Ciudad de México.-Auditorías que nueve empresas revisoras llevaron a cabo en 23 proyectos de reedificación detectaron una serie de irregularidades, como la falta de comprobación por 124 millones 181 mil pesos en una decena de esos proyectos, sobrecostos, falta de documentación, así como cambios de proyectos estructurales que incluso fueron justificados por directores responsables de obra.
César Cravioto, comisionado para la Reconstrucción y Juan José Serrano, secretario de la Contraloría, ofrecieron esta tarde una conferencia, donde anunciaron los resultados de esas auditorías y advirtieron que las empresas encargadas de la reedificación y que fueron auditadas tendrán hasta el 9 de agosto próximo para solventar las inconsistencias técnicas y económicas.
Si las empresas no cumplen solventando dicha información, se iniciarán procedimientos de sanción en contra de dichas firmas, los cuales dependerán de la gravedad de la falta.
Además, se le girará un oficio a los administradores de estos edificios en reconstrucción para que no liberen ningún otro pago a las empresas con inconsistencias, excepto que la propia Comisión de Reconstrucción determine necesario realizar los pagos para el avance de las obras.
Si las empresas que actualmente tienen un monto no comprobado satisfactoriamente o no logran demostrar el gasto de manera eficiente, éstas tendrán que devolver el recurso o realizar obras complementarias en favor de las personas damnificadas de estos edificios, agregaron los funcionarios.
Además, detallaron que si las empresas inspeccionadas no colaboran con la Comisión para la Reconstrucción y la Secretaría de la Contraloría, serán boletinadas para no tener más contratos en la Ciudad, además de iniciar procedimientos administrativos y legales contra esas firmas.
Las nueve empresas auditoras fueron contratadas por el gobierno de la Ciudad para llevar a cabo esa revisión en proyectos de reedificación de edificios dañados por el sismo de 2017, como la unidad Multifamiliar Tlalpan, la unidad Girasoles, además de otros predio en Insurgentes Norte, Zapata, Rincón del Sur y la calle de Aluminio.
El caso de Aluminio es uno de los más destacados pues ahí la empresa Diseño Arquitectónico y Construcciones tuvo un presupuesto por 39.9 millones de pesos para llevar a cabo la reconstrucción en el predio ubicado en el número 166 de esa calle, pero la compañía no ha logrado comprobar 34.6 millones.
Otro caso de graves inconsistencias es el de Insurgentes Norte 476 donde la empresa Grupo Darmi SA no ha presentado evidencias documentales que respalden el reforzamiento estructural, donde además se hicieron modificaciones al proyecto ejecutivo.
En ese predio, el director responsable de obra y corresponsable de seguridad estructural justificaron un aumento significativo en el reforzamiento estructural y por consecuencia hubo un sobre costo.
Sobre la responsabilidad de director responsable de obra y el corresponsable de seguridad estructural, para el caso de este predio y otros donde también se avalaron cambios al proyecto ejecutivo, César Cravioto expuso que será el Instituto para la Seguridad de las Construcciones el que determine algún deslinde de responsabilidades para esos funcionarios.
Agregó que esos funcionarios tendrían responsabilidades administrativas y penales si no se solventan las inconsistencias.
Uno de los casos más mediáticos, por las denuncias que ha hecho la organización Damnificados Unidos es el de la empresa REM Ingeniería Ecológica, la cual tiene a su cargo la reconstrucción de los edificios 3B, 4A, 4B y 4C.
Los damnificados acusaron que esa compañía hizo una reedificación deficiente, con materiales de mala calidad, además de que incurrió en sobrecostos y dejó trabajos incompletos.
Sobre el hallazgo de las auditorías, César Cravioto expuso que REM ha incurrido en la falta de documentación para completar el expediente, no ha exhibido los procedimientos constructivos de habilitación de acero, acabados e instalaciones; además de que presentó bitácoras incompletas sobre las especificaciones del concreto.
De los 126 millones de pesos que la empresa REM tiene para la reedificación, ha ejecutado 54.7 millones y no ha logrado comprobar el gasto de 12.7 millones.
Por su parte, Juan José Serrano expuso que la Secretaría de la Contraloría General, a fin de vigilar y supervisar que los recursos públicos hayan sido destinados para la rehabilitación de dichos inmuebles, inicio tres intervenciones por parte de los Órganos Internos de control en Jefatura de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y Secretaría de Administración y Finanzas respectivamente.
Las instancias de gobierno que le darán seguimiento a los distintos procesos subsecuentes de estas inspecciones y en atribución a sus distintas facultades son la Secretaría de la Contraloría General, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría de Obras y Servicios, Consejería Jurídica y de Servicios Legal.
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