Ciudad de México.- El grupo Lima desconoció la legitimidad del proceso electoral realizado en Venezuela, por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente.
Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, acordaron reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, para lo cual llamarán a consultas a los embajadores en Caracas y convocar a los embajadores de Venezuela para expresar su protesta.
Asimismo, dijeron que presentarán en el marco del 48° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos una nueva resolución sobre la situación en Venezuela.
El grupo dio a conocer una lista de ocho medidas que incluyen aportaciones financieras para atender el flujo migratorio y deplorar la situación humanitaria en el país del sur.
La primera medida es convocar a una reunión “de alto nivel” con autoridades responsables del tema migratorio y de refugio, y establecen el acuerdo de que Perú sea sede de dicho encuentro la primera quincena de junio.
La segunda y tercera mediad establecen considerar la posibilidad de realizar contribuciones financieras de países vecinos para atender el flujo migratorio de venezolanos y “deplorar la situación humanitaria en Venezuela al tomar en cuenta las implicaciones en materia de salud pública”.
La cuarta se refiere a la convocatoria de otra reunión de “alto nivel” pero con autoridades sanitarias para atender la emergencia epidemiológica.
El Grupo de Lima también se pronuncia por apoyar en el suministro de medicamentos y vigilancia epidemiológico en Venezuela y en países vecinos por brotes de sarampión, paludismo y difteria.
Así como por solicitar a las autoridades de cada país transmitir al sector financiero y bancario el riesgo en el que podrían incurrir si realizan operaciones con el gobierno de Venezuela que no cuenten con el aval de la Asamblea Nacional.
Finalmente, planean coordinar acciones para que los organismos financieros internacionales no otorguen préstamos al gobierno de Venezuela, “sólo cuando el financiamiento sea usado en acciones de ayuda humanitaria”.
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