El Viraje Absurdo

Ciudad de M茅xico.-聽En derechos humanos, el gobierno mexicano y sus aliados en la sociedad civil perdieron la br煤jula. Est谩n rebasados y reaccionan negando la realidad o descalificando a los cr铆ticos.
El Estado se encajon贸 en una contradicci贸n. Para sentirse parte de la modernidad universal aprob贸 leyes, asign贸 presupuestos y derroch贸 discursos. Llen贸 su organigrama de simuladores, bur贸cratas y algunos funcionarios comprometidos con las v铆ctimas que operan en condiciones bastante dif铆ciles por las trabas burocr谩ticas y las pol铆ticas err谩ticas.

Felipe Calder贸n ocult贸 el problema y dej贸 un panorama desolador. Enrique Pe帽a Nieto empez贸 bien. Se comprometi贸 a estar del 鈥渓ado de las v铆ctimas y de sus familiares鈥, y el 9 de enero de 2013 recibi贸 en Los Pinos a un grupo representativo de afectados que llegaron con sus fotos, sus l谩grimas y sus reclamos. El presidente sent贸 a su lado a Javier Sicilia y as铆 naci贸 una Ley General de V铆ctimas ahora desdibujada.

Ayotzinapa y otras barbaridades despedazaron el esp铆ritu de aquel 9 de enero. Puestos a elegir entre v铆ctimas u orden establecido optaron por el segundo; y Veracruz lo confirma cada d铆a. Se multiplicaron las cr铆ticas del exterior mientras que los organismos civiles mexicanos y algunos medios de comunicaci贸n se帽alaban la crisis de los derechos humanos. En alg煤n momento de 2015 el gobierno de Enrique Pe帽a Nieto y sus aliados civiles dieron un golpe de tim贸n e intentan levantar una muralla similar a la que hab铆a en el M茅xico autoritario.
Hay indicadores. La Secretar铆a de Relaciones Exteriores descalific贸 a Juan M茅ndez, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, sustituy贸 al independiente Miguel Sarre con un embajador de carrera y lanz贸 se帽ales de inconformidad con el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La actitud hacia el GIEI muestra el viraje. En junio de 2015 el presidente alab贸 el trabajo del GIEI y acept贸 sus recomendaciones. Poco despu茅s empez贸 una guerra sucia contra el GIEI y en enero de 2016 la CIDH se vio obligada a salir a expresarle p煤blicamente su 鈥渞espaldo total, absoluto e incondicional鈥. Lo m谩s revelador es que la CIDH solicit贸 al gobierno mexicano que salieran juntos a respaldar al GIEI y tuvieron como respuesta el silencio.

Simult谩neamente los organismos civiles que coinciden con la postura oficial se lanzaron a una cr铆tica frontal y despiadada contra Juan M茅ndez, Emilio 脕lvarez Icaza y aquellos activistas relacionados permanentemente con la comunidad internacional. Se aprovecharon de la ausencia de un c贸digo de 茅tica para los defensores civiles de derechos humanos. Los escasos documentos sobre este tema (la Declaraci贸n de Compromisos 脡ticos de los Profesionales de Derechos Humanos) s贸lo exhortan a actuar con 鈥渧eracidad鈥 e 鈥渋mparcialidad鈥. Eso es lo que les ha faltado a Isabel Miranda de Wallace y Jos茅 Antonio Ortega, entre otros.
La se帽ora Wallace afil贸 el machete adjetivador y acus贸 al experto de las Naciones Unidas, Juan M茅ndez, de 鈥渂anal鈥 e 鈥渋gnorante鈥 en el tema de la tortura y de auspiciar 鈥渦na red de corrupci贸n鈥 en la que participar铆a, entre otros, Jos茅 Antonio Guevara de la Comisi贸n Mexicana de Defensa y Promoci贸n de los Derechos Humanos. Afirmaciones sin sustento que buscan distraer o neutralizar a enemigos cuidadosamente seleccionados.

Jos茅 Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad P煤blica y la Justicia Penal interpuso el 15 de marzo una demanda penal por fraude contra el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio 脕lvarez Icaza. Seg煤n esta absurda acusaci贸n, 茅l seleccion贸 para el GIEI a un grupo de ineptos que s贸lo vinieron a confundir. El GIEI present贸 una versi贸n err贸nea de los hechos en Ayotzinapa porque la buena es la de la Procuradur铆a General de la Rep煤blica; el GIEI ha 鈥渓incha[do] medi谩ticamente a los militares鈥; y el GIEI est谩 integrado por 鈥渁ctivistas extranjeros鈥 que deben ser expulsados utilizando el Art铆culo 33 constitucional.

La negaci贸n y las infantiles descalificaciones no sacar谩n al gobierno del foso de las contradicciones ni resolver谩n el v铆a crucis cotidiano de las v铆ctimas de la violencia de criminales protegidos, en muchas ocasiones, por funcionarios. El Estado debe regresar a la consigna de los inicios pe帽anietistas: estar del 鈥渓ado de las v铆ctimas y de sus familiares鈥. Su viraje actual es absurdo, contraproducente y condenado al fracaso.

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Colaboraron Maura 脕lvarez Rold谩n y Delia S谩nchez del 脕ngel.