Ciudad de México.- El presidente boliviano Evo Morales celebró el Día del Trabajador con la promulgación de una ley que permitirá que los obreros se hagan cargo de las industrias que están en quiebra, abandono o liquidación, en medio de críticas de empresarios que consideran que es una vulneración a los derechos a la propiedad privada.
Morales lideró además una marcha multitudinaria en la región altiplánica de Oruro junto la Central Obrera Boliviana (COB), afín a su gobierno. Poco después, el gobernante promulgó la denominada ley de Empresas Sociales y un decreto para incrementar 3% al salario mínimo nacional y 5,5% al básico.
“Esta ley no es para quitar la industria a los privados, es para reactivarla en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo del interés social”, dijo Morales en un acto tras la marcha.
Juan Carlos Huarachi, dirigente de la COB, aseguró que el sector trabajador se siente capacitado para asumir cualquier función. “Cierren una empresa y nosotros nos vamos a organizar y nos vamos hacer cargo”.
La ley promulgada el martes por Morales, que fue aprobada la semana pasada en la Asamblea Legislativa, causó molestia en el sector empresarial, que después se declaró en emergencia y anunció un proceso de inconstitucionalidad.
Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, expresó que es una norma que vulnera derechos básicos y pone en riesgo la propiedad privada. “Lo que nos parece una grave irresponsabilidad con el país”.
Además, explicó, decretar un incremento salarial por encima de la tasa de inflación del año pasado (2,71%) permite prever una menor inversión en 2018.
El mismo gobierno ofreció 3,5% de incremento hace un par de semanas pero luego de reunirse con los trabajadores llegó a 5,5% y dejó de lado la sugerencia de los empresarios de que fuera 3,3%.
Cada 1 de mayo desde 2006, mediante decreto, Morales acostumbraba nacionalizar empresas estatales privatizadas de ámbitos como el sector de hidrocarburos, telecomunicaciones, minero y eléctrico. Esas empresas habían sido capitalizadas en los años 90 y se vendió el 50% de sus acciones para poder sacarlas a flore. Actualmente, todas dependen 100% del gobierno.
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