El evangelio fascista



Ciudad de México.- Dos decisiones del Senado de la República ilustran el rumbo que está tomando México bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por un lado, el intento de prolongar ilegalmente la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) esconde el objetivo siniestro de establecer el precedente de una ruptura de nuestro ordenamiento constitucional para reducir al mínimo, y de manera definitiva, la división de poderes que paulatinamente instauró nuestro inconcluso y frágil sistema democrático. Por el otro, la decisión de establecer un Padrón Nacional de Telefonía Móvil que ordena crear nuevas bases de datos con información biométrica y personal de los usuarios, se configura como una grave violación a los derechos humanos y manda una señal muy clara sobre el rumbo autoritario que impulsa el gobierno actual. Estas determinaciones reafirman la abdicación y sometimiento total del Poder Legislativo a los mandatos del Poder Ejecutivo. El objetivo combinado de la estrategia es, ahora, la captura del Poder Judicial y el establecimiento de nuevos mecanismos de control social y político.



Estas acciones no son nuevas, forman parte de una práctica habitual de otras formas autoritarias de gobierno. En Italia, por ejemplo, el fascismo promovió una organización del Estado totalitario que se instauró con la destrucción del precedente orden jurídico liberal y democrático. Impuso la ocupación paulatina de las instituciones del Estado, la designación de jueces a modo y el establecimiento de magistrados de partido. Este esquema continuó con la atribución de nuevos poderes al gobierno, con ataques sistemáticos a la prensa libre e intentos deliberados para cancelar las oposiciones políticas. Para el fascismo fue un objetivo prioritario la transformación extralegal del derecho para lo cual impuso una “renovación jurídica popular” a través de los legisladores fascistas. Se proclamó la necesidad de una nueva idea del derecho para adecuar el ordenamiento jurídico existente a las convicciones y creencias de la ideología dominante. Una nueva teoría de la interpretación de las fuentes del derecho se puso al servicio de las necesidades del dictador Benito Mussolini bajo el argumento del “retorno del derecho al orden moral y popular”.



Sus deseos de instaurar un sistema totalitario y de control social abarcaron desde nuevas censuras y restricciones a la libertad de opinión, hasta la imposición de una cultura de la lealtad y la fe ciega. En este sentido, la recopilación de los datos biométricos y personales de los ciudadanos que pretende este gobierno, se inscribe perfectamente en la lógica autoritaria típica del capitalismo de la vigilancia que reclama para sí la experiencia humana como materia prima. Impone su dominación sobre la sociedad y plantea alarmantes peligros para la democracia. Se trata de una expropiación de derechos humanos fundamentales y de un golpe desde el Estado a la libertad y al derecho a la privacidad de los ciudadanos. El nuevo poder instrumental que se configura permitirá al gobierno conocer nuestras pautas de vida, representando un tipo control que ningún tirano en la historia ha tenido a su disposición. Incidir en los comportamientos sociales y políticos de los súbditos ha sido el sueño de toda dictadura.



Por el contrario, el Estado constitucional democrático indica el imperio de la ley y la tutela de los derechos humanos. La resistencia ciudadana al evangelio fascista que persigue la 4T, plantea la necesidad de garantizar la supremacía de la Constitución para impedir que mayorías parlamentarias coyunturales puedan alterar los principios básicos de nuestro orden social, jurídico y político.



  • Isidro Cisneros

    Isidro Cisneros

    Doctor en Ciencia de la Política por la Universidad de Florencia, Italia. Licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle del Pedregal. Fue diputado de la Asamblea Constituyente de la CDMX.

Etiquetas: CDMX Capital CDMX Fascismo Benito Mussolini SCJN Andrés Manuel López Obrador Senado