Ciudad de México.- Sin avances sustanciales se dio el segundo aniversario de la aplicación del Sistema Penal Acusatorio, sólo que ahora los policías uniformados en su obligación como –primeros respondientes—no están remitiendo a los detenidos por temor a que el Ministerio Público se niegue a recibirlos.
Y es que la preparación de los elementos de las secretarias de seguridad pública estatal o municipal, así como de los agentes de investigación, sigue siendo el punto vulnerable del sistema penal.
En este sentido ante la falta de preparación y coordinación con las áreas ministeriales y periciales, cuando un policía logra la detención de un infractor, en algunas ocasiones prefiere no hacer la puesta a disposición, pues no ha cumplido con los protocolos para el aseguramiento.
Al respecto, María Novoa directora del área jurídica del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C (CIDAC), explicó que a través del seguimiento de la aplicación del Sistema Adversarial han detectado está práctica pues al momento de la detención de una persona, no se le leen sus derechos, no se respeta sus presunción de inocencia, la aplicación de un trato digno de acuerdo con los protocolos de uso de la fuerza.
Además que aún no saben integrar el Informe Policial Homologado, y la información sobre los hechos no coincide con lo que mencionan ellos mismos ante el Ministerio Público, sobre todo por el tiempo y el lugar del aseguramiento, y el tiempo en el que hacen la puesta a disposición.
Por todo ello, el Ministerio Público no está aceptando al detenido, pues de lo contrario sería una responsabilidad para ellos, y el juez catalogaría de ilegal la detención, y la judicialización de la carpeta de investigación no estaría justificada.
Ante estos escenarios –explicó la especialista—los uniformados de diferentes lugares de la República, entre ellas la Ciudad de México, prefieren no poner a disposición al detenido, y se conforman con haber evitado el acto delictivo, o haber respondido al llamado de auxilio de la víctima.
Explicó que el grueso de las carpetas y las investigaciones siguen siendo por delitos no graves, que tienen medidas alternativas a la solución del conflicto, pero no se aplican, pues decretar la prisión es lo más cercano posible a la manera en que se venía trabajando que en el sistema inquisitivo mixto, y el pago de una cuota institucional impuesta para judicializar las carpetas.
María Novoa explicó que a nivel federal que es donde se deberían de estar resolviendo los casos graves que actualmente aquejan a la sociedad como la delincuencia organizada, se mantiene el número de carpetas de investigación pese al incremento sustancial de los delitos.
A éste nivel sólo se están resolviendo aquellas averiguaciones que no son graves relacionados con delincuencia común como la portación de arma, y narcomenudeo, porque no hay grandes incautaciones de droga.
“Se privilegiando procesos, delitos que si bien son los que más se cometen no son propiamente los que originan inicialmente la violencia, y sólo se están cumpliendo con metas y cuotas institucionales en vez de lograr resultados efectivos”, dijo María Novoa.
Asimismo, negó que haya una relación directa entre la operación del sistema acusatorio con los indicies de violencia e inseguridad que aquejan al país, pero si tiene una relación con la percepción de impunidad con base a la falta de resolución de los casos que se denuncian.
Detalló que una cosa es la política criminal punitiva que se implementó hace 12 años en México, y otra la aplicación del sistema acusatorio, pues coincidieron en la aplicación, y la ciudadanía tiene la percepción de que el proceso adversarial generó la violencia en el país así como la impunidad.
Asimismo, los 15 mil millones de pesos costó la aplicación del Sistema Acusatorio y aún no se refleja en los resultados sobre la capacitación de los servidores públicos.
“Las cuentas las lograron cuadrar, no es un problema de faltantes porque eso se resuelve contablemente, el problema es más bien si efectivamente toda esa cantidad de dinero que se invirtió en el proceso de implementación lograron los resultados, y estamos viendo que en la implementación".
“Más de 15 mil millones de pesos se invirtieron en el proceso de implementación, sin contar todo el recurso de apoyo que vino de parte de la cooperación internacional, principalmente de la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), que como se ve sigue en procesos de consolidación y fortalecimiento de instituciones a nivel del país”, dijo la especialista.
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