Ciudad de México.-Diputados locales de oposición acusaron hoy al gobierno capitalino de haber violado la Constitución local con la emisión de una convocatoria, en la Gaceta Oficial capitalina, para otorgar a empresas interesadas el contrato de instalación y operación de plantas de tratamiento y aprovechamiento de 3 mil toneladas diarias de residuos sólidos.
Lamentaron que la forma como está redactada la convocatoria y la suspensión de la junta de aclaraciones que se iba a realizar la semana pasada, llama a la sospecha sobre si esta convocatoria está orientada a favorecer a un inversionista en particular.
Acompañados de Gabriel Quadri, los legisladores pidieron al gobierno de la Ciudad que suspenda esa convocatoria y aclare si pretende revivir o no el polémico proyecto de la planta termovalorizadora en el Bordo Poniente, donde la empresa Veolia iba a tratar la basura para convertirla en energía eléctrica y venderla el Metro.
En conferencia, los legisladores Federico Döring (PAN), Jorge Gaviño (PRD), el independiente Guillermo Lerdo de Tejada y Gabriel Quadri, acusaron que la convocatoria emitida el pasado 7 de enero en la Gaceta Oficial viola de manera abierta el artículo 16, numeral 5 de la Constitución local, en donde se establece que “queda prohibida la privatización y concesión de los servicios públicos de recolección y tratamiento de residuos sólidos”, se lee en la carta magna local.
Quadri recordó que actualmente el gobierno de la Ciudad envía 8 mil 500 toneladas diarias de basura a rellenos sanitarios del Estado de México y Morelos, lo cual le cuesta mil millones de pesos al año a la administración capitalina.
Expuso que la Ciudad requiere un proyecto como el de la planta termovalorizadora en el Bordo Poniente que generaría 120 megawatts de energía eléctrica, pero lamentó que la administración de Claudia Sheinbaum no sea clara en sus intenciones y genere un documento extraño, impreciso y ambiguo, en referencia a la convocatoria CPTAR’S CDMX-2019 que apareció en la Gaceta Oficial.
Explicó que en esa convocatoria se le pide a los privados tener ya propuestas definidas sobre los predios donde se realizará el tratamiento de los residuos. Además, se impone la obligación al gobierno local entregar en comodato esos predios.
Acusó que no ha habido una consulta pública sobre ese proyecto y no se habla abiertamente de crear plantas de incineración de residuos, pero sí se mencionan normas de control de emisiones contaminantes que de hecho ya son obsoletas.
Los diputados Guillermo Lerdo de Tejada y Federico Doring coincidieron en que, si la intención del gobierno de Sheinbaum es entregar a un particular el manejo de residuos sólidos, su partido Morena debe modificar la Constitución local, así como lo hicieron para permitir que Ernestina Godoy se convirtiera en fiscal de Justicia.
Otra opción es que el tratamiento de residuos se realice exclusivamente con recursos públicos, agregó Lerdo de Tejada, quien exigió a la secretaria de Medio Ambiente, Marina Robles, explique por qué se suspendió la junta de aclaraciones prevista para el pasado 31 de enero.
Jorge Gaviño, del PRD, acusó que en esa convocatoria no se aclara tampoco cuál será el esquema de financiamiento, es decir, si será por arrendamiento financiero o un pago por prestación de servicios.
Ese documento carece de legalidad y de estudios técnicos, pues ni siquiera se precisa si es una licitación pública nacional o internacional, si el contrato se asignará por invitación restringida; además, se desconoce qué empresas han participado y no hay estudios de preinversión, insistió el perredista.
“Se está haciendo de forma subrepticia”, agregó Gabriel Quadri, quien consideró que el gobierno local debe resucitar abiertamente el proyecto de Veolia si esa es su intención y no hacerlo de manera oculta.
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