Ciudad de México.-Claudia Sheinbaum llega a su segundo año de gobierno con una Ciudad eternizada en el semáforo naranja por la epidemia de Covid-19, una economía y finanzas públicas en jaque debido al coronavirus, además de una creciente oposición vecinal a proyectos y obras estratégicas como el puente en Xochimilco, el Metrobús en avenida Cuauhtémoc y el plan cultural en Chapultepec.
En estos dos años de gobierno, la narrativa gubernamental en materia de seguridad apunta a la reducción generalizada de los delitos, un retrato que podría resultar engañoso debido a que la disminución en los índices delictivos también fue resultado del confinamiento de las personas derivado de la pandemia.
La realidad mostró lo reactiva que ha resultado esta administración y así ocurrió cuando en el Centro Histórico aparecieron los cuerpos desmembrados de dos menores de edad de origen indígena.
A partir de ese momento la intervención de jóvenes en actividades criminales dentro del Primer Cuadro se volvió no solo un elemento de atención mediática, sino también una circunstancia de reconocimiento del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quienes aceptó una creciente participación de menores de edad en el crimen organizado.
Un crimen que, por cierto, casi tuvo éxito en el intento de quitarle la vida al Jefe de la Policía quien, como no se había visto, fue víctima de un atentado con armas de alto poder cuando circulaba sobre una de las avenidas más emblemáticas de la Ciudad, el Paseo de la Reforma.
Con una creciente operación del narco, secuestros y extorsiones en el centro de la Ciudad, la respuesta del gobierno de Sheinbaum fue la creación de un programa llamado Barrio Adentro, para la atención de 6 mil jóvenes y niños que viven en el perímetro B del Centro y en la colonia Guerrero, a fin de evitar su cooptación por parte de la delincuencia.
Con la gente en sus casas, la CDMX se ubicó en el tercer lugar de las entidades con la mayor incidencia de feminicidios cometidos durante los primeros siete meses del año, con 41 casos, sólo por debajo del Estado de México y de Veracruz que ocuparon el primero y segundo sitio, respectivamente.
Esa radiografía del feminicidio formó parte del reporte "Información sobre violencia contra las mujeres/Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1" que fue elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Con corte al 31 de julio de este 2020, el documento exhibió que la emergencia sanitaria por Covid-19 no fue un atenuante para detener el feminicidio.
Tan sólo en junio pasado se presentó el segundo número más alto de carpetas de investigación por feminicidios del que se tenga registro desde 2015, con 96 en ese mes.
El Secretariado Ejecutivo vino a ratificar que la violencia intrafamiliar se disparó durante la etapa de confinamiento, pues en marzo pasado se llegó al indicador más alto de que se tenga registro desde 2015, con 20 mil 504 carpetas de investigación iniciadas a nivel nacional y la CDMX fue parte del fenómeno.
ESCENARIO COVID
La jefa de gobierno ha estirado la liga lo más posible para no regresar al semáforo rojo, a pesar de que han subido las cifras de hospitalizaciones a niveles de la segunda quincena de junio y el porcentaje de ocupación hospitalaria es ya de 56 por ciento.
Por esa determinación, la jefa de gobierno ha sido blanco de fuertes críticas en redes sociales que acusan una mala administración de las decisiones en materia sanitaria y que nos llevó a haber rebasado los 18 mil decesos el pasado 4 de diciembre.
El 24 de noviembre se tenían 17 mil decesos por Covid, es decir que de entonces a la fecha -tan sólo 10 días-, murieron mil personas por el coronavirus.
Las diversas tendencias no dejan de crecer desde hace un mes. Las llamadas de emergencia al 911 pasaron de 81 el 1 de noviembre a 155 el 3 de diciembre.
De 2 mil 859 personas hospitalizadas el 7 de noviembre su número se elevó a 3 mil 917 el 3 de diciembre.
