Desisten en Congreso local de desaparecer juzgados de tutela, pero se crearán de forma gradual

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Ciudad de México.- En el límite de plazo legal y como ya se hace costumbre, diputados locales aprobaron en comisiones reformas a la Constitución capitalina para posponer la entrada en vigor de los juzgados de tutela de derechos humanos que por mandato constitucional debían existir a partir de mañana 31 de julio. 

Como parte de estas modificaciones, destaca que en la reuniones de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Administración de Justicia, el legislador de Morena Eduardo Santillán dio marcha atrás a una polémica propuesta para desaparecer esos juzgados de tutela, porque inicialmente consideró que eran innecesarios al argumentar que ya existen los juzgados federales y los de amparo. 

Hoy, el morenista desistió de ese argumento, al señalar que sí es posible la existencia de dos sistemas de protección de derechos humanos, uno jurisdiccional y otro no jurisdiccional. "No son incompatibles ambos sistemas, ni con la figura del amparo como mecanismo de tutela de los derechos humanos", agregó.

Reconoció que eliminar los juzgados de tutela significaría una regresión en materia de derechos humanos, aunque lo cierto también es que dentro de la bancada de Morena no había consenso para apoyar la iniciativa de Santillán, como lo dejó en evidencia la intervención del también morenista Ricardo Ruiz, quien abiertamente expreso su rechazo a desaparecer esos juzgados.

Las y los jueces de tutela de derechos humanos de la Ciudad de México conocerán de la acción de protección efectiva de derechos y los recursos en la materia se interpondrán para reclamar la violación a los derechos previstos en la Constitución local, sin mayores formalidades y a través de solicitud oral o escrita. 

Originalmente, los juzgados de tutela de derechos humanos debían comenzar operaciones el 1 de enero del 2020, pero los diputados locales modificaron ese plazo para extenderlo al 31 de julio, lo que otra vez no se cumplió.

De acuerdo con la Constitución de la CDMX, el Consejo de la Judicatura deberá instalar juzgados tutelares en cada una de las 16 alcaldías.

Hoy en las comisiones unidas se aprobó por mayoría un artículo transitorio –con el voto en contra del PRD–, para establecer que a partir del 31 de de agosto deberán estar instalados al menos dos juzgados de tutela en igual número de alcaldías.

Además se le ordena al Consejo de la Judicatura que el resto de los juzgados en las otras 14 demarcaciones entrarán en operación de forma gradual durante los siguientes años y en el 2021 deberán existir al menos cuatro juzgados.

Eduardo Santillán argumentó que se plantea la entrada gradual de los juzgados, pues presupuestalmente y por la situación actual de emergencia sanitaria no están garantizados los recursos para poder instalar 16 oficinas en igual número de alcaldías durante el año 2020.

Pero en contra de este último argumento se expresó el diputado del PRD Jorge Gaviño, quien dijo que se corre el riesgo de postergar a plazos indefinidos la existencia de esos juzgados. Recordó que en los presupuestos de 2019 y de 2020 no hubo un solo peso etiquetado para asegurar la creación de estas oficinas.

Por ello, Gaviño planteó la necesidad de imponer plazos específicos para la creación de esos juzgados. Así, presentó una propuesta para que los 16 se crearán a más tardar en año y medio, lo que fue rechazado por la mayoría de Morena.

A la cancha del Pleno

Aunque en comisiones unidas ya avanzó este dictamen que mantiene vigentes los juzgados de tutela, el problema será ahora que este documento pueda obtener su ratificación en el Pleno del Congreso de la Ciudad, lo que se complica debido a la emergencia sanitaria.

Al hacer reformas a la Ley Orgánica del Legislativo local, para validar las sesiones virtuales, se estableció la obligación de que para reformar la Constitución de la Ciudad o las leyes orgánicas derivadas de la misma, sólo será posible cuando el Pleno sesiones de forma presencial.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo hoy en la mañana que por la tendencia a la alza en el número de personas hospitalizadas por Covid-19, es posible que en la Ciudad permanezcamos una semana más en semáforo naranja.

En un escenario donde la misma mandataria ha reconocido que la administración local se mantiene en alerta por el aumento de hospitalizados, queda en la incertidumbre la posibilidad de que se realice un periodo extraordinario presencial antes del 31 de agosto.

Misma suerte la ley laboral

La misma suerte para su ratificación en una sesión presencial en el Pleno podría correr otra reforma constitucional en materia laboral, cuyo dictamen aprobaron hoy también las comisiones unidas de Administración de Justicia y de Puntos Constitucionales.

Esa reforma constitucional en materia laboral contempla un apartado de derechos laborales y se armoniza con la legislación federal en cuanto a la creación de instituciones que salvaguarden esas garantías.

Se establece a nivel de la Carta Magna local la existencia de un órgano de conciliación de la Ciudad, como ente público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual dependerá del poder Ejecutivo y tendrá a su cargo la generación de un mecanismo previo de conciliación antes de que una demanda llegue a tribunales laborales.

Se definen con claridad los dos regímenes laborales, tanto el apartado A como el B y se establecen la existencia de las tres instituciones garantes de los derechos labores, como el Centro de Conciliación, la existencia de los juzgados de lo laboral –lo que implicará la desaparición gradual de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje–, así como la conformación del Tribunal Burocrático de la Ciudad para dirimir las controversias con los trabajadores al servicio del Estado. Se prevé que en mayo de 2022 existan las nuevas instituciones.

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