Ciudad de México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que entre los años 2015 y 2016, la delegación Cuauhtémoc, realizó gastos irregulares por 40.9 millones de pesos asignados vía federal a través del el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). Por el ejercicio inadecuado de los recursos el probable daño al erario público ascendería a 12.8 millones, agregó el ente fiscalizador.
En la auditoría 733-DS-GF, la cual forma parte del Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2015, la ASF explicó que la demarcación utilizó esos recursos de forma opaca, además de que incurrió en inobservancias de la normatividad, principalmente en materia de transparencia, obra pública y contabilidad “que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 12,827.7 miles de pesos que representan el 31.3% de la muestra de auditoría; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer 728.1 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes”, se detalla.
Por las irregularidades se generaron una recomendación, siete promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias y tres pliegos de observaciones para el fincamiento de responsabilidades ulteriores.
De acuerdo con la ASF, al 31 de diciembre de 2015, la delegación gastó el 31 por ciento de los recursos federales asignados a través del FISMDF; al corte de la auditoría (30 de abril de 2016), la demarcación a cargo del morenista Ricardo Monreal, se gastó el 99.3 por ciento, lo que a decir de la autoridad fiscalizadora generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados.
La ASF detalló que los objetivos y metas del FISMDF se cumplieron de manera parcial, ya que la delegación invirtió los recursos para la atención de la población objetivo, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas en zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y atendió a la población en pobreza extrema; sin embargo, no se cumplió con las especificaciones del contrato por 12.3 millones de pesos y no se aplicaron penas convencionales por atraso en los trabajos por 429 mil pesos.
