Ciudad de México.- Desde hace ya varios años, una de las prácticas criminales más perniciosas es la que despliegan los sicarios para obligar a los periodistas y a los medios de comunicación a guardar silencio.
Quizá uno de los grupos que más acentúo esta práctica fueron Los Zetas, que en Tamaulipas establecieron toda una red de presiones para impedir el ejercicio del periodismo.
En las zonas de influencia contaban con “enlaces” de prensa que aplicaban una censura previa y que promovían la difusión de informaciones que convenían a sus intereses.
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La nota roja era la que más les importaba. Algunas historias estaban prohibidas y otras en cambio tenían que ser narradas a profundidad.
El propósito central es la construcción de una narrativa que les permita, a los delincuentes, mantener los reclamos de la ciudadanía a niveles que no obliguen a las autoridades a actuar contra ellos. Es decir, que no se caliente la plaza y se convierta en un problema.
Ser reportero en esos lugares se tornó en algo muy complicado al grado que nuestro país se convirtió en uno de los más riesgosos para ejercer el oficio.
Para colmo, a ello habría que sumar la colusión de autoridades, por regla general municipales o estatales, con los propios bandidos, dejando en la indefensión a los periodistas y a sus medios.
En la actualidad hay un ejemplo de esta situación y es la región de Iguala en Guerrero, donde desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las presiones contra la prensa no han sino aumentado. (La Jornada publicó este domingo una nota muy interesante al respecto).
Esto es así por la presencia de los Guerreros Unidos, una organización sumamente violenta y que no suele marcar líneas dentro de su propia actuación, como quedó demostrado la noche en que secuestraron a los normalistas.
Es en situaciones como esta, cuando se requiere de la participación de la sociedad, en acompañamiento a las autoridades, para recuperar la normalidad en libertad de expresión e inclusive en derechos.
El silencio que tratan de imponer los narcotraficantes en ominoso y atenta contra la democracia misma, de ahí que revertirlo resulte una tarea prioritaria.
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