Ciudad de México.- En el pueblo de Los Reyes, Coyoacán, existe el riesgo de que detone un conflicto social porque se ha frenado desde diciembre de 2015 la construcción de 134 viviendas de interés social.
Esta obra, a decir de Irene Soto, representante de la Asociación Nueva Generación, cuenta con todos los permisos del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi); sin embargo, la vecina afirmó que el ex delegado en Coyoacán y ahora diputado local del PRD Mauricio Toledo «ha azuzado a los colonos para detener la obra y adueñarse del predio de más de 9 mil metros cuadrados».
El proyecto, autorizado por el gobierno de la Ciudad de México en 2012, consiste en el desarrollo de un edificio de tres niveles; tres edificios de cinco niveles; y cuatro edificios de cuatro niveles en la calle de Ciénega 28.
Al respecto, Mauricio Toledo afirmó que «el predio no cuenta con cajones de estacionamientos y se harán cientos de viviendas en detrimento de los habitantes del pueblo de Los Reyes».
Por eso, aseguró, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) ya hay un consenso del PAN, PRD, PRI y hasta Morena contra la obra «por no cumplir los requisitos legales».
Los vecinos inconformes a finales de 2015 tomaron palos y piedras para cerrar la calle e impedir el acceso al predio.
Los afectados son más de 134 familias que han pagado para obtener una vivienda y aseguran que si la delegación y el gobierno de la Ciudad de México no dan garantías para que se realice la obra habrá una confrontación entre colonos.
Soto entregó a Capital CDMX los documentos que prueban la legalidad de la obra, no obstante, el 27 de enero pasado Toledo promovió un acuerdo junto con el panista Miguel Abadía en la ALDF para pedir al INVI y a Seduvi informes del predio.
«Nos llama la atención que Toledo se pronuncie contra una obra que él como delegado autorizó», dijo Soto en entrevista.
En el mandato de Toledo en Coyoacán se autorizó la demolición en el predio de Ciénega 28 y el derribo de más de 60 árboles para la construcción de 134 casas de interés social, con un valor menor a los 610 mil pesos.
Con base en ello, Soto afirmó que Toledo y Abadía son incongruentes porque supuestamente están preocupados por la falta de servicios como agua en Los Reyes, pero no se pronuncian en contra de un proyecto inmobiliario que se edifica avenida Aztecas número 211, donde se van a construir torres de siete niveles para alojar 360 departamentos con un valor de hasta los 2 millones 800 mil pesos.
Comentó que ahora el diputado del PRD junto con Miguel Abadía del PAN están construyendo una serie de mentiras para echar abajo el proyecto.
Una de esas mentiras, dijo Soto, es que el proyecto no cuenta con cajones de estacionamientos. Sin embargo la obra cuenta con 91 espacios para autos tal y como lo aprobó la Seduvi con base en lo que marca la ley.
Mauricio Toledo señaló en tribuna de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que la obra es ilegal; en contraste los colonos aseguraron que ya se realizaron verificaciones por parte del Instituto de Verificación Administrativa y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y en ninguno de los casos se encontró alguna irregularidad
La organización nueva generación comentó que la mayor mentira del los asambleístas es que se señala que la obra viola el uso de suelo y que es un proyecto inmobiliario. «No es un proyecto inmobiliario como lo hacen creer con la finalidad de engañar a la gente. Es un proyecto de vivienda de interés social con crédito autorizado por el Instituto de Vivienda por la modalidad de autoproducción», se lee en un documento entregado a la Comisión de Gobierno de la ALDF.
Con los mismos argumentos, Irene Soto, representante de Nueva Generación, pidió a la secretaría de Gobierno, Patricia Mercado, apoyar con fuerza pública para dar seguridad durante se desarrolla la obra autorizada por el INVI.
Conflicto de derechos
Los vecinos de los Reyes aseguraron que una obra de este tipo rompe la imagen del pueblo y anteponen sus derechos como pueblo indígena.
Por ello, en agosto de 2015, intervino la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para investigar el caso.
En una solicitud de colaboración, elaborada el 3 de agosto de 2015, la Tercera Visitaduría de la CDHDF señaló que existe un afectación del derecho a la vivienda de 134 personas por parte de la delegación Coyoacán que no ha dado las garantías para que se desarrolle la vivienda que cuenta con los permisos del INVI.
La Comisión afirmó que los vecinos de Ciénega 28 han realizado una serie de compromisos y trámites para que el proyecto cumpla con la normatividad y han sumido el compromiso de mejorar las pendientes del drenaje, efectuar mecanismos de captación de agua pluvial y destinar el 50 por ciento del predio para una área libre, así como respetar la circulación de vehículos para no generar congestionamiento vial.
Por ello, se le pidió a las autoridades que en un plazo de 10 días hábiles otorgarán las condiciones de seguridad para ejercer el derecho a la vivienda y se hiciera una protección contra el hostigamiento, amenazas u otra situación que dificultara el proyecto; sin embargo, las autoridades no han actuado y tampoco se ha cumplido la recomendación de la CDHDF de hacer de manera conjunta mesas de trabajo para evitar un conflicto social.
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