Ciudad de México.-El gobierno de Claudia Sheinbaum remitió al Congreso capitalino el proyecto original de presupuesto del Tribunal Electoral de la Ciudad (TECDMX), sin el recorte que se le impuso para este 2021, en acatamiento a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le ordenó a la mandataria reintegrarle a ese organismo los recursos que se le redujeron debido a la política de austeridad que se implementó debido a la pandemia.
Ahora serán los diputados locales quienes decidan si se le aprueba al TECDMX un gasto que casi duplica lo que le autorizaron para este año, pues los legisladores le aprobaron 255.6 millones de pesos, pero el Tribunal Electoral local quiere 425.1 millones de pesos.
Hoy en videoconferencia de prensa y en compañía del consejero jurídico Néstor Vargas, Sheinbaum recordó que el 2 de diciembre del 2020, el Tribunal Electoral local presentó un juicio electoral ante el TEPJF, argumentando que el Gobierno de la Ciudad no les había entregado cuatro ministraciones, correspondiente a cuatro meses.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el 17 de diciembreen favor del TECDMX y ordenó al Gobierno de la Ciudad entregar esas ministraciones del 2020 que ascienden a 7.7 millones de pesos.
Además, el Tribunal Electoral federal le ordenó a Sheinbaum remitirle al Congreso capitalino la propuesta original de presupuesto formulada por el organismo electoral de la Ciudad, por 425.1 millones de pesos, para que los legisladores locales en ejercicio de sus atribuciones y a la brevedad emitan una determinación fundada y motivada sobre la asignación de presupuesto al TECDMX, debiendo considerar además que este es un año electoral.
En el 2020 el Congreso de la Ciudad le autorizó al Tribunal local un presupuesto por 250.9 millones de pesos y para el 2021, aunque es año electoral, sólo le incrementó la bolsa en 5 millones de pesos, bajo el argumento de que el gasto se orientaría sobre todo a atender las necesidades de la emergencia sanitaria.
Pero los magistrados quieren mucho más dinero, pues plantearon en su proyecto original de gasto del 2021 destinar 325.2 millones de pesos para el pago de nómina del personal, incluido el salario de los magistrados.
Pidieron también 88.4 millones de pesos para servicios de arrendamiento, así como para la reparación, mantenimiento y conservación de oficinas; además de 8.6 millones para la compra de mobiliario y equipo de administración, además de vehículos..
Pero el gobierno de Sheinbaum está inconforme con esa resolución del TEPJF y por ello acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde presentó una controversia constitucional el día 31 de diciembre del 2020.
Sin embargo, el 8 de febrero de este 2021 el ministro ponente, Franco González, desechó de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, ese recurso que presentó el GobCDMX. Ante esa situación la administración capitalina decidió acudir de nuevo ante la Suprema Corte para que alguna de sus salas resuelva un recurso de reclamación.
Ese recurso de reclamación está fundado en argumentos donde se alega que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación carece de competencia para resolver sobre temas de carácter presupuestal, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las facultades o las atribuciones del Tribunal Electoral federal tienen que ver con la materia electoral y, en todo caso, con algunas cuestiones de carácter laboral de los trabajadores de los órganos electorales, pero no en materia presupuestal.
Para las autoridades capitalinas el TEPJF asume facultades que le corresponden al Poder Legislativo de la Ciudad de México para aprobar el presupuesto; y no solamente para aprobar el presupuesto, sino también para aprobar los ajustes presupuestales, particularmente a la luz de la emergencia sanitaria que se enfrenta.
“El ministro instructor que desechó nuestra controversia constitucional argumenta que no se pueden cuestionar las resoluciones de los órganos jurisdiccionales que son definitivas, argumenta que son inatacables; nosotros consideramos, y de acuerdo a lo que dice la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que ha asentado algunos precedentes, que cuando se invaden los ámbitos competenciales, entonces sí se puede dar entrada a estas controversias constitucionales, situación que se actualiza en el caso que nosotros estamos presentando, en virtud de que el tema puesto a consideración en la controversia constitucional no es electoral sino es presupuestal”, detalló el consejero jurídico.
Néstor Vargas dijo que de igual manera, el gobierno de la Ciudad presentará ante la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México una acción de cumplimiento, al acusar que el TECDMX ha incumplido algunas obligaciones constitucionales, pues tenía que haber acudido ante la Sala Constitucional y no en materia de juicio electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Recordó que la propia Constitución establece que los órganos autónomos se deben de sujetar al presupuesto autorizado por el Congreso y también se debe de sujetar a las adecuaciones que realiza el propio Congreso a la luz de las necesidades presupuestales que existen, situación que no realizó el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y con ello el TECDMX habría incumplido con las obligaciones constitucionales.
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