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Sheinbaum ha reconocido que en sus decisiones prevalecen también criterios económicos, pues un retorno al confinamiento afectará severamente el bolsillo de los capitalinos.
En su búsqueda por mejorar las condiciones económicas de la Ciudad, a inicios de septiembre la mandataria presentó un segundo Programa de Reactivación Económica para la CDMX —el primero lo dio a conocer el 24 de junio—, que en los hechos fue una reedición del plan que hizo público en julio del mismo año, incluso con las mismas cifras en ciertos rubros y hasta el mismo orden en la exposición de temas.
La jefa de gobierno dijo que esa reactivación se sustentaría en la inversión pública que incluyó la entrega de apoyos y microcréditos (por 40 mil millones de pesos) y en la privada (por 75 mil millones). Entre los últimos meses de este 2020 y el 2021 ambas inversiones generarían 300 mil empleos directos, estimó.
Habló de 87 mil 661 empleos directos a generarse entre junio y diciembre, 45 mil 543 empleos indirectos vigentes y 96 mil 427 indirectos a crearse entre entre junio y diciembre.
Según el proyecto de Presupuesto para el 2021 que entregó al Congreso capitalino el pasado 30 de noviembre, la Ciudad perdió 240 mil empleos durante la pandemia y para octubre se habían creado solo 39 mil, la mayoría de ellos en el sector de la construcción.
A pesar de las buenas intenciones, la administración capitalina se topó con la realidad de una caída en la recaudación de impuestos que derivó en una disminución de recursos públicos.
A causa de la disminución de ingresos debido a la contracción económica que generó el Covid-19, el gobierno de la Ciudad realizó una disminución de 13 mil 966 millones de pesos en su presupuesto al tercer trimestre del 2020, lo que es equivalente al 5.8 por ciento del recurso aprobado para este ejercicio fiscal.
De esos 13 mil 966 millones de pesos en reducciones, hasta septiembre pasado el ajuste se resintió más en las dependencias de la administración central, con 4 mil 658 millones de pesos de recorte; le siguen las alcaldías, con 3 mil 429 millones.
Para septiembre se tenía un monto de 7 mil 392 millones de pesos para enfrentar los efectos de la pandemia en la CDMX; de ese dinero ya se tenían programados para el periodo 5 mil 386 millones, de los cuales mil 781 millones se utilizaron para reforzar el sistema de salud, mediante la adquisición de insumos, la reconversión hospitalaria, la contratación de personal médico y el desarrollo y uso de sistemas tecnológicos para brindar información, diagnosticar, orientar y dar seguimiento a los casos.
Otros 3 mil 381 millones de pesos se etiquetaron para otorgar apoyos directos a población y empresas por la caída de ingresos, como el adelanto de programas sociales, la ampliación del seguro de desempleo, acciones sociales para apoyar a personas que se quedaron sin fuente de ingresos, además de microcréditos para empresas.
En su plan de reactivación, la jefa de gobierno sostuvo que la inversión pública sería motor de la regeneración económica.
Así, anunció una inversión pública por 26 mil 962 millones de pesos, para obras de movilidad, de infraestructura educativa, para la salud, reconstrucción, del espacio público, de la red hidráulica y para financiar un esquema de vivienda social.
OPOSICIÓN VECINAL
Pero las obras públicas de la jefa de gobierno han encontrado una creciente oposición vecinal.
Los habitantes de Xochimilco lograron por la vía judicial detener la construcción del puente vehicular en Periférico y Cuemanco porque interpusieron un amparo y convencieron al juez que la obra dañó un humedal.
En avenida Cuauhtémoc, sobre todo en la zona de los pueblos de Xoco y Santa Cruz los colonos bloquearon por semanas el eje vial para evitar el avance de las obras.
Las manifestaciones se suman a 10 amparos interpuestos por ciudadanos que se oponen a la ampliación de la línea 3 del Metrobús, de Etiopía al Eje 8 Sur.
