Firma de decretos sobre cuencas hidrológicas podrían representar una privatización del agua

Ciudad de México.- En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el pasado 5 de junio, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la firma de diez decretos que modificaron un estatus de veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país.

Es decir que Peña Nieto autorizó eliminar la “prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua” en esas cuencas, aludiendo que, servirían para establecer reservas de agua para áreas naturales protegidas y la naturaleza para los próximos 50 años.  

Para hacer este anuncio, Peña Nieto estuvo acompañado por Jorge Rickards, el presidente de organización no gubernamental internacional: World Wildlife Found, quien declaró: “Estos decretos representan una visión de futuro que evitará la grave sobreexplotación, contaminación y escasez que vivimos en muchos otros ríos del país”.

Los diez decretos que levantan la veda sobre estas diez cuencas de agua, abren la puerta para que 55 por ciento del vital líquido se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua por organismos operadores empresariales municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística, o inmobiliaria.

Lo anterior fue informado por la coalición Agua para Todos, conformada por “pueblos originarios, organizaciones sociales, trabajadores, sistemas comunitarios de gestión del agua e investigadores comprometidos con la construcción del buen gobierno del agua y el territorio (las cuencas)”.

Los activistas especifican que, “estos decretos van a permitir a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadoras de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbanos”.

Los decretos del ejecutivo federal favorecen los trasvases de agua a gran escala como los que ocurren o están diseñados en varios megaproyectos hidráulicos: el sistema Cutzamala del estado de México a la Ciudad de México; Monterrey VI que prevé trasvase del agua del río Pánuco a Monterrey, o la presa y acueducto El Zapotillo que pretende trasvasar aguas del río Verde de Los Altos de Jalisco al complejo industrial de El Bajío de Guanajuato.

La coalición Agua para Todos estimó que los decretos de levantamiento de veda, podrían poner en riesgo hasta 50 mil concesiones sin título actualizado o vigente de comunidades indígenas o núcleos agrarios, quienes tenían “las dotaciones del líquido por decreto presidencial, pero esta figura cambió en la ley de Aguas Nacionales y no las renovaron”.

Por sus consecuencias, estos decretos son el equivalente a una “reforma estructural” en materia de agua, pero sin pasar por el poder Legislativo, sólo utilizando facultades del poder Ejecutivo.

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