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Denuncian organizaciones no gubernamentales 21 limitaciones de la Ley para la Reconstrucción

Ciudad de México.- Integrantes de nueve organizaciones no gubernamentales y colectivos de damnificados, denunciaron una serie de limitaciones enlistadas en 21 puntos que tienen la Ley para la Reconstrucción de la CDMX, los cuales impiden la atención adecuada y satisfactoria hacia las personas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre. Denunciaron también que persisten los malos tratos y la violación de derechos de las víctimas que se encuentran en albergues o cuyas viviendas quedaron dañadas.

Los representantes de esas organizaciones enviaron vía correcto electrónico a 40 funcionarios del gobierno de la Ciudad, desde Miguel Ángel Mancera hasta a jefes delegacionales, el listado con las inconsistencias de la Ley para la Reconstrucción y una serie de quejas sobre irregularidades observadas en los procesos de atención a damnificados, así como en la demolición y reconstrucción de inmuebles.

Documenta Desde Abajo 19S, Habitat International Coalition América Latina, Poder, el Centro de Derechos Humanos Francisco Vitoria, Serapaz, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Alternativas Comunitarias para el Desarrollo, el Instituto para las Mujeres en la Migración A.C y Ciudadanía 19S, suscriben ese texto dirigido a las autoridades capitalinas.

Entre las principales limitaciones de la Ley de Reconstrucción que detectaron está que no fue consultada ni deliberada con los afectados; no tiene fundamento en un diagnóstico previo de afectaciones ni de riesgo, es decir, no contempla la necesidad urgente del desarrollo de mapas de peligro sísmico de la CDMX y la estimación de la vulnerabilidad sísmica de todos los inmuebles de la CDMX; sus disposiciones se concentran en los daños físicos de los inmuebles (particularmente edificios) y no en los derechos de los y las afectadas.

No está articulada con la Constitución de la CDMX, particularmente con el derecho a la ciudad; no tiene enfoque diferencial de género, étnico, de discapacidad o para adultos mayores; no contempla la atención humanitaria a las personas afectadas como un problema de la reconstrucción, y por ello no plantea medidas para garantizar que haya albergues, servicios médicos y psicosociales, redes de acopio suficientes y adecuadas para suplir las necesidades especiales de la población afectada.

Tampoco contempla ningún esquema de vivienda temporal o de acceso a alquileres asequibles que se podría asegurar controlando el mercado, a pesar de que es claro que los planes de reconstrucción requieren de un tiempo extenso para materializarse y que las personas afectadas no pueden permanecer de modo permanente en albergues o campamentos informales en condiciones de dignidad.

Además, las dimensiones y características contempladas para las viviendas de reposición pueden ser altamente regresivas y contrarias a los estándares de adecuabilidad cultural de la vivienda digna. Concentra los beneficios de la reconstrucción en los propietarios, y por ende no protege adecuadamente el derecho a la vivienda digna de inquilinos y poseedores, asegurando su derecho a la tenencia entre otros elementos, a pesar de tratarse de uno de los sectores poblacionales más vulnerables.

Invisibiliza a los barrios semi-rurales, rurales y originarios, por lo que no atiende a las exigencias de consulta previa y de construcción de viviendas de conformidad con usos y costumbres de los pueblos originarios y las comunidades indígenas residentes en la ciudad, ni establece previsiones específicas en materia de producción y gestión social de la vivienda que podría aplicarse sobre todo en esas zonas .

No plantea con claridad el acceso a la plataforma de la CDMX como un derecho de los afectados, ni establece que estos podrán registrarse en la plataforma con independencia a la relación con el inmueble afectado. Condiciona las medidas gratuitas de reconstrucción a la situación socio-económica de las personas afectadas, sin tener en cuenta otros criterios relevantes de vulnerabilidad tales como la edad, el género, etnia y la discapacidad, y sin aclarar los criterios que serán usados para evaluar la situación socio-económica, en particular, si se tendrá en cuenta el empobrecimiento de las personas afectadas tras el sismo.

