Ciudad de México.-La Asamblea Legislativa del DF (ALDF) se prepara para darle un tratamiento fast track y aprobar el jueves de la próxima semana la iniciativa del Jefe de Gobierno que propone cambios a la Ley General de Salud, a fin de incrementar los tipos penales y las sanciones contra aquellas personas que trafiquen y comercien con drogas en centros educativos y en sus inmediaciones.
Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno del órgano legislativo, dijo que en la sesión del Pleno del jueves se presentará la iniciativa que hoy dio a conocer Miguel Ángel Mancera, con la intención de que en esa misma semana se entregue a la Cámara de Diputados, por tratarse de una normatividad de alcance federal que debe ratificar el Congreso de la Unión.
Como parte de esa estrategia, el asambleísta dijo que la siguiente semana y una vez que la ALDF avale esa iniciativa de iniciativas, los legisladores locales acudirán a San Lázaro para solicitar la atención de los diputados federales y subrayarles la importancia de aprobar lo más pronto posible esa propuesta, con la que se buscan abatir el narcomenudeo en instalaciones educativas como el campus de Ciudad Universitaria de la UNAM.
“Tenemos que llevar todo el proceso legislativo. Hemos comentado con los integrantes de la Comisión de Gobierno sobre la importancia de esta iniciativa de iniciativas, por eso comentábamos que el próximo jueves la estaremos presentando, evidentemente corriendo todo el proceso legislativo correspondiente”, detalló Luna, durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado del secretario de Gobierno capitalino, José Ramón Amieva; el consejero jurídico, Vicente Lopantzi, y el procurador local, Edmundo Garrido.
Agregó que en esa visita a la Cámara de Diputados, también se solicitará a los legisladores federales que se retome una reforma pendiente que gestionó Miguel Ángel Mancera, para que cualquier persona que porte un arma sin tener la autorización debida purgue pena de prisión sin gozar de beneficios de preliberación o de una menor sanción. El Senado ya aprobó esa iniciativa pero la minuta se atoró en San Lázaro.
Durante la conferencia, el secretario de Gobierno José Ramón Amieva detalló que en 2017, un total de 2 mil 681 personas fueron detenidas en la Ciudad por venta de drogas al menudeo; de ellas se vinculó a proceso a mil 932, pero la prisión preventiva sólo se concedió a 7.5 por ciento. El restante estuvo en la calle y en condiciones de ejercer la misma actividad por la que se les detuvo.
Reveló que, en lo que va de 2018, se han puesto a disposición a 625 personas por narcomenudeo. De ellas, 400 personas han sido vinculadas a proceso, sin embargo, 255 cuentan con suspensión condicional y 109 con presentación periódica, es decir, que aun y cuando resultan culpables, gozan de beneficios para estar en libertad.
Por ello, detalló que la iniciativa del Jefe de Gobierno aborda la modificación de dos artículos de la Ley General de Salud, el 475 y el 476. Se adiciona los verbos rectores o conductas que se incorporan a un tipo penal, de transporte y tráfico relacionados con el comercio y suministro.
Se incorpora un aumento a la pena de prisión, previsto en el artículo 475, que hoy es de cuatro a ocho años de cárcel y ahora se solicita que sea de 6 a 10 años.
En el artículo 476 se pasa de una pena de 3 a 6 años a una de cinco a 8 años de prisión, lo que impide el acceso a algún tipo de beneficio para cumplir la condena.
Además, se propone elevar el rango de protección establecido por la Ley General de Salud, para sancionar a quienes trafiquen y comercialicen con drogas dentro o en las cercanías a centros educativos. Hoy ese rango es de 300 metros y se elevaría a un kilómetro.
“Se determina que la conducta no debe cometerse en un radio de un kilómetro alrededor de centros educativos, centros asistenciales, centros policiales o centros de reclusión”, detalló Amieva.
Insistió que al aumentar la pena, se impide que el narcomenudista acceda a beneficios como la sustitución de la pena, la suspensión condicional de ejecución de la pena, la suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado, el cual aplica cuando el procesado acepta su culpa para que se le imponga una pena menor.
Vicente Lopantzi, consejero jurídico, detalló que al redactar esta propuesta de reforma a la Ley General de Salud no es necesario plantear modificaciones al artículo 19 de la Constitución, donde se señala un catálogo de delitos, pues se establece que quien comete el ilícito de narcomenudeo no tendrá como beneficio la prisión preventiva oficiosa y deberá estar en un centro de reclusión mientras dure su proceso.
El procurador capitalino, Edmundo Garrido, habló de las acciones que se han emprendido en las inmediaciones de Ciudad Universitaria luego de que en febrero pasado dos presuntos narcomenudistas fueron abatidos a balazos en la zona conocida como los frontones.
Reveló que se ha detenido a 42 presuntos vendedores de droga en las inmediaciones del campus, de los cuales se ha puesto en prisión preventiva al 14 por ciento, además de que se han realizado cateos en dos inmuebles ubicados en las cercanías de CU y se va a proponer la extinción de dominio para esos predios.
José Ramón Amieva detalló que el trabajo de inteligencia realizado por la policía local para llegar a los resultados anteriores se ha llevado a cabo afuera del campus universitario, pues en el caso de los ilícitos que se cometen dentro de CU estos son del ámbito federal.
Agregó que tuvo comunicación con el rector de la UNAM, Enrique Graue, para que la Facultad de Derecho y la abogada general de la máxima casa de estudios hagan un acompañamiento de la iniciativa generada por el Jefe de Gobierno sobre la Ley General de Salud.
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