En el poniente de la urbe, los vecinos se cohesionaron en torno a un Frente Ciudadano desde el cual han exhibido inconsistencias, opacidad y hasta posibles desvío de recursos para poner en marcha el Plan Cultural del Bosque de Chapultepec.
GABINETE Y POLÍTICA
En estos dos años la jefa de gobierno se ha visto obligada a realizar cambios en su gabinete. Algunos ajustes obedecieron a la intención de fortalecer la estrategia en la dependencia respectiva, unos más a señalamientos de corrupción y otros por criterios políticos.
La primera salida del equipo fue la de José Luis Beato de la Secretaría de Desarrollo Económico. Proveniente de la iniciativa privada, el funcionario no logró generar la articulación que Sheinbaum espera con el sector empresarial, porque él no pudo entender que ese grupo no sólo es el de las medianas y las grandes compañías, sino también el de micro y pequeñas empresas generadoras de más de 50 por ciento de los empleos de la Ciudad.
Uno de los cambios más importantes y estratégicos, pero también más escandalosos a nivel mediático, fue el que se dio con la salida de Jesús Orta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Ahí hubo una pérdida de confianza inmediata. Orta no le dijo en su momento a la mandataria que enfrentaba una investigación penal por parte de la FGR, que lo acusó de delincuencia organizada.
La indagatoria tiene que ver con la malversación de recursos públicos en la compra de patrullas mientras Orta laboró en el gobierno federal durante el sexenio anterior. Hoy el que fuera jefe policiaco de la Ciudad es prófugo de la justicia.
Por presunta corrupción también dejó el gabinete quien fuera consejero jurídico, Héctor Villegas, al descubrirse que viajó a Estados Unidos para hacer “shooping”. Lo grave es que lo hizo en el avión privado propiedad del líder de transportistas Fernando Ruano.
Una salida que no se puede explicar si no se mira desde una perspectiva política fue la de Rosa Icela Rodriguez de la importante Secretaría de Gobierno.
La funcionaria dejó el cargo porque primero fue invitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a laborar en la dirección de Puertos, aunque luego la nombró en la estratégica posición de la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Rosa Icela Rodríguez siempre ha sido “gente” de López Obrador y por eso su llegada al gabinete capitalino se vio como parte de un acuerdo entre el tabasqueño y la doctora Sheinbaum, sin embargo, las fricciones propias del encargo comenzaron a desgastar la relación entre la jefa de gobierno y su segunda al mando, por lo que “Rosy” decidió buscar cobijo a donde ella consideró que ha pertenecido siempre, al lado de López Obrador.
Un cambio menos importante en lo administrativo pero sí en lo político fue la salida de Héctor Ulises García Nieto de la dirección de la Central de Abasto.
El es uno de los llamados “cuatro fantásticos” por su cercanía a Claudia Sheinbaum, que se remonta a años, y así fue que aceptó la orden de ir a encabezar el partido Morena en la CDMX.
La posición fortalecería políticamente a la jefa de gobierno al interior del Movimiento de Regeneración Nacional, con miras a las elecciones del 2021, pero eso no ha sucedido.
García Nieto no ha logrado articular a los diferentes grupos para comenzar el reparto de candidaturas y en ese contexto los rivales de la mandataria al interior del morenismo se han cohesionado y fortalecido para tomar posiciones y hacerse presentes.
Concretamente el grupo que se aglutina en torno al senador Ricardo Monreal busca ser un factor que modifique la balanza, en una suerte de revancha política que el zacatecano tiene con la doctora, luego de quedar de que en 2018 quedó excluido de la contienda por la Jefatura de Gobierno.
En torno a todas estas acciones y decisiones hay en juego algo mucho más importante, pues Sheinbaum sabe que como jefa de gobierno es candidata natural a la Presidencia de la República en el 2024.
Ella le apuesta, como siempre, a tener la venia de su mentor y líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pero Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard no están dispuestos a hacerle el camino fácil, con todo lo que ello implique.
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