Ciudad de México.- Para el ex diputado constituyente Armando Ríos Piter, las leyes locales y constituciones de las entidades federativas no tienen por qué ser una copia calca de la Carta Magna de la República, pues de lo contrario para qué habría federalismo.
El senador considera que cada entidad tiene la capacidad de generar un marco jurídico propio, apegado por supuesto a los parámetros que establezca la Constitución del país, y ese, agregó, debe ser el caso del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, donde quepan adecuaciones que respondan a las características de la capital.
Ex presidente de la Comisión de Buen Gobierno, Combate a la Corrupción y Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos en la Asamblea Constituyente de la Ciudad, Ríos Piter conformó el grupo de de trabajo de 18 diputados constituyente encargados de elaborar el dictamen de siete artículos (del 61 al 67) que después se discutieron y aprobaron en el Pleno para integrar el cuerpo general de la Constitución de la Ciudad de México.
En entrevista con Capital CDMX, el legislador hace un análisis prospectivo del Sistema Anticorrupción capitalino que la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) debe aprobar en los próximos días. De entrada, expone, uno de los temas importantes que deben permanecer intocados como espíritu del Constituyente es la eliminación del fuero para los servidores públicos, pues sería inadmisible que por la puerta de atrás se pretenda revivir esa figura.
El senador independiente rechaza los argumentos vertidos por académicos y representes de organizaciones como México Evalúa, en el sentido de que hay propuestas de adición al Sistema Anticorrupción local que no se apegan a lo establecido en la legislación federal y que por lo tanto enfrentan visos de inconstitucionalidad, como la reelección del Fiscal Anticorrupción o la integración del Comité Coordinador del Sistema local con autoridades distintas a las que se señala en la Ley General del Sistema Nacional.
“Me parece arcaico ese argumento. Evita la capacidad de que cada entidad busque resolver los problemas que le aquejan de la mejor manera posible, en este caso, a través de un Sistema que sigue la dinámica nacional, que se adecua ante el contexto que exige la Constitución general de la República, pero que en el caso particular de la Ciudad de México se tienen cosas que mejoran y profundizan un Sistema Nacional que apenas está a prueba y que puede tener evoluciones positivas a nivel de las entidades. Entonces, yo no compro la idea de que hay visos de inconstitucionalidad, más bien creo que hay que acelerar la discusión de las leyes reglamentarias para ponerlo en práctica y una vez que esté en práctica ver qué se mejora y qué se debe fortalecer.
-¿Entonces el debate de si debe ser una ley espejo es un falso debate?-, se le pregunta.
-Sí. Yo no compro esos argumentos, y me parece que es tanto como claudicar a la capacidad legislativa que tienen las entidades federativas, no solo de la Ciudad de México sino de las 23 entidades.
-Se mencionan leyes como la de Sonora y San Luis Potosí que fueron impugnadas por salirse de lo establecido en la legislación federal y que ese podría ser el futuro de las leyes anticorrupción de la Ciudad ¿Qué opinas al respecto?
-Creo que el marco de la Constitución General de la República está respetado en la propuesta que aprobó el Constituyente de la Ciudad de México y que sería el marco sobre el cual se deben elaborar las leyes reglamentarias. No creo que sea el caso de lo que ocurrió en Sonora.
No conozco con precisión las diferencias con el marco general, pero insisto, el marco que respete la Constitución de la Ciudad de México se adecua perfectamente a lo que fue votado en la Constitución de la República. Entonces no compro la versión de que es algo inconstitucional, ni mucho menos aceptaría que pueda ser frágil el marco que nosotros votamos.
-Pero justo esa parte de la Constitución de la Ciudad está impugnada por la PGR, el artículo 63.
-Bueno, la impugnación, por lo menos a mí me parece que obedece más a una argumentación y a una visión política que a una verdadera argumentación de respeto al marco normativo. Creo que el hecho que hayan impugnado, por ejemplo, la separación de titular del poder judicial del Consejo Judicatura es un buen ejemplo de que la PGR, más bien lo que quiere es preservar el estatus quo.
Es un ataque político para preservar los intereses que hoy están nutriéndose y retroalimentándose a través de ese esquema en perjuicio de la ciudadanía. Yo veo más bien esas acciones de inconstitucionalidad con un perfil político que con un perfil de técnica jurídica.
-¿El hecho de haber establecido que el fiscal pueda elegirse por otros cinco años no pone en riesgo la posición de ese funcionario, que se politicen sus acciones? ¿Que en aras de buscar su reelección pueda apretar o aflojar una investigación?
-No, Me parece que lo que se discutió fue garantizar estabilidad y certidumbre en la práctica de investigación y procuración. Ese fue el argumento o el espíritu que nos movió a buscar que pudiera haber una reelección para garantizar la permanencia. Si es que llegara a existir ese riesgo, me parece que hay que poner énfasis en las áreas donde se genera esa reelección, en el Congreso, donde los diputados no caigan en una dinámica perversa. ¿Puede existir ese riesgo? Sí.
