Ciudad de México.-Una iniciativa de reforma al Código Civil en materia inquilinaria que impulsan organizaciones de la sociedad civil comenzó a generar polémica y divisiones, incluso en la bancada de Morena del Congreso capitalino, donde un grupo de legisladores respaldó la propuesta.
Ayer, diputados locales de Morena como la coordinadora Martha Ávila, el vicecoordinador José Luis Rodríguez y la legisladora Valentina Batres anunciaron su respaldo a esa propuesta que entre su contenido más polémico hace más complicado el desalojo de inquilinos incluso si no pagan la renta.
Pero el documento no goza de consenso entre los morenistas, pues el diputado Carlos Castillo, presidente de la Comisión de Transparencia del órgano legislativo, aclaró hoy en redes sociales que él no respalda la iniciativa y agregó que no es un documento con el apoyo de la totalidad del grupo parlamentario.
"Como integrante del @GPMorenaCdMex desconozco el contenido de la propuesta de reforma del código civil sobre el arrendamiento de vivienda en la CDMX, es una propuesta de compañerxs integrantes del grupo, no de la totalidad del grupo parlamentario", expuso este diputado por Coyoacán.
En el Congreso de la Ciudad hubo posiciones abiertamente en contra de la iniciativa, como es el caso del perredista Jorge Gaviño, quien calificó de inconstitucional la propuesta, pues dijo que viola la irretroactividad de la ley, niega la acción reivindicatoria e inhibe la vivienda en renta.
Gaviño consideró que el gobierno de la Ciudad debe garantizar el derecho a la vivienda y la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum debe manifestar su posición respecto a esa iniciativa inconstitucional que presentó la diputada de Morena Martha Ávila sobre el arrendamiento en tiempos de pandemia.
Pero Claudia Sheinbaum dijo hoy en su videoconferencia de prensa que no conocía el contenido de esa iniciativa de reforma al Código Civil.
Expuso que su gobierno analiza la situación sobre el impacto que ha tenido la emergencia sanitaria en el pago de rentas.
"Vamos a revisar en particular este tema de personas que no han podido pagar su renta para ver si pueden acercarse al INVI o alguna otra institución", expuso la mandataria local.
En la propuesta se plantea que el arrendamiento de vivienda no podrá ser menor a tres años; actualmente el límite mínimo es de un año.
De aprobarse esta iniciativa, se adicionará un artículo 2403 BIS, el cual prohibirá a los arrendadores solicitar como garantía cualquier título de propiedad.
Un tema de controversia, pues favorecerá al inquilino frente al dueño del inmueble, se incluye en una adición al artículo 2406, donde se señala que en el caso de arrendamientos de vivienda, la ausencia de contrato escrito impedirá que pueda hacerse un desalojo, aún por incumplimiento del pago de la renta, hasta que no sea subsanada esta formalidad.
Una adición al artículo 2425 BIS señala un catálogo de derechos del arrendatario de inmueble con destino de vivienda, como que no se le exija más de un mes de anticipo para el arriendo del inmueble; no pagar un depósito de garantía mayor al precio del primer mes de renta; así como no ser víctimas de desalojos arbitrarios y/o ilegales y/o forzoso.
En caso de desocupaciones o lanzamientos ordenados judicialmente, deberá notificarse de la diligencia con una anticipación de dos meses contados a partir de la fecha de notificación;
Cuando se trate de personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia, embarazadas, personas indígenas, inmigrantes, personas en asentamientos informales, niñas, niños, y otros grupos que así lo requieran, no se realizará ningún desalojo sin la presencia de personal que brinde la asistencia psicosocial o de cualquier otro carácter, pertenecientes a las instituciones encargadas de atender su situación particular.
La iniciativa fue diseñada por la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, el Movimiento Urbano Popular, [ 06600 ] – Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez, la Red de Desalojos de la Ciudad de México, así como los abogados solidarios Miguel Anguas y Kalycho Escoffié, activistas en derecho a la vivienda y respaldada por académicos como Lucia Álvarez (CEIICH-UNAM), Jorge Andrade Narváez (UAM-X), Antonio Azuela (IIS-UNAM), María de Lourdes García (Laboratorio Hábitat Social: participación y género LAHAS/UNAM), Rosalba González Loyde (Facultad de Ciencias Políticas-UNAM), Roberto Eibenschutz (UNA_X).
También participaron en su diseño 15 organizaciones entre las cuales destacan: Buen Hábitat para el Buen Vivir; CEJUDESC; Colectivo Vivienda, Discapacidad e Inclusión, Comunidad Nueva; Cooperación Comunitaria A.C.; Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C., Comité Nacional Ciudadanos Organizados A.C., Comité 68 Prolibertades Democráticas, A.C; Frente Nacional de Organizaciones Sociales para la Cuarta Transformación de México, Luchemos; Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI; Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.; Ruptura Colectiva; Unión Popular Valle Gómez, Movimiento Autónomo Zapatista (MAZ) entre otras.
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