Ciudad de México.- Los derechos humanos representan el principal indicador sobre la salud de una democracia, tal y como demuestran las recientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México por graves violaciones cometidas en diversos casos. Las decisiones de la CIDH han resultado eficaces para garantizar al ciudadano el acceso a la justicia y para acuñar una tutela judicial efectiva en el campo de los derechos colectivos sobre todo en referencia a las comunidades indígenas. Los derechos humanos se vinculan con las normas, principios y sentencias cuyo contenido formal y material invariablemente constituye una brújula y un mandato para las decisiones que adoptan los gobiernos. Por ello, resultan relevantes para que se haga efectivo el derecho a la verdad, la justicia, la reparación del daño a las víctimas y se garantice que hechos similares no se repitan.
Las sentencias de la CIDH deberán ser tomadas en cuenta por el presidente López Obrador y sus funcionarios encargados de los derechos humanos, para evitar que las transformaciones que se emprenden no conduzcan a la inestabilidad y a la ingobernabilidad frente a una sociedad polarizada, la fragmentación de la división de poderes, fuertes recortes presupuestales y un intenso debate para replantear las funciones, integración y operación de la Guardia Nacional, lo que aviva las preocupaciones por una militarización de la seguridad pública. Si se considera que la gobernabilidad democrática es la capacidad que tiene un sistema político para encontrar un equilibrio entre las expectativas de los diferentes grupos sociales y las respuestas institucionales ofrecidas a sus demandas, observaremos que las iniciativas presentadas durante las primeras semanas por el nuevo gobierno amenazan con fracturar este equilibrio.
La gobernabilidad es necesaria para todo régimen político, es un proceso que busca hacerlo perdurar disminuyendo las presiones sociales. Las transformaciones propuestas por AMLO requieren de una gobernabilidad que permita la maximización de las funciones de dirección política. Para que esto ocurra, es necesario un sistema de responsabilidades mutuas que modifique las viejas relaciones políticas reduciendo los desequilibrios institucionales. Generalmente se piensa que la gobernabilidad es un proceso con un sentido único, sin embargo también es reversible, dependiendo del contexto institucional en que tiene lugar. En esta lógica existe una gobernabilidad no democrática referida a una acción que excluye la participación ciudadana y que genera una situación en la que impera la ausencia de libertades, la limitación del pluralismo y la centralización de las decisiones. En cambio, la gobernabilidad democrática se caracterizada por un “juego político” donde la estabilidad depende, no del monopolio del poder, sino de un compromiso compartido por parte de los diferentes actores que actualmente se encuentran en ruta de colisión.
Todo sistema democrático representa la suma de valores que un pueblo decide establecer como fundamento supremo de su orden jurídico y como eje rector de su convivencia social. Estos ideales y principios deben reflejarse en los actos de gobierno, estableciendo oportunidades equitativas, garantizando la igualdad en la ley, respetando la libertad, reconociendo la diferencia, asegurando la convivencia y la participación política de la población. Debe suponerse que el Estado actúa con base en estos postulados y que la influencia de toda sentencia en materia de derechos humanos debe irradiar al gobierno en su conjunto. Por ello, el vínculo entre derechos humanos y gobernabilidad es vital en cualquier democracia.
@Isidrohcisneros
Imprimir artículo