Ahora, ¿está por si mismo garantizado que vaya a existir una discusión de esa naturaleza? Me parece que no, por las dinámicas que a través de los pesos y contrapesos se establecen en el propio Sistema Anticorrupción. Hoy tienes no sólo al fiscal, sino también a otros elementos que podrían claramente denunciar si existiera una práctica de este tipo. Tienes al Comité de Coordinación Ciudadana, que es un espacio que busca proyectar la voz de los ciudadanos en cuanto a ese Sistema. Tienes a otras autoridades como el propio Tribunal Administrativo, que podrían ser las voces que denunciarían que una situación de este tipo se estuviera presentado. Aunque pudiera existir el riesgo, me parece que también hay un blindaje preventivo que, por pesos y contrapesos que constituyen el Sistema Anticorrupción, podrían ponerse en función.
-En la ALDF hay voces que alertan, sobre todo en el partido Morena, de propuestas que pretenden diluir las capacidades del Comité de Participación Ciudadana y dejarlo en una simple ventanilla de recepción de documentos, que sus resoluciones no sean vinculatorias. ¿Qué riesgos ves de que en leyes secundarias puedan diluirse cosas que quedaron plasmadas en el espíritu del constituyente?
-Sería muy peligroso que en las leyes reglamentarias quieran aminorar las capacidades del Comité de Participación Ciudadana. La forma en la que está pensado ese instrumento es que se convierta en una voz que tenga consistencia, que tenga fortaleza, que tenga solidez en cuanto a la denuncia de los actos de corrupción, contrapesando a las distintas instituciones, en convertirse en acicate de los propios elementos del Sistema, en voz de los ciudadanos que son los que pagan los impuestos, que cuando hay corrupción se distorsionan y no cumplen la función para la cual se solicitan, como es tener buenos servicios públicos. Limitar la fuerza del Comité de Participación Ciudadana, sus capacidades, es atentar contra el beneficiario final del Sistema y contra la propia administración pública, que es el que paga los impuestos, como el ciudadano, los empresarios, los profesionistas. Hay que garantizar que esa voz sea sólida, sea fuerte y que de ninguna manera se busquen limitar sus capacidades en las leyes reglamentarias.
-Un tema que a nivel federal no prosperó fue el de la entrega de compensaciones a quien denunciara un acto de corrupción y de ello derivara un castigo contra un servidor público al que se le comprobara esa conducta. ¿Qué opinas?
-En otros países ha habido evidencias y experiencias positivas, lo que le llaman wiser globers en Estados Unidos, que haya denunciantes de actos de corrupción, que un personaje, sea funcionario o ciudadano ve o sufre un acto de corrupción, pueda denunciarlo y tenga un incentivo en el cual tenga interés de generar esa denuncia. Me parece que no genera ninguna distorsión, no la ha generado en ningún otro lugar. No tendría porque generarla en México. Aquí no somos marcianos. Si esto tiene efectos positivos en otros lugares, por qué aquí tendría que ser diferente.
-Aunque no está establecido en la Constitución local.
-No importa. El hecho de que no esté establecido en la Constitución local no evita. Creo que es demasiado restrictivo cuando se piensa que para generar algo hay que generarlo desde la Constitución y eso lo que impide es la capacidad de un mayor dinamismo, una mejor adaptación, una mejor modernización del marco normativo a través de las leyes reglamentarias. No soy de los que compran la idea de que, para que se pueda legislar algo tenga que estar en la Constitución. Se tiene que sujetar al marco constitucional, pero figuras modernas tiene perfectamente cabida.
-¿Qué temas consideras que dejó el Constituyente plasmado en la Constitución de la Ciudad de México como espíritu del Sistema Anticorrupción que debe respetar a pie juntillas la ALDF?
-Uno de los temas importantes fue que quitamos la figura del fuero y no quisiera ver que en la ley reglamentaria, por la puerta de atrás, quieran revivir esa figura. No quisiera que el espíritu de quitarle estas figuras de impunidad a los funcionarios públicos se convierta en un elemento de renovación a partir del marco constitucional. Yo creo que el marco que nosotros dejamos se apega a lo que está en la Constitución general, tiene procesos de innovación que me parece que permitirían mejorar lo que está planteado a nivel nacional.
El hecho de que esté, por ejemplo, el contralor de los diputados, es una omisión en el marco federal que nosotros pudimos subsanar ya con una revisión mucho más profunda y mucho más nueva. La forma en la que el secretariado ejecutivo funciona en la Ciudad de México, me parece que puede ser mucho más dinámica. Rescato la discusión que tuvimos, porque me parece que partió de un aprendizaje previo, que fue la elaboración del Sistema Nacional y nos permitió en un segundo momento, ya con mucho mayor información, mejorar y subsanar cosas que estaban inconclusas, que estaban pendientes y que podían mejorarse y que ahora debemos poner a prueba una vez que se aprueben las leyes reglamentarias.
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