Ciudad de México.- Desde que las autoridades electorales reconocieron el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, éste ha descalificado e incluso denigrado la labor periodística, utilizando adjetivos como “prensa fifí”, “conservadores”, “hipócritas” o “deshonestos”, para referirse a aquellos medios o periodistas que no comulgan con sus ideas o políticas, generando desprestigio e inhibiendo el ejercicio de la libertad de expresión. Con su desdén y divisionismo pone en riesgo la vida, libertad, integridad y seguridad de aquellos periodistas que son estigmatizados por sus críticas contra esta Cuarta Transformación.
Los derechos a la libertad de opinión y expresión de las personas dedicadas a la actividad periodística, deben ser garantizados por el Estado mexicano, al menos así lo señala el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y de difundirlas, sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión”.
Durante 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió diversos testimonios sobre ataques físicos y psicológicos, desapariciones e incluso asesinatos contra periodistas o medios de comunicación en México, por lo que recomendó que para prevenir la violencia contra periodistas se debe adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia, a respetar el derecho de los periodistas a la reserva de sus fuentes de información, archivos personales y profesionales, así como a mantener una estadística precisa y actualizada sobre los delitos cometidos contra las personas dedicadas a esta loable labor de informar al ciudadano sobre lo acontecido en México y en el mundo.
Sin embargo, vemos con tristeza que en México, el propio Presidente de la República no sólo adoptó un discurso en contra de los medios de comunicación que lo critican, sino que incluso, pidió que se revelaran las fuentes de información de un diario de circulación nacional.
Es lamentable ver que el gobierno mexicano no sólo contraviene a las recomendaciones de los organismos internacionales, sino que además, no considere un presupuesto suficiente para el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ya que aproximadamente al mes, se erogan más 21 millones de pesos para su adecuado funcionamiento, por lo que los 207 millones de pesos que se asignaron para el actual ejercicio, solamente alcanzarán hasta el mes de septiembre, dejando por tres meses en estado de indefensión a aquellas personas beneficiarias del mismo.
Según datos de la organización Artículo 19, desde el año 2000 hasta febrero de este año, 123 periodistas han sido asesinados en el país: 47 en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y a 90 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos se ha incrementado en forma alarmante: 8 periodistas han sido asesinados en relación con su labor.
Por lo anterior, el Presidente al ser la máxima autoridad en el país debe abstenerse de utilizar frases como “si se pasan, saben lo que les sucede”, ya que más allá de abonar a una réplica a la cual tiene derecho cualquier persona, condena a la censura y por ende, se generan campañas de violencia contra periodistas o directivos de los medios de comunicación.
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