Ciudad de México.-En la investigación que se sigue contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y cuatro personas más, por los delitos de trata de personas y asociación delictuosa, la Fiscalía de Justicia capitalina logró detener a Adriana Rodríguez Regalado, una de las colaboradoras del líder priista.
La mujer formó parte de las subalternas del ex dirigente partidista que publicaban anuncios de ofertas de trabajo en periódicos y portales de internet, a fin de reclutar mujeres para inducirlas a ofrecer servicios sexuales a su jefe.
Rodríguez Regalado fue trasladada al Centro Femenil Santa Martha Acatitla para quedar a disposición de la autoridad judicial que la requirió. En las próximas horas se determinará su situación legal.
Asimismo, como parte de las diligencias realizadas con motivo de este caso, elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron el pasado 9 de marzo cuatro órdenes de cateo, solicitadas y obtenidas por la Fiscalía de Investigación Estratégica Central, para diversos inmuebles ubicados en las alcaldías Gustavo A. Madero y Tlalpan, posiblemente vinculados con los imputados, a efecto de allegarse de indicios que puedan ser integrados a la indagatoria correspondiente.
Esta tarde la Fiscal de Justicia local Ernestina Godoy emitió un mensaje a través de redes sociales para ofrecer un avance sobre esta investigación.
El mensaje de la fiscal se da justo cuando en medios de comunicación se publicó que el dirigente priista obtuvo un amparo para evitar su aprehensión y que incluso hubo un operativo el pasado fin de semana para su detención que resultó infructuoso.
Con respecto a Gutiérrez de la Torre y las demás personas que por el momento no han sido localizadas, Godoy informó que la Fiscalía ha activado todos los mecanismos legales de búsqueda para presentarlas ante el juez correspondiente. “No habrá lugar seguro ni tiempo para sustraerse de la acción de la justicia”, advirtió.
Además de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, se han girado órdenes de aprehensión contra Claudia Priscila Martínez González, Roberto Zamorano Pineda y la actual diputada local del PRI Sandra Vaca Cortés, quien por segunda ocasión consecutiva no asistió a la sesión del Pleno en el Congreso de la Ciudad.
Todos ellos son probables responsables de los delitos de trata de personas, en las modalidades de explotación sexual agravada en grado de tentativa y de publicidad engañosa, así como del delito de asociación delictuosa.
La Fiscal dijo que se ha solicitado a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la Fiscalía General de la República la emisión de fichas rojas para la búsqueda, localización y aprehensión del líder priista y sus subalternos.
Asimismo se pidió la correspondiente emisión de una Alerta ante el Instituto Nacional de Migración y se solicitó el congelamiento de las cuentas bancarias de dichas personas a la Unidad de Inteligencia Financiera.
En su mensaje, Ernestina Godoy destacó que la relevancia política o social de las personas sujetas a una investigación penal no determina su inocencia o culpabilidad en los hechos que se le imputen. “Son las pruebas y nada más, las pruebas”, enfatizó.
Lamentó que, cuando en su momento se presentaron las denuncias, la entonces Procuraduría General de Justicia del DF falló en su obligación de garantizar acceso expedito a la justicia a las víctimas y en algunas de sus actuaciones estaban posibilitando que los delitos quedaran impunes, pues desde aquella dependencia se pretendió ocultar la indagatoria para que, con el tiempo, prescribiera.
“Por lo anterior, ordené la realización de una investigación interna a efecto de determinar responsabilidades por omisiones contenidas en la investigación realizada por la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad”, dijo la fiscal.
Además, se analizaron de nuevo las denuncias y los elementos probatorios que las sustentaron, con objetividad, transparencia y exhaustividad, profesionalismo, rigor científico, honestidad y apego estricto a la ley.
Así, se tuvieron que realizar diligencias y pruebas periciales que no se habían hecho y que eran cruciales para que el Ministerio Público determinara la existencia o no del delito y en consecuencia la responsabilidad penal de las personas imputadas.
Se realizaron más de 40 diligencias consistentes en análisis de declaraciones, tanto de testigos como de probables víctimas; informes de criminalística, dictámenes de informática, audio y video, y expedientes laborales de los probables responsables.
Todo ello permitió que el pasado 24 de febrero se dictaminara el ejercicio de la acción penal en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y de otras cuatro personas, por lo que el representante social solicitó y obtuvo el pasado 2 de marzo orden de aprehensión en contra de las cinco personas referidas.
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