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Justicia

Encripta Poder Judicial Federal información sobre camionetas blindadas

Ciudad de México.- El Consejo de la Judicatura Federal encriptó el nombre de la empresa ganadora de la licitación para la adquisición de 72 camionetas blindadas, así como chalecos antibalas y equipo de detección intrusiva, así como el costo neto que habrá de tener la inversión en seguridad.

“Se clasifica como información reservada la contenida en el acto de aclaración a las bases del procedimiento adjudicatario referido al párrafo precedente, en virtud de contener información de carácter técnico que pone en riesgo la vida y seguridad de personas físicas”.

“No obstante en el ánimo de garantizar los principios rectores de máxima publicidad y trasparencia…, se hace del conocimiento público que se registraron para participar en el presente procedimiento licitatorio 41 empresas, recibiéndose en tiempo y forma 17 proveedores, un total de 116 preguntas, las cuales 103 son de carácter técnico y 13 de carácter financiero, legal y administrativo”.

De esta forma, el CJF también entregó una carta de confidencialidad a las empresas concursantes de no dar a conocer bajo ninguna circunstancia, sobre las características generales del contrato por tratarse de datos que ponen en riesgo la integridad física de las personas y la investigación de mercado.

Dichas restricciones durante la investigación de mercado estarán dirigidas a los trabajadores de cada una de las empresas que están concursando, los cuales también se hacen responsables de cualquier tipo de información que se filtre.

“Por tratarse de información reservada que puede comprometer la seguridad de las personas con motivo de la presente investigación de mercado, siendo responsable de la difusión no autorizada di de dicha información y de los daños y perjuicios que cause por ese motivo, consiente de las sanciones a las que puedo ser objeto…”.

El pasado mes de octubre, el Poder Judicial de la Federación lanzó una licitación para adquirir un lote de otras 72 camionetas blindadas, así como chalecos acorazados y equipo de detección intrusiva, con ello buscan proteger a los funcionarios que abordan temas se seguridad y delincuencia organizada.

A principios del 2017 el PJF recibió una primera remesa de 70 camionetas blindadas, igualmente destinadas a integrantes del Poder Judicial, y ahora con esta nueva adquisición serán 142 vehículos acorazados obtenidos para proteger a jueces y magistrados, así como su personal cercano.

De acuerdo con la licitación CJF/SEA/DGRM/LPN/026/2017 "Adquisición de vehículos blindados, prendas de protección personal y equipo de detección intrusiva", que comprende: 72 vehículos blindados tipo SUV; de 80 a 120 chalecos balísticos; de 38 a 61 bandas de rayos "X"; de 22 a 46 arcos detectores de metales, y de 45 a 86 detectores de metales manuales.

Estos últimos materiales serán para proteger los juzgados y tribunales donde se discuten los temas penales vinculados a delincuencia organizada y delitos contra la salud principalmente, aunque en todas las instalaciones del PJF se colocan equipos de seguridad en las entradas y salidas principales de los inmuebles.

Protocolo de seguridad para jueces

En abril del 2014 a propuesta de autoridades judiciales mexicanas, se firmó el protocolo de seguridad para jueces, mismo que fue aprobado por la Asamblea Plenaria de Presidentes de Cortes Supremas y Consejos de la Judicatura, y desde ese momento se autorizó el uso de escoltas y autos blindados para ellos, sus colaboradores y familias cuando sea necesario.

El Protocolo Iberoamericano para Garantizar la Seguridad de las y los Juzgadores se toma como base para garantizar su independencia y autonomía al momento de juzgar, salvaguardando a su equipo de trabajo y a sus respectivas familias.

En esos momentos los presidentes de las Cortes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay, reconocieron que la seguridad es una de las bases de la independencia judicial, que requiere, además de medidas y programas de protección física, tutelar y fortalecer otras garantías como la carrera judicial.

“Protección a través de vehículos blindados y escoltas. Las y los juzgadores, sus familias y personal auxiliar deben de gozar de esta protección en caso de que se la requieran, la cual podrá ser permanente o emergente”, dice el manual.

En sus justificaciones se explica que la presencia del crimen organizado transnacional ha ganado espacios a través de su poder económico, y es la amenaza constante para el trabajo de jueces y magistrados.

Como parte de este esquema se plantea la necesidad de la reubicación voluntaria como medida cautelar en caso de que el juzgador y su familia estén en riesgo, y tengan que cambiar de residencia y adscripción.

El documento subraya que ninguna de estas medidas preventivas tendrá algún costo adicional para los jueces y magistrados que soliciten la protección.

“Los integrantes de los poderes judiciales ocupan una posición muy destacada, pero a la vez de alta exposición, lo que hace necesarios esquemas más afectivos de seguridad y protección”, es una de las justificaciones para crear el protocolo.


Como parte de las garantías para realizar su trabajo piden que las denuncias y quejas infundadas en su contra sean sancionadas.

También se ordenó tener sedes judiciales adecuadas y seguras, con base en un cuerpo de guardia interno especializado, encargado de elaborar diagnósticos y protocolos de seguridad.

Primera Adquisición

En septiembre del 2016 el órgano lanzó la convocatoria para la licitación de 70 unidades blindadas tipo Suburban, modelo 2017; 15 vehículos se destinarán a juzgadores de Nuevo León, 15 a Jalisco, 20 al Estado de México y las 20 restantes a los de la Ciudad de México, donde se concentra el mayor número de expedientes de todas las materias, tanto de procesos penales federales como de amparo.

En su momento la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores (AMBA), informó el costo de una camioneta Suburban, modelo 2017 blindada, Nivel 5, que soporta ráfagas de R-15 y AK-47, y regularmente es el que solicitan para protección de este tipo de servidores públicos, puede alcanzar el precio de 2 millones 630 mil pesos, dependiendo del proveedor y la cotización del dólar en ese momento.

Para estos vehículos se utilizan acero balístico, y vidrios cristales especializados, los mismo que se colocan en los puntos determinados de la unidad, y ahora hay materiales igualmente resistentes pero más ligeros pero tienen un mayor costo, aunque la unidad será más liviana y con mayor nivel de manipulación y rapidez en caso de cualquier tipo de percance.

La vida útil de cada unidad depende o de la frecuencia con la que sea utilizado, aunque sí es sometido a un ataque directo y constante, con armas de fuego, así como a sumersión en agua o altas temperaturas, su capacidad disminuye drásticamente.

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