Fiscalía viola mis derechos pero daré la cara, afirma Rosario Robles; Hacienda responde que no hay tal agravio

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Ciudad de México.- Berlanga, extitular de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en la pasada administración federal, aseguró que la acusación de la FGR en su contra es una flagrante violación a sus derechos y al debido proceso por la forma en que se dio a conocer, aunque afirmó que “dará la cara”.

Anoche, medios de comunicación dieron a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) busca obtener una audiencia para vincular a proceso a Rosario Robles por presunto ejercicio indebido del servicio público.

Al respecto, en una tarjeta entregada a Ciro Gómez Leyva, quien la leyó en su programa Por la Mañana, Robles Berlanga dijo que en dicho citatorio -para el jueves 8 de agosto a las 11:00 horas en el Reclusorio Sur- no se establecen ni las causas ni los hechos que se le imputan “minando con ello mi capacidad de defensa”.

“Es inconcebible que se le haya dado a conocer a la opinión pública lo que no se me comunicó a mí. Cabe mencionar que en todo este proceso jamás he tenido la oportunidad de defenderme, no he sido requerida para comparecer ante la Fiscalía ni acceso a ninguna carpeta de investigación”, detalló.

La exfuncionaria federal aseguró que como siempre, actuará con absoluto respeto a la ley y a las autoridades judiciales. “Siempre he dado la cara y lo seguiré haciendo, con la debida salvaguarda de mis derechos”, apuntó en el escrito enviado al periodista.

Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, rechazó que se haya violado el debido proceso en la investigación contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, por ejercicio indebido del servicio público.

“Se trata de un ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Hay que recordar que muchos tribunales constitucionales en el mundo, incluyendo la Suprema Corte en México, han señalado que el derecho al honor a la vida privada de los servidores públicos es más reducido cuando estamos en presencia de presuntos actos de corrupción", señaló.

“Hay que recordar que la propia legislación establece, en materia de transparencia y acceso al información pública que en los casos de corrupción, no puede decretarse la reserva de ley y tiene que ser hechos del conocimiento público”, explicó Nieto, entrevistado en Palacio Nacional.

El funcionario dijo que también se indaga a una red de servidores públicos y empresas relacionadas, así como a 50 empresas presuntamente implicadas con el caso conocido como "La Estafa Maestra", aunque declinó dar montos.

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