Ciudad de México.-El médico legista Juan Pablo Mendizábal sostiene que la muerte de la mujer indígena Ernestina Ascencio Rosario hace exactamente 13 años –26 de febrero de 2007- fue a manos de efectivos del Ejército Mexicano, quienes además la violaron, y que los gobiernos federal y estatal –en ese momento a cargo de Felipe Calderón y Fidel Herrera, respectivamente- acordaron cambiar la versión de los peritos.
Mendizábal participó en la necropsia realizada a la mujer de 73 años originaria de Tetlatzingo, municipio de Soledad Atzompa en el estado de Veracruz y sostiene que no cambiaría el dictamen pericial que realizó a la presumible víctima de feminicidio, mismo que arrojó que “fue violada por tres personas” y como causa de muerte “fractura de cráneo”, versión que sí respaldó la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV) en primera instancia.
“Por honestidad, por justicia, no lo cambiaría. Ernestina fue agredida sexualmente. Por todos los indicios que se encontraron, por todos los hallazgos físicos, los desgarres, el antígeno prostático encontrado en el recto y la vagina es exclusivo de los hombres. Todas esas cosas en conjunto fueron determinantes para estar completamente seguros de la agresión sexual de la señora Ernestina”, sentencia el médico.
Antes de morir, Ernestina identificó como sus agresores a pinome xoxome, antes de perder el conocimiento el 25 de febrero (tontos de verde en náhuatl y como se refieren a los soldados en esa región); dictámenes periciales confirmaron el delito, sin embargo, la versión oficial del entonces presidente Felipe Calderón sostuvo como causa de muerte “gastritis crónica no atendida” lo cual fue ratificado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), misma señaló como causa de muerte “anemia aguda” y “úlceras gástricas”, aunado a la negación de posible violación.
El perito detalla que le obligaban a cambiar las evidencias y con ello el dictamen; no obstante, cuenta que debido a su negativa de hacerlo fue cesado de su trabajo con el pretexto de haber reprobado “los exámenes de confiabilidad”; y aunque el Tribunal de Contencioso Administrativo dictaminó reestablecerlo en su puesto, el gobierno de Miguel Ángel Yunes se amparó para no hacerlo.
Fidel Herrera, ex gobernador de Veracruz, les comentó que “al gobierno del estado no le convenía tener en contra al presidente de la República y que por eso se tenía que cambiar el dictamen”, cuenta Mendizábal.
Pablo Mendizábal sostiene que en un principio se les pidió defender los dictámenes, sin embargo, ante Felipe Calderón, la CNDH y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se acordó sostener como causa de muerte la anemia.
Así, la PGJV, al igual que el entonces gobernador, cambió su postura y admitió que la muerte de Ernestina no se debió a “factores externos”; por tanto, la procuraduría dictaminó el no ejercicio de la acción penal en mayo del 2007.
En la madrugada del 26 de febrero del 2007, la mujer nahua perdió la vida en el Hospital Regional de Río Blanco, donde además no contaban con traductores de náhuatl. La Agencia Especializada en delitos Sexuales de la entonces PGJV determinó en el mismo nosocomio como causa de muerte graves lesiones, incluidos “múltiples desgarros”.
Desde el 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso y ha emitido distintas recomendaciones al Estado Mexicano sin verdaderas consecuencias.
Con información de Pie de Página.
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