En zonas rurales de propiedad social excluye implícitamente a otras formas de propiedad y tenencia que pueden encontrarse dentro de ejidos y comunidades, y tener las mismas necesidades. Tiene una temporalidad confusa, que se presta, entre otras cosas, para que se adelanten planes de reconstrucción sin que existan los estudios técnicos necesarios para establecer el nivel de riesgo del suelo.

Establece un esquema irresponsable de redensificación que puede llegar a fomentar la construcción de vivienda adicional en zonas urbanas afectadas por el sismo cuyo suelo puede tener niveles altos de riesgo y que podría generar efectos indeseados ante la falta de servicios públicos. Los esquemas financieros no están estructurados alrededor de las responsabilidades de las empresas constructoras que incumplieron sus obligaciones legales; en particular, no se prohíbe la participación de esas empresas en las labores de reconstrucción ni se exige que el sector inmobiliario contribuya a cubrir los costos de la misma.

No aclara el modo en el que se articula con los procedimientos de atención, apoyo, demolición y reconstrucción que, con anterioridad a la vigencia de la ley y sin un fundamento legal claro y coherente, han adelantado las autoridades delegacionales, federales y del gobierno de la ciudad.

Tampoco especifica los criterios que se usarán para seleccionar y priorizar los predios en las cuales se llevarán a cabo los proyectos de reconstrucción. No contempla un plan de reubicación voluntario ni de formalización de las personas afectadas que no puedan retornar a la situación en la que se encontraban antes del sismo, bien por la situación de riesgo del suelo o por la precariedad de sus derechos.

No considera medidas de prevención ante futuros sismos, e incluso mantiene o agrava las vulnerabilidades de los afectados al no condicionar las posibilidades de reconstrucción al tipo de riesgo del suelo. No aborda la recuperación ambiental y gestión de recursos naturales como eje principal: una ciudad con más áreas verdes, una adecuada gestión de recursos naturales, ordenamiento territorial basado en el entorno geológico y de peligros presentes.

El maltrato

Dentro del texto, las organizaciones firmantes enumeran una serie de maltratos a personas afectadas. La información ahí contenida surge de un trabajo realizado por el colectivo Documenta Desde Abajo 19S, el cual surgió como un proyecto que realizan brigadas de profesores y universidades en las delegaciones Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A Madero, Alvero Obregón y Coyoacán.

Denunciaron que los albergues oficiales no han sido adecuados en el trato para atender a las necesidades básicas de alojamiento, alimentación, acceso a agua y tratamiento médico y psicológico de las personas afectadas. En muchos casos tampoco han creado condiciones adecuadas de seguridad para las mujeres, niñas y niños.

Ello condujo a que, desde un primer momento, muchas personas optaran o se vieran obligadas a acceder a albergues o campamentos no oficiales atendidos por la sociedad civil, y a depender de centros de acopio para la satisfacción de sus necesidades básicas.

Mientras las delegaciones han cerrado de manera prematura los albergues oficiales, los albergues, campamentos y centros de acopio no oficiales se han mantenido en cantidad y en necesidades que deben atender. A pesar de que no existe información que permita concluir que los albergues, campamentos y acopios de la sociedad civil ya no se necesitan, las autoridades han comenzado a cerrar y levantar algunos de ellos de manera sorpresiva y violenta, como es el caso del jardín Pushkin y Salamanca, con el argumento de que ocupan el espacio público y molestan a vecinos. Ahora que empieza la época de fiestas, estos lugares se hacen más vulnerables a su cierre.

Cuando levantan acopios o campamentos, las autoridades no ofrecen alternativas oficiales similares para que las personas afectadas puedan acceder a los servicios proveídos por sociedad civil. Incluso si se les ofrecen hay personas que prefieren no acceder a ellas por temor, desconfianza o lejanía.

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