Ciudad de México.-La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) detectó que durante el año 2018 la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), encabezaba en ese momento por Felipe de Jesús Gutiérrez, incurrió en irregularidades por al menos 656.2 millones de pesos, así como en inconsistencias para autorizar la adhesión a varios Sistemas de Actuación por Cooperación (SACs) sin haber cumplido con todos los requisitos previstos en la normatividad.
Este jueves, la ASCM publicó el Tercer Informe Parcial derivado de la revisión de la Cuenta Pública de 2018. Ahí aparecen los resultados de una auditoría que se le practicó a la Seduvi sobre la forma de administrar y autorizar siete SACs durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera.
El resultado de esta auditoría llega después de distintos hechos, como que se diera a conocer la orden de aprehensión en contra de Felipe de Jesús, por el presunto desvío de 40 millones de pesos que originalmente estaban etiquetados para la reconstrucción.
Además, la semana pasada el gobierno de Claudia Sheinbaum reactivó el SAC Tacubaya, con proyectos como el de Vivienda Social Tacubaya Sur (Ciudad Perdida), el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Tacubaya, remodelación de los mercados “Peña Manterola” y “Becerra”, mejoramiento del entorno urbano de Tacubaya Sur, remodelación del Hospital Pediátrico, Distrito Hídrico e intervención en escuelas.
Entre 2015 y 2017, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda autorizó siete Sistemas de Actuación denominados Granadas, Doctores, La Mexicana, Distrito San Pablo, Tacubaya, Alameda/Reforma y Tarango, que en conjunto totalizan una superficie de más de 1,500 hectáreas de 951 colonias, ubicadas en las alcaldías de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.
Una de las irregularidades más graves que encontró la Auditoría Superior fue que la Seduvi no acreditó haber recibido las aportaciones financieras o en especie por un monto de 656.2 millones de pesos a que estaban obligados los desarrolladores de los Sistemas de Actuación por Cooperación Granadas, Distrito San Pablo y Alameda / Reforma.
Además, la dependencia no presentó evidencia documental o fotográfica de que se hubiesen realizado actividades con los recursos de los fideicomisos de los Sistemas de Actuación por Cooperación Granadas y Tacubaya, ni comprobó que los recursos aportados por los desarrolladores se destinaran al desarrollo urbano de la Ciudad de México.
Otra irregularidad detectada es que la Seduvi no verificó que el pago a que estaba obligada la concesionaria del Parque Público Metropolitano La Mexicana, en Santa Fe, hubiera sido realizado y calculado conforme a las condiciones pactadas en la concesión.
De acuerdo con ese resultado, la Secretaría no acreditó el cumplimiento de la contraprestación relativa al pago de inmuebles a Inmobiliaria Copri, por otros inmuebles aportados al fideicomiso del parque La Mexicana, ni que la concesionaria del Parque Público Metropolitano La Mexicana hubiera realizado el primer pago de la contraprestación por su explotación, la cual se determinaría mediante el título de concesión.
En el caso del convenio con la inmobiliaria Copri, la empresa se obligó a aportar al fideicomiso de La Mexicana dos inmuebles ubicados dentro del polígono del misma SAC, con una superficie total de 12,833.7 metros que formarían parte del Parque Público Metropolitano La Mexicana.
Como retribución por los inmuebles aportados, el fideicomiso del SAC La Mexicana se comprometió a transmitir a favor de Inmobiliaria Copri, un inmueble o inmuebles dentro del polígono del SAC La Mexicana que sería destinado para la edificación y desarrollo de un conjunto habitacional urbano y de usos mixtos.
La ASCM también enumeró una falta de evidencias documentales cometida por la Seduvi para demostrar que los desarrolladores inmobiliarios cumplieron con las aportaciones financieras o en especie pactadas en los convenios de concertación para adherirse a cada SAC.
Así, en el expediente del proyecto Lago Neuchatel 7, 9, 13 y 21, se localizaron facturas mediante las cuales el desarrollador indicó al SAC Granadas la realización de diversos estudios y proyectos por un monto de 4 millones de pesos; sin embargo, no se localizó información respecto a la realización de obras de mejoramiento de imagen urbana y espacio público por 5.1 millones.
En el expediente del proyecto Ejército Nacional 769 se localizaron facturas y ficha de depósito mediante los cuales el desarrollador acreditó la contribución al SAC Granadas por 38.3 millones de pesos, pero no se acreditaron diversos conceptos de aportación por un monto de 9.4 millones.
Para el caso del proyecto Enjoy Revolución correspondiente al SAC Tacubaya, se localizó evidencia documental de aportación al fideicomiso por 18.5 millones de pesos correspondiente al pago por el potencial de construcción adquirido; sin embargo, no se acreditó la aportación de 10.8 millones.
Para otros nueve proyectos no se localizó información que acreditara el depósito de los recursos o la realización de las acciones pactadas. Dichos proyectos fueron: Mariano Escobedo 218, Lago Rodolfo 49, Oficinas Río San Joaquín, Laguna de Términos 293, Moliere 46 y Lago Andrómaco 1, adheridos al SAC Granadas; Observatorio 35, adherido al SAC Tacubaya; Conjunto Habitacional Eje Central Lázaro Cárdenas, correspondiente al SAC Distrito San Pablo; y Juárez 92, correspondiente al SAC Alameda/Reforma, por un monto de 630.8 millones de pesos.
Los señalamientos de la Auditoría Superior hacia la Seduvi por el manejo de los SACs son extensos pues, por ejemplo, acusó que la dependencia a cargo de Felipe de Jesús Gutiérrez careció de planes y programas para supervisar sus actividades y de controles para realizar autoevaluaciones para el desarrollo del control interno.
La Seduvi tampoco contó con mecanismos efectivos para supervisar que las operaciones relacionadas con el rubro sujeto a revisión cumplieran sus objetivos; no supervisó que las actividades del rubro sujeto a revisión se hayan ejecutado conforme la normatividad aplicable; no resguardó ni custodió los documentos de archivo para iniciar el trámite de los Sistemas de Actuación por Cooperación Tacubaya, Alameda / Reforma y Distrito San Pablo; además, no constituyó los fideicomisos para la operación de los Sistemas de Actuación por Cooperación Alameda / Reforma y Distrito San Pablo.
“El sujeto fiscalizado careció de mecanismos de control y supervisión para asegurar la claridad y transparencia en el manejo de los bienes y recursos aportados a los Sistemas de Actuación por Cooperación Alameda / Reforma y Distrito San Pablo.
“La SEDUVI no constituyó la Bolsa de Usos de Suelo e Intensidad de Construcción para los Sistemas de Actuación por Cooperación Granadas, La Mexicana, Alameda / Reforma y Distrito San Pablo, lo cual implica que no existió registro y control respecto al potencial constructivo de los Sistemas de Actuación por Cooperación administrados”, señaló el órgano de fiscalización, la cual agregó que la Secretaría no acreditó contar con los oficios de autorización de adhesión de cuatro proyectos al Sistema de Actuación por Cooperación Granadas emitidos por la Dirección de Instrumentos para el Desarrollo Urbano.
Por estos resultados, a ASCM emitió nueve recomendaciones; de estas, dos podrían generar probables potenciales promociones de acciones, aunque aclaró que podrían sumarse observaciones y acciones adicionales a las señaladas, producto de los procesos institucionales, de la recepción de denuncias, y del ejercicio de las funciones de investigación y sustanciación a cargo de la misma Auditoría.
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