Ciudad de México.- La divulgación de la investigación que llevó a la detención del general Salvador Cienfuegos es un arma de doble filo.
La parte luminosa es que quien la analice verá que no existían elementos para proceder contra el ex secretario de la Defensa.
La parte oscura es que estamos entrando en una situación que complicará la relación con Estados Unidos en materia de seguridad y ello no es nada bueno.
La colaboración es indispensable para hacer frente a organizaciones del crimen que actúan de modo trasnacional.
La propia DEA, la CIA y otras agencias tienen herramientas de procesamiento de la información de inteligencia que le sirven y han servido a nuestro país y al revés también.
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La DEA actuó con precipitación y le habría servido el compartir la información con las autoridades mexicanas y ello habría evitado un problema del que no podemos saber hasta dónde llegará y que implicará para ambos países.
Por ejemplo, les podrían haber dicho que el general Cienfuegos no es güero, que no se pone rojo cuando se enoja, que sabe leer y escribir y que una de sus características, no descritas por los testigos, es que es de una altura notable.
Les habría quedado claro que el secretario de la Defensa no tenía, entre sus atribuciones, la coordinación y la decisión sobre operativos específicos contra el crimen organizado.
Más aún, les habría quedado claro que el patrimonio de quien condujo a los militares el sexenio pasado es explicable por su trabajo y los puestos que desempeñó a lo largo de su carrera.
Pero no confiaban en el gobierno de López Obrador y ahora lo harán menos.
Esto es así porque el dar a conocer información sobre una investigación de la DEA, que tenía carácter reservado, puede tener implicaciones en el resultado de la persecución a bandas criminales y en su caso puede costar hasta vidas.
¿Qué ocurrió? Me parece que el gobierno mexicano se vio en un dilema difícil ante la conclusión no acusatoria de la FGR sobre el general Cienfuegos. Sabían que vendría un escándalo y que este afectaría a sus propias bases y a quienes los apoyan de modo casi estricto.
La decisión gravitaba entre mantener prudencia para aguantar el golpe o trasladar la discusión al propio papel de las agencias de seguridad de EEUU en lo que se refiere a México. Eligieron esto último. Pesó más el cálculo político que la visión estratégica de largo plazo.
En el fondo están pagado, en el propio gobierno, la narrativa de más de una década señalando a los militares cómo no confiables y ligados a toda clase de crímenes.
Recordemos que uno de los ejes de la campaña en 2018 fue justamente ese y con la promesa de que los soldados retornarían a los cuarteles. No solo no lo hicieron, sino que en la actualidad son la instancia de gobierno más poderosa y tienen encargadas toda clase de tareas, desde la Guardia Nacional hasta la construcción de aeropuertos.
Ahora el caso Cienfuegos es un bumerán, porque no podían hacer otra cosa que liberarlo de los cargos, porque no hay elementos contra él y también por lo que implica para las propias Fuerzas Armadas.
Quizá la lección sea la de que, desde el gobierno, hay que pensar más en México que en los dividendos electorales, porque se podía mantener un nivel aceptable de relación con las agencias de seguridad de EEUU y al mismo tiempo resolver el caso del general. Ahora estamos entrado a una crisis como la que no se había visto desde el asesinado del agente especial de la DEA, Enrique Camarena en 1985 en Guadalajara.
Para colmo, en Washington hay interés en reabrir el caso, lo que se verá como otra afrenta al Ejército mexicano, prolongando una crisis que pudo terminar, más allá del escándalo previsible, con el no ejercicio de la acción penal que determinó la fiscalía sobre el general Cienfuegos.
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