Ciudad de México.- Javier Duarte quedó sujeto a prisión preventiva justificada por dos carpetas de investigación radicadas en Veracruz por autoprestarse 220 millones de pesos del errario veracruzano –que nunca regresó–, así como por usar un helicóptero oficial cuando ya no era gobernador.
El 14 de octubre del 2016, el entonces gobernador interino Flavino Ríos Alvarado ordenó que Javier Duarte fuera trasladado en la aeronave de Jalapa al Puerto de Veracruz, aunque al final fue llevado a Coatzacoalcos.
Con este viaje comenzó su fuga, pues horas después el Juez Federal, Gerardo Moreno García liberó la orden de aprehensión en su contra. De acuerdo con la imputación el costo comercial de este viaje de dos horas es de 3 mil dólares, según la valoración que hizo la autoridad ministerial con la empresa Airbus.
El juez capitalino Júpiter López Ruiz, decretó de legal la detención por las causas penales 38/2017, por los delitos de incumplimiento del deber legal y tráfico de influencias, y del 56/2017, por abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.
Como parte de dos procesos del fuero común que lleva la Fiscalía General del Estado de Veracruz, el Juez control en la Ciudad de México, actuó por exhorto de su homóloga de aquella entidad.
Será el próximo domingo 20 de mayo cuando se venza la duplicidad de término solicitado por la defensa para que se defina la situación jurídica del ex gobernador acusado de delitos del fuero común.
Ninguno de los delitos del fuero común de los que se le acusa son considerados como graves, sin embargo, el juez decretó la prisión preventiva justificada a petición del agente del ministerio público.
El ex gobernador escuchó la notificación de las acusaciones que se le hacen por las transferencias bancarias de 220 millones del presupuesto de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CEAV) a una cuenta de la Secretaria de Finanzas y Planeación por concepto de préstamos.
Como parte de la acusación, el MP presentó 74 datos de prueba, de ellos, 44 eran por la acusación del “préstamo” de 220 millones pesos que desparecieron de las cuentas en que fueron depositados, y que en reiteradas ocasiones durante dos años se pidió a través de oficios a la Secretaria de Finanzas y a la Contraloría, y con copia a la oficina del Gobernador, que fueran restituidos, pero nunca se concretó la devolución.
Cabe recordar que el 14 de mayo del año en curso, se hicieron efectivas dos órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía General del Estado (FGE), en contra del ex gobernador, quien fue notificado por el Juez de su situación jurídica, en el interior del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde se encuentra internado, al enfrentar procesos penales de orden federal, por la probable autoría de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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