Ciudad de México.- En el Senado de la República, los gobernadores de Tlaxcala, Colima, Durango, Querétaro, Guerrero, Jalisco y el Jefe de Gobierno de la Ciudad, se mostraron proclives a una Ley de Seguridad Interior que dé certeza a la actuación de las fuerzas armadas en el combate al crimen. Algunos de ellos dijeron estar abiertamente a favor de que la Cámara alta apruebe esa polémica legislación y negaron que con ella se militarice al país.
Esta mañana los legisladores integrantes de las comisiones del Senado que elaborarán el dictamen de dicha Ley sostuvieron encuentros con gobernadores, alcaldes y representantes de la sociedad civil para analizar la minuta de esa nueva norma. La realización de estos encuentros se dio luego de que se suspendiera ese proceso de dictaminación y en su lugar se abriera un análisis respecto al tema.
Cada uno con sus argumentos, los gobernadores advirtieron que sería un grave riesgo a la seguridad nacional retirar a los militares de sus tareas contra organizaciones criminales. La ley no militariza al país, no invade competencias locales ni transgrede los derechos humanos ni las garantías individuales, aseguraron.
Precisaron que no se criminaliza la protesta social y señalaron que es una exigencia ciudadana restablecer la seguridad, para ello, se necesita toda la fuerza del Estado y contar con policías certificadas.
Mencionaron que con la participación del Ejército se ayudaría a revertir institucionalmente la debilidad que tienen todavía los tres niveles de gobierno en tareas de seguridad.
En la mesa donde estuvieron presentes los mandatarios estatales, el gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, consideró que no es correcto decir que esa ley provocará la presencia cotidiana de las fuerzas armadas en las calles
“De hecho, es al revés, la Ley de Seguridad Interior establece los procedimientos, los procesos, las etapas, los protocolos para que esto pueda ocurrir. Y por otra parte, a los estados nos pone en la vía de fortalecer la necesidad de profesionalizar nuestras policías.
“Una ley como esta establece, no solamente para las Fuerzas Armadas, sino también para todas las autoridades del Estado mexicano, la base de legalidad para que las autoridades correspondiente puedan actuar”, expuso.
Subrayó que contar con un marco jurídico de tal envergadura da la certeza legal que requieren las Fuerzas Armadas para participar complementariamente, en algunos casos supletoriamente, en materia de seguridad pública.
José Ignacio Peralta, de Colima, dijo que los gobernadores tienen muy claras sus obligaciones constitucionales, por lo que “por ningún motivo estaríamos de acuerdo en que se invadan las esferas de competencia de lo que nos corresponde a las autoridades locales o intermedias”, expresó.
Dijo que su posicionamiento es de forma contundente a favor de la Ley de Seguridad Interior, pues expuso que México vive problemas complejos que requieren una visión de Estado y que requiere que los actuantes en política tengan una visión y un comportamiento a la altura de las circunstancias.
“Muchas familias mexicanas están padeciendo por estas ausencias en la política pública, que deben atenderse y que esta Ley de Seguridad Interior definitivamente viene a llenar un hueco en la política pública, que nos va a permitir ser mucho más eficientes en esta demanda tan importante de la población, que es más seguridad”, argumentó.
En el mismo sentido se expresó José Rosas Aispuro, de Durango, quien consideró que en este momento se necesita la participación de las Fuerzas Armadas para poder garantizar que no sólo detengan la inseguridad, sino disminuirla de manera gradual, además de incluir la profesionalización de las policías civiles y aumentar el número de las mismas.
“Nosotros consideramos que hoy es muy importante que el Senado de la República respalde a los mexicanos con esta nueva Ley de Seguridad Interior, que le vendrá a dar certeza a la sociedad no para militarizar, como alguien ha querido hacer ver, eso es totalmente falso, no hay nada que se asemeje a ello”, subrayó.
Otro panista, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, explicó que de parte de los gobernadores emanados de ese partido ha habido desde hace cuatro meses un claro exhorto a ambas cámaras del Poder Legislativo a que ya no alarguen el periodo ordinario de sesiones que terminará ya en unos cuantos días y den certeza jurídica a las Fuerzas Armadas.
“Con lo que ya han dicho mis compañeros gobernadores estamos totalmente de acuerdo, en la coordinación entre entidades, en lo de derechos humanos, en la libre manifestación en las calles. Eso lo fortalecemos y lo apoyamos, pero sí urgimos a que le den a las Fuerzas Armadas certeza jurídica, por la tarea y lo que está aconteciendo hoy en nuestro país, que para nadie es ajeno”, expresó.
Para Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, la posición de su gobierno es clara en el sentido de decir no a la militarización.
“Creo que hay temas donde el canal y el puente con sociedad civil debe ser fundamental; es una ley para todos los mexicanos, es una ley que le debe dar certeza a ciudadanos que son padres de familia, madres de familia, mexicanos que portan el uniforme con orgullo y que están dispuestos a arriesgar su vida; pero hay que darles certeza, que caminen con seguridad: en dónde van a estar, cuánto van a estar y qué es lo que tienen que hacer, y qué es lo que por supuesto hoy se establece no pueden hacer”, dijo. Se pronunció por acabar con la ambigüedad, así como con las lagunas y las contraposiciones jurídicas.
Héctor Astudillo, de Guerrero, recordó que en momentos anteriores los mandatarios del país han expresado por mayoría una opinión favorable a la Ley de Seguridad Interior.
Me siento con el valor político para expresarles a ustedes que las circunstancias por las que atraviesa el país, orientan a darle la mayor atención y responsabilidad a este tema. La suma de factores estructurales y de coyuntura, han colocado al país, y especialmente a Guerrero, a una circunstancias de riesgo para la seguridad del país.
He expresado, y lo manifiesto aquí en la representación del Pacto Federal, que Guerrero es un asunto y se ha convertido en un asunto de seguridad nacional”, señaló, al recordar que esa entidad ocupa el primer lugar en homicidios, además de que extensas zonas son disputadas todos los días por bandas criminales para controlar un territorio donde se cultiva la mitad de toda la amapola que se produce en el país.
El jefe de Gobierno de la Ciudad, Miguel Ángel Mancera, dijo que se debe dar un marco de legalidad a la actuación de los militares, ya que si se retiran de sus tareas “se colocaría en un jaque y en un grave riesgo a la seguridad nacional”. Sin embargo, agregó: “No quiero dejar de señalar que en esta minuta yo advierto excesos y advierto algunas disposiciones que rebasan lo que incluso han solicitado las Fuerzas Armadas”.
Opinó que hay varios artículos en donde se rebasa lo que se puede entender por coordinación y se pasa a un esquema de subordinación del Estado mismo, de los estados, de las fuerzas estatales o municipales, respecto de quien designe el Ejecutivo Federal como coordinador de las tareas de seguridad. Ello, agregó, está dejando una puerta abierta que rayaría en un exceso de tomar el asidero de esta ley, incluso creo que sería extralegal.
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