Ciudad de México.-Evasiva y hasta omisa en responder sobre los temas más polémicos, la secretaria de Finanzas del gobierno de la Ciudad, Julieta González Méndez, compareció hoy en el Congreso capitalino, donde legisladores de Morena le reprocharon que su escenario de finanzas sanas no se percibe entre la ciudadanía. Le pidieron precisar cuánto costó la alianza con el Sindicato de Trabajadores de la administración para basificar a cientos de personas durante el proceso electoral, lo cual tampoco contestó.
Julieta González se fue por la tangente a lo largo de casi tres horas de comparecencia y encontró una salida a su posición evasiva, al decir que muchas o la mayoría de las preguntas las respondería después por escrito.
Así, dejó de lado respuestas para cuestionamientos como el que le hizo Fernando Aboitiz, de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, quien acusó una desaceleración del gasto en inversión para infraestructura y servicios. “¿Dónde está el dinero?”, preguntó el diputado, quien también señaló opacidad en el manejo de recursos pagados por desarrolladores inmobiliarios para realizar obras de mitigación.
Aboitiz reveló que desarrolladores inmobiliarios en el Predio La Mexicana le están exigiendo a la administración capitalina un pago por 2 mil millones de pesos de devolución, con todo y que ya han edificado departamentos de lujo y centros comerciales con ganancias estimadas en 30 por ciento por encima de la inversión. La titular de la Secretaría de Finanzas sólo le respondió que un pago de esa naturaleza no procede, pues se trata de un Sistema de Actuación por Cooperación.
Jorge Gaviño, del PRD, refirió que en 2017 hubo un decremento importante de ingresos respecto a 2016. Preguntó si los 77 mil millones de pesos de monto de deuda pública son manejables o comprometen la viabilidad de las finanzas públicas para los siguientes años, además de cuestionar cuáles son las expectativas de cierre para 2018.
Julieta González confió en que se cumplirán las expectativas de cierre e incluso se superará la meta en cinco puntos porcentuales. Dijo que los ingresos cerrarán en 240 mil millones de pesos.
Respecto a la deuda, la funcionaria precisó que el saldo de la misma es de 77.5 millones de pesos Sobre deuda y agregó que en este año el pago para amortizaciones es de 2 mil 899 millones de pesos. Aseguró que el crecimiento de la deuda ha mantenido congruencia con el aumento de ingresos públicos y por ello dijo que no se pone en riesgo la viabilidad de las finanzas locales ni a corto ni a largo plazo.
Valentina Batres, presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso local, ante la cual compareció la secretaria de Finanzas, criticó que este ha sido un sexenio de superávits, en detrimento de la inversión pública para infraestructura y servicios. De este tema la funcionaria no contestó.
Batres refirió que, por ejemplo, en 2013 el superávit fue de 7 mil 400 millones de pesos; para 2014 de 13 mil millones; en 2015 de 12 mil 800 millones; de 11 mil millones en 2016 y de 10 mil 200 en 2017. “¿Cuál será el superávit de 2018?”, cuestionó la legisladora de Morena, quien acusó que ese excedente termina ejerciéndose en la opacidad, de forma arbitraria y sin rendirle cuentas del mismo al poder Legislativo.
La diputada de Morena preguntó qué fue de un proyecto para crear un seguro bajo la administración de Miguel Ángel Mancera, para dar cobertura a viviendas ante contingencias como sismos, el cual costaría 2 mil millones de pesos.
Valentina Batres acusó un subejercicio en materia de reconstrucción del 77 por ciento respecto a lo aprobado por el Legislativo local y denunció que el actual gobierno local gastó 696 millones de pesos en la contratación de empresas para la recuperación del ISR.
La diputada calificó como absurdo contratar a privados que me realicen tareas que le corresponden a la autoridad central y que además hayan realizado en siete días el trabajo que la Secretaría de Finanzas no pudo llevar a cabo en tres años. “¿La dilación fue a propósito para generar necesidad artificial o para favorecer a amigos del jefe de gobierno?”, cuestionó Batres, quien dejó sobre la mesa la sospecha de que esas compañías sean empresas fantasma.
Julieta González dijo que sobre la contratación de esas empresas intervino ya la Contraloría General, así como la Procuraduría capitalina y se está en proceso de realizar la investigación.
Sobre el gasto en reconstrucción dijo que el monto de recursos definido en el Presupuesto de Egresos ascendió a 8 mil 952 millones de pesos, de los cuales 7 mil 55 millones le corresponde aplicar a la Comisión para la Reconstrucción.
Otros mil 18 millones corresponden al Fondo de Recuperación para la Infraestructura Social y 898 son erogaciones para el fortalecimiento de acciones que realizan las distintas dependencias, de tal forma que al 31 de octubre la Comisión para la Reconstrucción a aprobado recursos por 6 mil 371 millones de pesos, de los cuales las unidades responsables de gasto han ejercido 2 mil 840 millones, de decir, apenas un poco más de la tercera parte.
Respecto al seguro para viviendas, la funcionaria dijo que el fondo por 2 mil millones de pesos ya existe, pero aún no se ha contratado el seguro, pues todavía no hay definiciones por parte de la Oficialía Mayor para ejercer el recurso.
En la réplica los diputados de las distintas bancadas le hicieron todo tipo de cuestionamientos, pero ella no respondió ninguno, pues se dedicó a leer un mensaje final que ya llevaba preparado.
Así, quedaron en el tintero las preguntas que le hicieron Fernando Aboitiz y José Luis Rodríguez Díaz de León, sobre el costo de la alianza con el sindicato de burócratas para contratar a trabajadores en pleno proceso electoral, o los cuestionamientos del panista Mauricio Tabe, respecto a los impactos que tendrán en la economía de la Ciudad de México decisiones y anuncios por el gobierno federal electo como la cancelación del aeropuerto en Texcoco.
José Luis Rodríguez preguntó por qué la Secretaría de Finanzas autorizó una ampliación presupuestal por 75 millones de pesos a la extinta ALDF para gastos en reconstrucción y cuál ha sido el monto recibido por la empresa encargada de operar el sistema de fotomultas.
Al término de la comparecencia y entrevista, se le insistió a la funcionaria sobre el monto destinado a la basificación de personal. Reiteró que esa información la hará llegar por escrito a los diputados.
Rechazó que la dependencia a su cargo se haya negado a entregar información, pues incluso dijo que esos datos ya se dieron al equipo de transición del futuro gobierno.
Cuando los reporteros le cuestionaron que esas basificaciones han servido para contratar a operadores del PRD e incrustarlos en la administración de Claudia Sheinbaum.
“Hay que revisar los temas. Es un tema de revisión, de Contraloría”.
-¿Usted no sabe de eso-, se le preguntó.
-No, no. Yo no tengo el dato de que se están basificando operadores políticos-, respondió.
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