Ciudad de México.- Asociaciones civiles y diversos despachos jurídicos que participaron de manera pro bono con la Comisión Permanente del Congreso de la Unión consiguieron un amparo para detener la designación del Procurador de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).
Los distintos actores que impulsaron este amparo, entre ellos Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), alegaron que ninguna de las opciones que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, propuso al Senado para ocupar el cargo cumplen los requisitos mínimos que exige la Ley para dicha tarea.
En la propuesta hecha el pasado 3 de junio se postuló a Ricardo Rodríguez Vargas, Carlos Alberto Puga Bolio y Marta Patricia Jiménez; ninguna de estas personas cumpliría con la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente pues no cuentan con experiencia acreditada en materia fiscal en los últimos cinco años.
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Este requisito es necesario para ser titular de la Prodecon; aunque Rodríguez Vargas y Puga Bolio sí se han desempañado en los últimos años como funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no cumplen cabalmente con este requisito al no contar con el tiempo requerido.
Aunado a lo anterior, el primero ocupó hasta principios de junio el cargo de director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, lo que se traduce en otra restricción legal ya que se prohíbe haber sido titular de algún órgano paraestatal del Gobierno Federal en un tiempo mínimo de tres años previos al nombramiento.
El Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León advirtió en su resolución que las autoridades deben obedecer esta suspensión dictada pues, de caso contrario, incurrirán en un delito previsto en la Ley de Amparo, misma que contempla un castigo que va desde la destitución e inhabilitación hasta la pena de prisión de tres a nueve años.
Juan Carlos Pérez Góngora, Presidente de México Justo, A.C. –otra de las asociaciones involucradas en dicha suspensión- indicó que “la resolución dictada por el Poder Judicial de la Federación es acorde con el derecho a contar con una procuraduría autónoma del Estado, cuya misión sea proteger los derechos de toda persona obligada a contribuir al gasto público”.
Agregó que los requisitos establecidos en la Ley de dicho organismo deben cumplirse por parte de las autoridades para la designación de un nuevo titular de la Prodecon.
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