena Eduardo Santillán dio marcha atrás a una polémica propuesta para desaparecer esos juzgados de tutela, porque inicialmente consideró que eran innecesarios al argumentar que ya existen los juzgados federales y los de amparo.



Las y los jueces de tutela de derechos humanos de la Ciudad de México conocerán de la acción de protección efectiva de derechos y los recursos en la materia se interpondrán para reclamar la violación a los derechos previstos en la Constitución local, sin mayores formalidades y a través de solicitud oral o escrita.



Originalmente, los juzgados de tutela de derechos humanos debían comenzar operaciones el 1 de enero del 2020, pero los diputados locales modificaron ese plazo para extenderlo al 31 de julio, lo que otra vez no se cumplió.



De acuerdo con la Constitución de la CDMX, el Consejo de la Judicatura deberá instalar juzgados tutelares en cada una de las 16 alcaldías.



Con el dictamen de reforma constitucional que se aprobará en el extraordinario del próximo 28 de agosto se establece que a partir del 31 de de agosto deberán estar instalados al menos dos juzgados de tutela en igual número de alcaldías.



Además se le ordena al Consejo de la Judicatura que el resto de los juzgados en las otras 14 demarcaciones entrarán en operación de forma gradual durante los siguientes años y en el 2021 deberán existir al menos cuatro juzgados.



Como tercer punto para la discusión en el periodo extraordinario se agregó una reforma constitucional en materia laboral, la cual contempla un apartado de derechos laborales y se armoniza con la legislación federal en cuanto a la creación de instituciones que salvaguarden esas garantías.



Se establece a nivel de la Carta Magna local la existencia de un órgano de conciliación de la Ciudad, como ente público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual dependerá del poder Ejecutivo y tendrá a su cargo la generación de un mecanismo previo de conciliación antes de que una demanda llegue a tribunales laborales.



Se definen con claridad los dos regímenes laborales, tanto el apartado A como el B y se establecen la existencia de las tres instituciones garantes de los derechos labores, como el Centro de Conciliación, la existencia de los juzgados de lo laboral --lo que implicará la desaparición gradual de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje--, así como la conformación del Tribunal Burocrático de la Ciudad para dirimir las controversias con los trabajadores al servicio del Estado. Se prevé que en mayo de 2022 existan las nuevas instituciones.