Extradiciones

Ciudad de México.- Es indispensable hacer una evaluación de las extradiciones de capos a los Estados Unidos. Se llevan a cabo mecánicamente, sin reflexión sobre su utilidad y consecuencias.

El pasado 14 de abril The Dallas Morning News publicó una notable investigación periodística de Alfredo Corchado y Kevin Krause (“Deadly Deal”). El texto reconfirma la poca prioridad concedida por Washington a la vida y dignidad de quienes viven en países azotados por el crimen organizado. La información ahí incluída es un llamado a revisar las consecuencias no buscadas de la extradición de narcotraficantes a los Estados Unidos.
En 2003, el gobierno mexicano detuvo a Osiel Cárdenas Guillén, jefe del Cartel del Golfo. Estados Unidos lo quería en su territorio y empezó la negociación entre Washington y los abogados del capo. Hicieron trato: Osiel daría información privilegiada sobre el contrabando de drogas y les entregaría 50 millones de dólares en efectivo y propiedades. En 2009 fue extraditado y, en 2010, sentenciado a 25 años de prisión.

Corchado y Krause demuestran que el trato desencadenó la sangrienta guerra entre Zetas y Golfo. Los Zetas habían contribuido con 10 de los 50 millones de dólares entregados a los Estados Unidos y cuando supieron que Osiel era informante se lanzaron contra los del Golfo.

Según David Shirk, prestigiado investigador de la Universidad de San Diego, ése fue el “inicio de las guerras de los cárteles que llevaron la violencia a un nivel increíble”.

Las extradiciones forman parte de la gran estrategia estadounidense para combatir al crimen organizado. En las famosas leyes RICO (aprobadas en 1970) queda claro que la prioridad es fragmentar a la mafia deteniendo o eliminando a sus líderes. Cuando exportaron el esquema a Colombia y México incluyeron la extradicción de capos por tres motivos: 1) castigarlos y neutralizarlos en cárceles herméticas; 2) quitarles dinero y propiedades; y 3) sacarles información para perseguir a otros capos, y poder administrar el flujo de narcóticos a su territorio.

Para reducir las resistencias de los extraditables les ofrecieron complejos “tratos” (plea agreements).
En Colombia los capos obligaron al Estado colombiano a interrumpir las extradiciones temporalmente. Los mexicanos asumieron la inevitabilidad del traslado, tal vez porque le encontraron ventajas a una negociación que les permite tener mejores condiciones carcelarias y la posibilidad de experimentar en libertad la tercera edad. Héctor “El Güero” Palma deja la prisión a los 56 años (su edad no está bien determinada) y Osiel Cárdenas a los 68 años. Mientras que los abogados de Joaquín “El Chapo” Guzmán ya negocian con los vecinos.

Los estadounidenses que defienden las extradiciones las consideran un mal necesario dada la debilidad de los aparatos de justicia latinoamericanos. Hay quienes aceptan las consecuencias no buscadas. Un agente federal estadounidense –citado por Corchado y Krause-- reconoce las fallas en la extradición de Osiel Cárdenas: “No entendimos las dinámicas [del crimen organizado en Tamaulipas] y mucha gente murió, inocentes incluidos”.
Hay extradiciones que incrementaron el costo humano y ¿Para qué? ¿De qué ha servido que Colombia extraditara entre 2000 y 2010 a 1,221 delincuentes (93.6 % a los Estados Unidos) y México les enviara a 936 entre 2000 y 2015? ¿Cuál ha sido la utilidad de que Washington atesore información sobre el crimen organizado o que fragmente a los cárteles cuando el flujo de narcóticos a los Estados Unidos se mantiene?

El resquebrajamiento de las grandes estructuras (en parte por el encarcelamiento de los capos) ha llevado a la aparición de minicarteles que dan origen a la violencia y delitos de brutalidad superior.

Además está la situación del dinero que les exigen. ¿Cuántos millones han recibido las arcas estadounidenses de los extraditados? ¿Han utilizado alguna parte en la reparación de las víctimas colombianas o mexicanas?
Cuando se revisan los resortes de la violencia criminal sorprende la repetición mecánica de políticas que los gobiernos de la región implementan sin entender, en ocasiones, su utilidad y consecuencias. Es el caso con las extradiciones.

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Colaboró con información Maura Álvarez Roldán, con sugerencias de Raúl Benítez Manaut, Froylán Enciso y Emilio González González.