Ciudad de México.- El panorama legislativo de México vislumbra una nueva reforma electoral. Desde 1977 y con las posteriores reformas electorales de 1990, 1994, 1996, 2007 y 2014, se han expresado nítidamente los consensos políticos, emergentes de los resultados de las contiendas electorales.
Hoy, producto de la elección de julio de 2018, se perfila una nueva hegemonía desde una mayoría que logró un triunfo contundente en las urnas; sin embargo no existe claridad sobre las dimensiones, el alcance y cuáles son los elementos que la constituyen. Por momentos pareciera que ellos, los ganadores, son los primeros sorprendidos.
En ese sentido, resultará de sumo relevante que la reforma electoral que se avecina se realice bajo los parámetros técnicos y normativos que exige una sociedad en constante movimiento, sin dejarse llevar por el canto de las sirenas o el atrayente aroma del ejercicio del poder… Sobre todo porque es la primera vez en la historia democrática de México en que podría llevarse a cabo una reforma electoral que no sea propuesta por las fuerzas opositoras, sino por aquella que logró el triunfo con las reglas que se pretenden cambiar.
Esos parámetros técnicos y legislativos a los que nos referimos implican entender el contexto de nuestra democracia, que se fundamenta en la desconfianza (de todos contra todos); lo que la lleva a ser compleja, costosa (en más de un sentido) y multi-instancial; pero también -y sobre todo- profesional y especializada.
En efecto, desde 2017, la designación de quienes integran el Consejo General del Instituto Nacional Electoral incluye la acreditación de un examen de conocimientos; por su parte, el proceso de selección de quienes integran los Consejos Generales de los Organismos Púbicos Locales Electorales es complejo incluyen diversas etapas en dónde se deben mostrar conocimientos de carácter normativo y técnicos. En ambos casos es de suma relevancia la experiencia previa, misma que por sí misma ya implica una carrera profesional en la materia electoral.
Y este es un buen momento para traer a colación al Servicio Profesional Electoral Nacional que, desde el año 2014 tiene rango de figura Constitucional con regencia exclusiva del Instituto Nacional Electoral, pero que en algunas entidades -como la Ciudad de México- lleva alrededor de 20 años siendo parte del proceso de consolidación de la democracia, ¡Pocas personas saben de la existencia de este Servicio Civil de Carrera!
Haciendo un poco de memoria: en 1917 se instituyeron la Junta Empadronadora, las Juntas Computadoras Locales y los Colegios Electorales como organismos encargados de organizar y calificar los procesos para elegir al Presidente de la República y los miembros del Congreso de la Unión. Sin embargo no fue sino hasta 1992 que fue formalmente estatuido el Servicio Profesional Electoral (SPE) del Instituto Federal Electoral (IFE) y fue hasta junio de 1993 cuando el Consejo General del IFE fue informado por la Junta General Ejecutiva de su integración inicial.
En el caso de la Ciudad de México es una atribución que existe desde su creación en 1999, sin embargo fue hasta la reforma del 2008 que se creó la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, aun cuando en los hechos las funciones ya las se venía desarrollando en el Centro de Formación y Desarrollo. En ese tenor, al crear la Dirección Ejecutiva lo que en realidad se hizo es darle un carácter directivo a una función importantísima que ya se venía desarrollando.
A partir de la reforma constitucional de 2013-2014, el Servicio Profesional Electoral adquiere el carácter de Nacional, y todo lo relativo a su selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina son facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral.
En ese sentido el objetivo principal del Servicio Profesional Electoral es el de fortalecer los conocimientos especializados en materia electoral, por lo que su baluarte radica precisamente en el alto nivel de formación de su personal, el cual es capacitado y evaluado de manera permanente. Esto ha logrado que tengamos un Servicio Profesional Electoral Nacional de primera calidad; sin embargo, y como un área de oportunidad, debemos mencionar que la profesionalización y capacitación se realizan con un carácter homogéneo.
En ese tenor, y desde esta perspectiva, podemos considerar que la reforma electoral que se avecina debe atravesar al Servicio Profesional Electoral Nacional; ¿en qué sentido?, bueno, consideramos que debe regularse su profesionalización a fin de que se realice de manera regionalizada (cada entidad federativa tiene diferentes necesidades y diferentes realidades) y estratificada con base en los niveles y rangos, es decir, considerando jerarquía y grado de responsabilidad.
Por otro lado, en la normativa electoral existe un despropósito a la propia profesionalización de la función electoral, y es el relativo a que quienes pertenecen al Servicio Profesional Electoral Nacional no pueden ser designados como integrantes de los Consejos Electorales, tanto del INE como de los OPLE. Sería un gran acierto eliminar ese absurdo requisito.
A manera de conclusión, considero que la democracia de un sistema federal debe fortalecerse desde lo local y con una tendencia a ciudadanizarla y profesionalizarla cada vez más, porque será sólo en esa medida en que se elimine lo que, considero, es su principal lastre: la desconfianza.
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