Es ilegal ampliación del plazo para registrar aspirantes a comisionados del Infodf, señala especialista

Alberto Cuenca Reportero en Capital CDMX

Ciudad de México.- La ampliación del plazo en la convocatoria para seleccionar a los nuevos comisionados del Instituto de Transparencia capitalino, aprobado hoy por la Asamblea Legislativa, es ilegal y vulnera el principio de equidad, por lo que podría impugnarse la integración del organismo garante de la transparencia en la Ciudad, advirtió la especialista María del Carmen Nava Polina.

Nava, quien es directora de la organización Visión Legislativa y fungió como Coordinadora de Transparencia de la Asamblea Constituyente, dirigió hoy una carta a los diputados de la Comisión de Transparencia y a los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios en la ALDF, en la cual crítica el proceso de selección de los futuros comisionados de transparencia local.

En la misiva, la politóloga y también candidata al cargo de comisionada del Infodf, expuso que la publicación el día de hoy en la Gaceta Oficial del Acuerdo de la Comisión de Gobierno de la ALDF, sobre la ampliación del plazo de registro de aspirantes mujeres, deja asentado dos elementos.

El primero de ellos es que resulta ilegal el proceso, puesto que la primera parte del procedimiento de valoración de perfiles compete exclusivamente  a  la  Comisión  de  Transparencia.

"Dicho trabajo se lleva a cabo fundamentado en lo que determina la Ley de Transparencia local (artículo  39, fracción I) y las facultades de las comisiones que establece la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa  (artículo 61, fracción II), que refiere que éstas realizan sus actividades por acuerdo de ellas mismas.  

"Por ende, el acuerdo publicado por la Comisión de Gobierno se emitió sin tener facultades para ello,  pues se fundamenta en poder emitir acuerdos sobre asuntos del Pleno de la Asamblea, siendo que la  primera parte del proceso compete exclusivamente a la Comisión de Transparencia. En consecuencia,  dicho acuerdo es violatorio del trabajo de la Comisión en comento, por ende, es violatorio de la Ley de  Transparencia local", argumentó Nava.

En segundo lugar, acusó que la ampliación del plazo de registro por un órgano no facultado en la Ley de Transparencia local, como es la Comisión de Gobierno, vulneraría doblemente los principios de legalidad y equidad, no sólo de las ciudadanas y  ciudadanos registrados, ya entrevistados.  

Se asentaría un gravísimo precedente para la conformación del Sistema Nacional de Transparencia y de los  sistemas anticorrupción en los que participaría el órgano garante de la Ciudad de México, dijo Carmen Nava.

"Expreso mi preocupación por el desaseo, la poca transparencia y la falta de legalidad. La transparencia es un  derecho humano y obliga a cualquier autoridad en el ámbito de sus atribuciones, a respetarlos, protegerlos y  garantizarlos; situación que se ha visto vulnerada con la emisión del Acuerdo de la Comisión de Gobierno. Éste es una muestra de la falta de legalidad en el respeto de los procesos de registro de la convocatoria emitida por esta  Comisión de Transparencia el pasado 28 de diciembre. Transgrede los principios rectores de la transparencia de  eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y profesionalismo", lamentó. 

Consideró que en el escenario de que la Comisión de Transparencia continuara con el proceso, dando por válido el  Acuerdo  de  la  Comisión  de  Gobierno,  abdicaría  de  sus  facultades  legales,  y  pondría  en  riesgo  tanto  la  conformación del próximo Instituto de Transparencia de la Ciudad, como el garantizar los derechos humanos de  acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas.

Agregó que por la violación de los principios de legalidad y de equidad, se podría impugnar la integración del próximo órgano  garante; lo que dejaría en riesgo la operación completa del sistema anticorrupción y, con entredichos de legalidad, se  ocuparía un sitio en el Sistema Nacional de Transparencia.

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