Ciudad de México.- Hace apenas unos años en México dio inicio la construcción de lo que hoy se perfila como la redimensión de la República Federal; me refiero al Sistema Nacional de Transparencia.
El punto de partida puede ser con el añadido de la frase al artículo 6º constitucional, que señala: “El Estado garantizará el derecho a la información”. Para ser precisos, esto fue en 1977. La frase es el origen-destino de la transparencia y el acceso a la información como condiciones necesarias; es decir, los pisos mínimos “para el mejoramiento de una conciencia ciudadana”, capaz de ejercer un mismo derecho de cara al instruido andar de la discrecionalidad opaca en la función pública.
Hacia 2002, después de una anhelada transición democrática, así como de la presión de grupos organizados de la sociedad civil, intelectuales y algunos medios de comunicación, se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y que dio origen al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Federal (en adelante IFAI); Institución que originó los puntos cardinales de las primeras políticas de promoción y difusión del ejercicio del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en poder de las dependencias y entidades federales.
No obstante a estas dos mejoras, al interior de los gobiernos subnacionales los avances fueron mínimos o inexistentes, y en otros casos, los menos, fueron proactivos, lo que ocasionó una situación indeseable en cuanto a la diversidad de criterios y los estándares de interpretación sobre el ejercicio de este derecho fundamental. Dicho de otra forma, en las 32 entidades federativas el piso básico no era plano, sino chipotudo.
Ello dio pauta hacia una reforma más, la de 2007, en la que se adicionó una frase en el artículo 6º constitucional; un segundo párrafo que asienta de manera explícita que “el derecho de acceso a la información gubernamental es un derecho fundamental de los mexicanos”; más aún, esta reforma estableció que toda la información en posesión de los órganos del Estado es pública y establece, por su parte, las bases operativas que deberán contener las leyes en materia de procedimiento de acceso y revisión.
Para entonces, el IFAI se enfrentaba con el inicio de un obra o proceso de cambio institucional y cultural de enorme envergadura para México, pero que requería de maquinaria adicional que le permitiera emparejar un camino sinuoso que daba cuenta del respeto al pacto federal, pero que también evidenciaba las limitaciones de horizonte de las 32 entidades federativas; vaya, de las obstrucciones del camino tales como la creación de organismos garantes y leyes disfuncionales y contrarias a la lógica de un México moderno y encaminado hacia la autopista de la transparencia.
La geodesia legislativa de la reforma constitucional del 7 de febrero de 2014, al artículo 6º, marcó un hito estableciendo un marco jurídico más acabado, armonizado y con alcance nacional para fortalecer el acceso a la información pública y la transparencia en México; y que encamina y delega en el IFAI el “coordinar y encabezar acciones para crear el Sistema Nacional de Transparencia (en adelante SNT)”, de la mano de los órganos garantes del acceso a la información de las 32 entidades federativas, entre otros.
Hecho que se consolida con la promulgación de la Ley General de Transparencia (en adelante LGT), del 5 de mayo de 2015, y que da paso, en principio, a la transformación del IFAI al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante INAI). Este cambio de nomenclatura no es menor, ya que es el principio de un nuevo federalismo cooperativo, a lo que denomino un “Constituyente” para transparentar la función del Estado.
Para empezar, porque el principio de máxima publicidad se eleva a un segundo piso; a rango constitucional; además de “considerar pública toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal”.
Para continuar, porque con LGT se culmina con décadas deliberativas y de diseño institucional sobre la garantía de un derecho crucial en la vida de cualquier democracia moderna. Pero también apertura agendas específicas, una de ellas, es justamente la creación del SNT. El cual dio inicio con la instalación del Consejo del SNT el pasado 23 de junio, con el que se pone en marcha un esquema de cooperación y trabajo coordinado con los organismos garantes de transparencia de los estados, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.
Este SNT, que coordina por mandato constitucional el INAI, debe entenderse y operarse como un nodo periférico articulado del esfuerzo auténticamente federal entre la Unión, los estados, el D.F. y los ayuntamientos, a efecto de generar una política de Estado en cuando menos los siguientes temas: a) Transparencia, b) Acceso a la Información, c) Protección de datos personales y d) Archivos.
Para concluir, porque el SNT debe desarrollar, administrar, implementar y poner en funcionamiento la infraestructura tecnológica de la transparencia. Me refiero a la denominada Plataforma Nacional de Transparencia, la cual estará integrada al menos por los Sistemas: a) de solicitudes de acceso; b) de gestión de medios de impugnación; c) de portales de obligaciones de transparencia y, d) de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados.
El INAI y el SNT tienen una función simbiótica, pero suman a la movilidad de los ejes de un vehículo que transita por la súper vía de la sociedad de la información, permitiendo el acceso a la información y la protección de datos personales en todo el país. En igualdad de circunstancias. Donde todos, en piso parejo, seremos o coludos o rabones.
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