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Política

El GobCDMX concentró servicios financieros en algunos bancos. Buscan hoy acabar con ese manejo discrecional

Ciudad de México.-Durante el pasado sexenio, el gobierno de la Ciudad concentró el manejo de la nómina y del propio presupuesto local en unos cuantos bancos. Aunque hay 66 instituciones bancarias autorizadas para operar, solo con 26 se generó una relación contractual y de estas tan sólo siete manejan 230 mil cuentas de nómina de quienes laboran en la administración capitalina.

En un hecho inédito, la secretaria de Administración y Finanzas del actual gobierno local, Luz Elena González, hizo pública la información relacionada con el manejo que a través de los bancos se hace tanto de la nómina como de otros productos financieros, y anunció la creación del Comité de Inversión y Análisis de Riesgos para, entre otras cosas, dar juego a más instituciones financieras.

Además, este miércoles se abrió a la prensa una reunión de la secretaria de Administración con representantes de esas 66 instituciones financieras autorizadas.

Durante ese encuentro, la funcionaria señaló que el gobierno local tiene una plantilla de casi 350 mil trabajadores, cuyos pagos se manejan a través de dos sistemas, el de uninómina, que concentra la mayoría de los pagos del gobierno de la ciudad, con más de 230 mil empleados en su registro; el resto se encuentra dentro de los organismos descentralizados que manejan su propio sistema.

Las cuentas de nóminas de las dependencias capitalinas, alcaldías, entidades y órganos desconcentrados actualmente son manejadas por el Banco Mercantil del Norte (Banorte), Banco Santander, S.A., Grupo Financiero Banamex, Grupo Financiero BBVA Bancomer, HSBC Bank y Banca Afirme, S.A. Las dos primeras manejan el 53 y 37 por ciento respectivamente de la nómina; el resto se divide entre las demás instituciones financieras.

González destacó que para erradicar la concentración de servicios por algunas instituciones, se tomarán criterios adicionales para la selección de los bancos que harán el pago de nómina, así como para las inversiones de la ciudad.

Esos criterios contemplan revisar las condiciones para los trabajadores y el gobierno de la capital; garantizar una amplia red de cajeros automáticos, en áreas de grandes volúmenes de empleados; pago de timbrado; mejores prestaciones hacia los trabajadores; así como facilidades para la apertura y traslado de cuentas.

Para el esquema de Inversión de Recursos Financieros, se plantea llegar a 40 instituciones con las que no se cuenta una relación contractual.

González agregó que para el 2019, el Gobierno de la Ciudad de México cuenta con un total de ingresos de 234 mil millones de pesos, donde 207 mil millones son recursos de libre disposición, 22 mil millones federal y 5.5 mil millones de deuda, por lo que todo el presupuesto será manejado bajo tres condiciones: transparencia en la asignación de recursos; competencia en las instituciones para la asignación de recursos; así como eficiencia y eficacia en el servicio.

“Nosotros queremos acabar con ese manejo discrecional y tratar de institucionalizarlo, pero no entra en la Ley de Adquisiciones. Por eso queremos hacer un comité colegiado, con reglas claras de participación que hagan que en los hechos se compita por el manejo", dijo la funcionaria.

La secretaria de Administración y Finanzas precisó que la asignación de contratos a instituciones bancarias no se rige por la Ley de Adquisiciones, por lo cual no aplican obligaciones para hacer un proceso claro y transparente de licitación como el que se usaría para contratar, por ejemplo, medicinas u otros insumos.

Así, dijo que la decisión de dónde se depositan los recursos públicos de la Ciudad debe ser abierta y transparente, para que toda la ciudadanía conozcan qué bancos ofrecen los mejores productos ante las necesidades financieras de la administración local.

En ese tenor es que se creó el Comité de Inversión y Análisis de Riesgos, para dar seguimiento e informar al Titular de la Dependencia y al Órgano de Control Interno sobre nivel de rentabilidad de las inversiones financieras y cuentas productivas; establecer los lineamientos para la evaluación y análisis del riesgo de portafolios; así como conocer y difundir la diversidad de criterios y opiniones, basados en conocimiento y experiencia.

El Comité lo integrarán la Secretaría de Administración y Finanzas; la Secretaría de la Contraloría General y asesores externos.



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