Ciudad de México.- Indigna la detención y desaparición del joven estudiante Marco Antonio Sánchez en la Ciudad de México, así como la permanente búsqueda que llevan a cabo a lo largo y ancho del país, los familiares de los miles de desaparecidos en la lucha contra la delincuencia organizada, quienes sin apoyo alguno y ante la incapacidad de las autoridades realizan sus propias investigaciones para encontrar a las víctimas.
En nuestro país las detenciones arbitrarias representan el primer hecho violatorio de los derechos humanos, se llevan a cabo en contextos de impunidad donde confluyen la falta de formación de los cuerpos de policía y las violaciones a los derechos humanos como práctica cotidiana. Las detenciones arbitrarias observan un crecimiento sostenido al pasar de 6 mil en 2013 a más de 10 mil en 2017.
Por su parte, la desaparición forzada representa la privación de la libertad bajo cualquier modalidad, cometida por agentes del Estado o a través de grupos que actúan con la aquiescencia de las autoridades. La desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad y una grave ofensa a la dignidad de la persona. Un estado de derecho eficaz no puede permitirla, ni siquiera en situaciones de emergencia o suspensión de garantías individuales. Siempre debe haber sanciones ejemplares contra los autores, cómplices y encubridores, directos e indirectos, del delito de desaparición forzada que es continuo mientras no se establezca el paradero de las víctimas. Además, la acción penal derivada de la desaparición forzada no está sujeta a prescripción, y llama en causa directamente a nuestro sistema de administración y procuración de justicia, lo que incluye el funcionamiento de tribunales y la independencia de los jueces, así como la función de los fiscales. A tal sistema hemos encargado la tarea de hacer cumplir las leyes.
La historia de la impunidad es la historia de buena parte de la humanidad. La impunidad se desarrolla de muchas maneras: a través del olvido, el engaño, la manipulación o la negación de información. De la tarea de preservar la esperanza se hacen cargo las víctimas, familiares y diversos sectores sociales que han renunciado a la desesperanza, y que no ceden a la tentación de creer que es imposible romper el círculo de la impunidad en que nos encontramos. No hay justicia sin verdad. De modo que mientras en nuestro país persistan las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, el sistema político en su conjunto continuará deslegitimándose, sometiendo a crítica las capacidades del Estado.
La reciente entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, respondió a justos reclamos de familias que han sufrido por años la búsqueda de sus seres queridos. Esta normatividad incrementa las penas y establece la distribución de competencias para combatir este delito. Ahora es imperativo que el Poder Ejecutivo y los gobiernos estatales garanticen su plena integración y funcionamiento. Una política de Estado en materia de derechos humanos es fundamental para la solución de nuestros problemas y se relaciona con la necesidad de avanzar hacia una sociedad respetuosa de las leyes sin impunidad de ningún tipo.
Twitter: @isidrohcisneros
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